Aragón registra 33.865 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes
Aragón ha registrado 33.865 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España, según el balance provisional presentado este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, durante la tramitación se han asignado 8.216 citas en la comunidad autónoma.
Las cifras aragonesas se enmarcan en un proceso que ha superado ampliamente las previsiones del Ejecutivo. Si inicialmente el Gobierno estimó que podrían acogerse unas 500.000 personas, el balance provisional eleva ya a 1.174.978 las solicitudes recibidas en todo el país, de las que el 51,9% se encontraban en fase de tramitación a 2 de julio.
Por comunidades autónomas, Aragón se sitúa entre las diez con mayor número de solicitudes, aunque a distancia de Cataluña, que lidera el proceso con 257.602 expedientes, seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).
Dentro de Aragón, Zaragoza concentra la mayor parte de las solicitudes, seguida por Huesca, mientras que Teruel registra el menor volumen de expedientes. El Ministerio destaca además que el perfil de los presentadores de solicitudes en la comunidad reproduce el patrón nacional, con un predominio de las presentadas por abogados, seguidos de gestores administrativos y del resto de canales habilitados.
En cuanto al origen de los solicitantes, Colombia es el principal país de procedencia, con un 25,5% del total de expedientes en Aragón. Le siguen Venezuela (12%), Marruecos (10%), Perú (8%), Honduras (6%), Senegal (5%) y Ecuador (4%), entre otras nacionalidades.
Mientras el proceso avanza, la regularización extraordinaria sigue pendiente de la resolución del recurso presentado por el Gobierno de Aragón. El Tribunal Supremo ha abierto un trámite de alegaciones sobre la posible incompatibilidad del real decreto con el Derecho de la Unión Europea, un paso previo a valorar si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo aragonés sostiene que la norma podría entrar en conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y pidió su suspensión cautelar.