Esperando un futuro: tres jóvenes migrantes relatan su espera ante la regularización extraordinaria en Aragón
Esperar una resolución que puede cambiar su futuro se ha convertido en una parte más de la vida de A. K. Este joven de 25 años, de origen saharaui y con nacionalidad mauritana, lleva más de dos años y medio en España y todavía espera avanzar en su proceso de regularización y nacionalización.
Llegó al país en 2023 y residió primero durante unos tres meses en Barcelona, donde fue atendido por una pequeña asociación del área metropolitana. Después, se trasladó a Aragón y, a través de Cruz Roja Zaragoza, continuó mejorando su castellano en Ejea de los Caballeros, donde la entidad también le proporcionaba alojamiento en un piso compartido. Más tarde se trasladó a Zaragoza capital y comenzó a tramitar la nacionalidad dentro del proceso de regularización extraordinaria.
Su caso tiene una particularidad relacionada con su procedencia. Al venir de los campamentos del Sáhara Occidental y disponer únicamente de un pasaporte mauritano, desde su llegada se le reconocía la condición de apátrida. Fue una trabajadora social de Cruz Roja quien puso en contacto al joven con la Asociación Juvenil Saharaui Le Frig para que pudieran hacerse cargo de su caso.
Su experiencia durante estos años no ha sido fácil. Especialmente complicados fueron los primeros meses en Barcelona y posteriormente en Ejea, mientras perfeccionaba el español. Durante su estancia en Ejea, además, pudo realizar un curso de logística a través de Cruz Roja. Ahora, mientras espera la resolución, A. K. ya piensa en su siguiente paso: comenzar un curso de albañilería. “Estoy esperando la resolución de los papeles y la nacionalidad”, explica. El problema es que esa espera también condiciona sus posibilidades de trabajar. “La necesito para trabajar”, señala.
Durante este tiempo, relata, ha tenido que afrontar periodos sin empleo y trabajos precarios, algunos sin contrato y con salarios inferiores. Para este joven de 25 años, poder avanzar en la obtención de sus documentos supondría una oportunidad para seguir formándose, trabajar y quedarse más tiempo en Zaragoza o en la provincia.
El caso de un joven gambiano
La historia de B. J., un joven de origen gambiano, ha tenido un desenlace más positivo. Llegó a España en octubre de 2023, pasó dos meses en Andalucía siendo menor de edad y, posteriormente, se trasladó a Zaragoza. Al tener menos de 18 años, estuvo en un centro para menores no acompañados durante unos ocho meses. Hasta que le comunicaron que era mayor de edad. “Entonces me quedé sin casa, y me dijeron que mi pasaporte era falso, al venir de Gambia”, relata.
Fue su educadora del IASS quien le puso en contacto con la Asociación Juvenil Le Frig. Primero intentaron revertir la declaración de mayoría de edad, aunque no recibieron respuesta. Posteriormente, pudo acogerse al proceso de regularización extraordinaria.
Ahora, con 19 años, recibe ayuda de otra entidad que le proporciona alojamiento, mientras que en Le Frig le ayudan con sus trámites y sus estudios. El pasado mes de septiembre recibió una resolución favorable y ahora está pendiente de completar los siguientes pasos. “Hace unos días me llegó la resolución firme y estoy pendiente de poner las huellas”, explica. El joven se muestra contento por haber avanzado en el proceso y asegura que durante estos dos años se ha sentido acompañado. Sin embargo, recuerda especialmente el momento en el que se quedó sin alojamiento. “Cuando me quedé en la calle no fue nada fácil, siendo menor y por mi origen”, cuenta.
La Mesa por la Hospitalidad le ayudó entonces a superar aquella situación de calle, pero B. J. destaca que la dificultad de los trámites administrativos ha continuado presente: “El proceso de la documentación siempre es difícil”. Durante este tiempo también ha podido mejorar su español en el Aula Taller Sociolingüística de la Fundación María Auxiliadora, en el Actur, y actualmente espera matricularse en un centro ocupacional. Le interesa trabajar como mozo de almacén, aunque tiene claro que lo que quiere seguir haciendo es estudiar.
“Es muy difícil estar sola”
Q. A. B. es una joven de origen marroquí que llegó a Zaragoza en octubre de 2024. Su paso por el sistema de protección de menores terminó pocos meses después de cumplir los 18 años. “Estuve tutelada por el IASS hasta enero de 2025 y me quedé en la calle sin documentación”, explica. Cuando estaba a punto de quedarse en la calle, Cáritas le ayudó. Posteriormente, Cruz Roja y Le Frig comenzaron a asesorarla para buscar una vía que le permitiera regularizar su situación.
La joven reconoce que entonces desconocía los trámites que podía realizar tras salir del sistema de protección. “No sabía que después de salir de un centro de menores podía solicitar mi permiso de ex tutelada. Ya era tarde cuando llegué a la Asociación Le Frig en noviembre de 2025”. La solicitud fue denegada al día siguiente de presentarla porque habían pasado más de tres meses desde que cumplió los 18 años. La posibilidad de acogerse posteriormente al proceso de regularización extraordinaria le permitió, según explica, recuperar algo de tranquilidad.
“Ahora ya tengo una resolución provisional”, señala. Desde julio también ha podido convalidar su bachillerato de Marruecos y continuar con sus estudios. “El año pasado empecé un grado superior. Menos mal que ahora podré hacer las prácticas”.
Su experiencia le ha mostrado también las dificultades que puede suponer enfrentarse sola a todos los trámites administrativos. “Es muy difícil estar sola, pero he encontrado gente que me ha apoyado”, explica. “Entender qué tengo que hacer con los papeles, pagar tasas, ir al consulado, hacer la homologación, traducciones... todo eso es muy complicado para una persona, y más si eres muy joven”.
La Asociación Juvenil Saharaui Le Frig
La Asociación Juvenil Saharaui Le Frig trabaja en Zaragoza desde 2012. La entidad desarrolla diferentes programas relacionados con el Sáhara Occidental, entre ellos proyectos de mediación internacional, asistencia médica o formación en España.
Durante el proceso de regularización extraordinaria, la asociación se ha convertido también en un punto de referencia para personas que necesitan información y acompañamiento para resolver su situación administrativa. Desde abril, además, es entidad colaboradora del Ministerio.
Una de sus trabajadoras sociales, Aminetou Errer Barzeid, de origen saharaui, calcula que han informado, atendido o asesorado a cerca de 1.000 personas. “Hemos informado, atendido o asesorado a cerca de 1.000 personas”, explica. Ahora, el trabajo consiste también en acompañarlas cuando empiezan a recibir las diferentes comunicaciones burocráticas. “Algunas personas son jóvenes, pero otras no”, añade. Hasta ahora, la asociación centraba buena parte de su actividad en jóvenes migrantes procedentes de los campamentos saharauis o de Mauritania, con programas de mediación internacional, asistencia médica —incluida la facilitación de intervenciones en hospitales de Barcelona— y formación en Aragón, además de colaboraciones con la Universidad de Zaragoza.
Actualmente, mantienen estos programas, aunque han sufrido recortes en la financiación procedente de distintas administraciones. La incorporación como entidad colaboradora del Ministerio en abril ha añadido una nueva carga de trabajo. Desde entonces, explica Barzeid, la asociación también informa, orienta y acompaña a personas de diferentes perfiles y nacionalidades durante el proceso de solicitud de la nacionalidad.
Ahora, el principal problema que detectan es la espera para obtener respuestas. “Fundamentalmente, estamos esperando resoluciones de muchos casos”, explica Barzeid. También están pendientes otros documentos, como los certificados de antecedentes penales negativos necesarios para algunos jóvenes que están realizando formaciones. Según señala, “las dobles nacionalidades y los otros permisos de residencia, estudios o trabajo, a pesar de tener todos los documentos en regla, se están concediendo muy despacio, con cuentagotas”.
La nacionalización de saharauis
La aprobación en el Congreso, el pasado 10 de septiembre, de la nacionalización de saharauis descendientes en primer grado es valorada de forma positiva por la asociación, aunque con cautela, al no saber todavía cuántas personas podrán mejorar realmente su situación.
Los trabajadores sociales de la entidad consideran que la medida será positiva, pero son conscientes de que muchas personas procedentes de los campamentos cercanos a Mauritania y que tienen reconocida la condición de apátridas podrían quedar fuera.
Es el caso, según la asociación, de A. K., el joven de 25 años que lleva viviendo en España casi tres años y que todavía espera una resolución que le permita avanzar en su situación documental.