Una jueza abre la puerta a inhabilitar a Azcón para administrar bienes por revertir una concesión en Zaragoza

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

Para completar el cuadro, en la escena aparece también el constructor Juan Forcén, amigo íntimo del propio presidente autonómico.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés del constructor Juan Forcén

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Jorge Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.