La amenaza de desalojo se cierne sobre el último referente de autogestión en Zaragoza: “Es una joya para el barrio”
El movimiento vecinal del barrio de Torrero cierra filas con el Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur sobre el que pesa una orden de desalojo para construir un centro de mayores. “La imposición del proyecto municipal para cerrar definitivamente el centro está generando una contestación muy fuerte en el barrio, como nunca se ha visto”, advierten desde la Asociación Montes de Torrero-barrio de Venecia y la Asociación Cultural ‘El Cantero’.
Para ambas entidades, la iniciativa es una excusa para acabar con uno de los últimos bastiones de autogestión, solidaridad y memoria democrática de Zaragoza, ya que el Ayuntamiento dispone de otros espacios municipales vacíos, situados frente a la antigua cárcel, donde podría ubicar ese equipamiento. Por ello, acusan a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gobernar de espaldas al barrio y alertan de una “tormenta perfecta” de conflictos provocada por una sucesión de decisiones adoptadas sin diálogo con los vecinos. En este contexto, sostienen que “si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”.
Ángela Ezquerro, Miguel Guíu y Javier Grasa son representantes de la Asociación Vecinal Montes de Torrero-barrio de Venecia. Josan Pérez y Chema Gregorio lo son de la Asociación Cultural ‘El Cantero’. Todos ellos representan a los jóvenes del CSO, que renuncian a ser sus propios portavoces en una charla con este diario y delegan su voz en los históricos representantes de un barrio históricamente combativo y de arraigada identidad obrera en Zaragoza. Todos ellos rechazan la imagen de conflictividad que se proyecta sobre el espacio y reivindican su papel como uno de los últimos referentes de la autogestión en la ciudad, además de un enclave fundamental para la memoria democrática del barrio.
Las entidades consideran que el Kike Mur se ha convertido durante los últimos quince años en un espacio abierto a la participación ciudadana: aquí se desarrollan actividades vinculadas al feminismo, el antiespecismo, los derechos LGTBIQ+, la memoria histórica, la solidaridad con las personas presas, la cultura alternativa y numerosas iniciativas comunitarias. También acoge conciertos, debates, talleres, encuentros sociales y propuestas que, según sostienen, difícilmente encontrarían cabida en equipamientos institucionales.
Lejos de competir con la programación de otras entidades, aseguran que el centro social “es una joya para el barrio, impulsada por jóvenes que aportan una mirada diferente y complementaria, enriqueciendo la vida cultural, fortaleciendo las relaciones vecinales y contribuyendo a construir comunidad”, resumen.
“Aporta inquietudes, perspectivas y actividades que no existen en otros espacios”, señalan. Entre los ejemplos recientes de esa implicación destacan la campaña solidaria organizada tras la dana de Valencia, cuando integrantes del Kike Mur recogieron y trasladaron gratuitamente varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a las zonas afectadas. Aquella iniciativa sirvió además para que muchos vecinos accedieran por primera vez al recinto y conocieran de cerca la labor que se desarrolla en su interior.
“Lo que tenemos que entender es que el CSO Kike Mur es un espacio autogestionado, que se sale del sistema convencional”, explica Ángela Ezquerro. “Es algo que tiene mucho valor porque son gente joven, organizada, que aporta al barrio desde un montón de aspectos y no encuentra rechazo ni queja alguna por parte de los vecinos”, explica Javier Grasa.
“Lo que no podemos hacer es criminalizar esa actividad. Lejos de ello, lo que intentamos hacer es darle valor, porque es una suerte contar con algo tan genuino en la sociedad en la que vivimos”, añade Chema Gregorio.
Para el movimiento vecinal, el valor del Kike Mur va más allá de su programación. Recuerdan que la antigua cárcel de Torrero ocupa un lugar central en la memoria democrática de Zaragoza, en lo que Miguel Guíu ve una suerte de “justicia poética”, que hoy sean los nietos de aquellos que fueron encarcelados y represaliados, desde anarquistas, opositores políticos, homosexuales o miembros de la comunidad gitana, los que conviertan esta antigua prisión en un espacio gestionado por jóvenes comprometidos con causas sociales y comunitarias. “Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva”, resume.
Las asociaciones recuerdan además que el actual proyecto no nació al margen del barrio. Subrayan que, tras un intento de desalojo producido en los primeros años de ocupación, una multitudinaria movilización vecinal permitió reabrir el espacio y consolidar su actividad. Desde entonces, sostienen, la relación entre el centro social y el tejido asociativo se ha fortalecido a través de campañas solidarias, movilizaciones, actividades culturales y proyectos compartidos.
Frente a esta realidad, las entidades cuestionan los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar el cierre. Consideran que el anuncio de un nuevo centro para mayores responde más a una estrategia política que a una necesidad detectada por los vecinos. Recuerdan que actualmente Torrero dispone ya de dos centros de jubilados y de otros recursos donde se ofrecen servicios de restauración para personas mayores a precios asequibles. Nadie discute la conveniencia de reforzar este tipo de equipamientos, aseguran, pero consideran que la propuesta municipal se ha presentado sin ningún proceso previo de consulta con el barrio.
Donde antes hubo represión, ahora hay participación y vida colectiva
La crítica más dura se dirige hacia lo que califican como un “ejercicio de hipocresía” por parte del Ayuntamiento. Según explica Josan Pérez, justo enfrente de la antigua cárcel existen dos locales municipales de aproximadamente 600 metros cuadrados cada uno, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que permanecen vacíos desde hace unos quince años. A su juicio, esos espacios podrían albergar perfectamente el equipamiento para mayores anunciado por la alcaldesa sin necesidad de desalojar el Kike Mur. Añaden que el movimiento vecinal lleva años reclamando locales para desarrollar actividades comunitarias y que, pese a ello, numerosos inmuebles públicos continúan cerrados, sin uso y deteriorándose.
También recuerdan que otros espacios municipales del barrio, como un local situado en el parque Emilio Lacambra, han sido reclamados reiteradamente para usos vecinales sin éxito mientras permanecen abandonados y sufren un progresivo deterioro. Por ello consideran que la ofensiva contra el Kike Mur no responde a una falta de espacios, sino a una voluntad política de acabar con un modelo de organización social que escapa al control institucional.
Las asociaciones sostienen que el verdadero problema para el gobierno municipal es la existencia de redes vecinales autónomas y experiencias de autogestión. Señalan que el Kike Mur mantiene relaciones de colaboración con otros proyectos comunitarios de la ciudad y representa una forma de participación basada en el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización horizontal. “Lo que molesta no es el edificio, sino lo que simboliza”, afirman.
“Chueca, la gran desconocida. Hipocresía y victimización”
Las críticas alcanzan directamente a la alcaldesa Natalia Chueca, a quien describen como “la gran desconocida” en Torrero. Denuncian la falta de interlocución con el tejido asociativo y aseguran que resulta extremadamente difícil mantener reuniones o trasladar reivindicaciones al Ayuntamiento. Según explican, muchas de las decisiones que afectan al barrio se adoptan sin información previa ni procesos de participación ciudadana.
Como ejemplo citan el proyecto del jardín japonés impulsado en una parcela próxima al Parque de La Paz. Los colectivos recuerdan que históricamente habían reivindicado ese espacio para desarrollar huertos comunitarios y lamentan que la actuación municipal se anunciara sin contar con las entidades vecinales. Consideran aquel proyecto, que tachan de “feo” y “extraño”, un símbolo de una forma de gobernar basada en la imposición y alejada de las prioridades reales del barrio.
También han reclamado sin éxito reuniones con el ayuntamiento para abordar proyectos relacionados con la memoria democrática, como la dignificación de las tapias del cementerio donde fueron fusilados centenares de represaliados franquistas o la señalización de la ruta que seguían los milicianos de la CNT para intentar rescatar presos y perseguidos por la represión. Aseguran que, pese a existir financiación de la Diputación de Zaragoza para algunas de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha evitado implicarse y ni siquiera ha accedido a mantener encuentros con las asociaciones promotoras.
Los representantes de las asociaciones no eluden la polémica generada por la pancarta exhibida por jóvenes vinculados al centro social tras el anuncio del futuro desalojo en la que rezaba el siguiente mensaje: 'Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras'. Aunque admiten que el mensaje pudo ser un error desde el punto de vista comunicativo, rechazan que pueda interpretarse como una amenaza personal y consideran que el Ayuntamiento ha utilizado el episodio para construir un relato de victimización. A su juicio, la controversia ha servido para desplazar el debate de fondo sobre el futuro del Kike Mur y reforzar una estrategia de criminalización del movimiento okupa. “Primero se les demoniza, se habla de drogas, delincuencia o inseguridad y después se presenta cualquier respuesta como una amenaza”, sostienen.
Josan Pérez replica: “La violencia no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento físico o una alteración del orden público. También constituye una forma de violencia impulsar proyectos como los centros de datos que puedan aumentar la temperatura del barrio entre dos y cinco grados, incrementar el consumo energético, encarecer las facturas o deteriorar las condiciones ambientales sin escuchar previamente a los vecinos. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de agresiones al territorio y a la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, sostiene.
La “tormenta perfecta”
Por ello advierten de que en Torrero se está configurando una auténtica “tormenta perfecta”. La suma de conflictos abiertos, la ausencia de diálogo institucional y la percepción de que las decisiones se toman de espaldas al barrio están generando un malestar creciente.
Repasan varias polémicas referidas al barrio como lo que consideran una agresión a los pinares de Venecia vinculada al parque de atracciones, que consideran un “fiasco absoluto y total despropósito”, por lo que ya han solicitado la dimisión de la alcaldesa, su concejal de presidencia, Ángel Lorén y del ‘concejal en la sombra’, José María Ruiz de Temiño. Igualmente, recuerdan su oposición al proyecto de implantación de centros de datos en el entorno.
En ese contexto sitúan el posible desalojo del Kike Mur. Las entidades aseguran que cualquier tensión que pudiera producirse no sería consecuencia de la actividad del centro social, sino de una decisión política que pretende expulsar un proyecto plenamente integrado en la vida comunitaria.
“Si se produce el desalojo, la violencia estará provocada por la hipocresía de la alcaldesa”, concluyen. A su juicio, el Ayuntamiento está construyendo un relato de victimización que criminaliza a los ocupantes mientras ignora el arraigo social del proyecto y el apoyo que recibe desde amplios sectores del movimiento vecinal. Lejos de ser un problema para Torrero, defienden, el Kike Mur constituye uno de los últimos bastiones de la autogestión en Zaragoza y una de las principales referencias de la memoria democrática en un barrio que lleva décadas reivindicando su historia y su capacidad de organización colectiva. “Esto no tiene nada que ver con el Buñuel –último centro centrado–. Aquí hay muchos años de trabajo común, solidaridad, y mucho apoyo mutuo”, advierten.
Los orígenes del Kike Mur están ligados a la tradición antimilitarista de Zaragoza, una ciudad marcada durante décadas por la presencia de instalaciones militares como la Academia General Militar, la Base Aérea estadounidense o el campo de tiro de las Bardenas. Como reacción a ese contexto surgió en los años ochenta un potente movimiento pacifista que, tras las movilizaciones contra la OTAN, protagonizó una de las principales campañas de insumisión al servicio militar obligatorio.
El CSO toma su nombre de Kike Mur Zubillaga, un joven insumiso de 25 años fallecido en 1997 mientras cumplía condena en la prisión de Torrero. Su muerte provocó una fuerte conmoción en Zaragoza y convirtió su figura en uno de los símbolos del movimiento antimilitarista que contribuyó a la desaparición definitiva de la mili obligatoria en España.