“Las extraescolares seguirán suspendidas con la nueva regulación” del Gobierno de Aragón, advierte el sindicato STEA

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha calificado de “totalmente decepcionante” el borrador de orden reguladora de actividades extraescolares presentado por el Gobierno de Aragón, y ha asegurado que estas actividades “seguirán suspendidas”.

Según ha denunciado, el texto “es poco más que un corta y pega de regulaciones parciales dispersas, sin ninguna coherencia interna y sin abordar la cuestión de fondo de aportar una mayor seguridad jurídica a alumnado, profesorado y familias cuando se realizan actividades fuera de los centros educativos”.

Por ello, han señalado que “los centros van a seguir renunciando a organizar estas actividades el próximo curso”. La acusación a dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza por el fallecimiento de un alumno durante un viaje de estudios a Bélgica ha motivado este año la suspensión de las actividades complementarias en más de 80 centros y la reclamación de que se establezcan con claridad en una norma autonómica los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías jurídicas del personal docente.

STEA ha manifestado que en la primera mesa de negociación sobre el tema, el 4 de junio, “la Consejería de Educación no entregó ningún documento a los sindicatos y se limitó a recoger las propuestas entregadas y emplazar a continuar negociando”.

Este jueves, en una nueva reunión, se ha presentado el borrador de una orden para “la organización y desarrollo de las actividades complementarias, extraescolares, viajes de estudios, intercambios escolares y movilidades educativas que se desarrollen fuera del recinto escolar”, que el sindicato ha calificado de “decepción total, al no aportar nada nuevo”.

A juicio de STEA, esta nueva orden “exige una mayor responsabilidad del profesorado aragonés sin ir acompañada de un mayor respaldo ni de más medios por parte de la Administración, mantiene la inseguridad jurídica e incrementa la burocratización. El actual vacío legal pretende llenarse mediante una desregulación elevada a norma”.

Por ello, ha exigido a la Administración “que reconsidere su propuesta, abra un verdadero proceso de diálogo con los representantes sindicales y construya una regulación que garantice la seguridad, la calidad educativa y unas condiciones laborales dignas”.

Más riesgos

Una de las principales críticas del sindicato es que la orden “no establece unos protocolos de actuación, similares a los de la profesión médica, que eximan, si se siguen, de cualquier responsabilidad individual, por lo que la situación jurídica real del profesorado que participa en estas actividades continúa igual que antes”.

Para STEA es especialmente grave que no se hayan tomado en consideración su propuesta de clasificar las actividades en tres niveles de riesgo –leve, medio y alto– ni las medidas asociadas a cada uno de ellos –más o menos alumnado por docente y protocolos más o menos estrictos–.

Por el contrario, el borrador recoge unas “ratios orientativas” por encima de las que se aplicaban habitualmente en los centros en este tipo de actividades. “La propuesta no responde a la realidad que vivimos cada día en los centros educativos y propone ratios de hasta 30 alumnos por docente que en muchas actividades comprometen la seguridad, la calidad educativa y la adecuada atención”, han concluido.

También se denuncia que el Departamento de Educación “no asume su función estableciendo unos protocolos claros y comunes, e incluso recomienda a los centros asumir la contratación de seguros adicionales de responsabilidad civil con cargo a sus presupuestos, mermados por el traspaso de fondos a la enseñanza concertada”.

Las reclamaciones de STEA inciden en que “el actual vacío normativo se quiere llenar con riadas de burocracia con super autorizaciones grandilocuentes pero huecas desde la óptica legal que supondrán para el profesorado y los equipos directivos, de salir adelante el borrador, papeleo completamente inútil”.

Otro de los aspectos criticados son las autorizaciones “a la carta” en las salidas, por las que si una familia se opone a que su hija o hijo tenga tiempo libre el profesorado tendrá que custodiarlos, “lo que es un sinsentido organizativamente”.

De esta manera, el sindicato ha subrayado la “pérdida de poder de los departamentos pedagógicos a la hora de planificar este tipo de salidas”, que, a la vez, va acompañada de la falta de compensaciones y de cualquier reconocimiento profesional o económico para los docentes que participan en estas salidas por las funciones y responsabilidades que asumen.

No desarrolla la vigilancia nocturna

Así, el borrador de la orden “no establece una jornada de trabajo máxima ni desarrolla nada sobre la vigilancia nocturna y sigue sin contemplar aspectos esenciales como las responsabilidades asumidas por los docentes fuera del aula, los tiempos mínimos de descanso o la carga organizativa que implican estas actividades”.

“En resumen, la nueva regulación no tiene nada de nueva. Simplemente aglutina en un texto normativa dispersa y claramente insuficiente para evitar situaciones como la vivida por la compañera y el compañero que han sido acusados de homicidio imprudente y cuyo juicio en la Audiencia Nacional está previsto para enero, por lo que el profesorado aragonés también puede verse en la misma situación en el futuro”, han manifestado desde STEA.

Para este sindicato, “el Gobierno de Azcón, al implementar sus políticas en la educación aragonesa, solamente tiene una prioridad, y esta es beneficiar a la enseñanza privada concertada, y en este contexto no le preocupa una buena regulación de las actividades extraescolares en la enseñanza pública”.

De esta manera, la orden presentada “se enmarca en el intento de concertar el bachillerato, la formación profesional o la educación de cero a tres años. O en otro ejemplo más reciente, en la pretensión de hacer uso de los siete millones de euros del Ministerio de Educación que corresponden a Aragón para climatizar las aulas, no para mejorar la situación del alumnado de los centros públicos, sino la de los concertados”.

Por otra parte, han criticado que la Administración hizo llegar el texto a los sindicatos menos de 48 horas antes de la reunión para debatirlo, “lo que muestra también su falta real de voluntad de negociarlo”. STEA ha resaltado que ha estado presente en la reunión de “para intentar pactar y poner cordura a una situación que convendría tener cerrada al comienzo de curso, para garantizar el máximo nivel de seguridad jurídica tanto del alumnado como del profesorado, y asegurar una educación integral y de calidad”.

Rebaja de ratios orientativas

STEA ha señalado que la reunión solo ha dejado como aspectos positivos la posibilidad de rebajar las señaladas ratios orientativas de alumnado contempladas en el borrador de la orden “ante la crítica generalizada de los sindicatos presentes”.

Igualmente, los protocolos específicos desarrollados para cada actividad, así como los documentos firmados por las familias –o en su caso la no aportación de información ante problemáticas concretas de sus hijos e hijas– facilitarán un grado de protección un poco más elevado en determinadas actividades.

Ante esta situación, para STEA “la mejor noticia, ante un borrador base tan alejado de las posiciones del profesorado aragonés, es que el proceso de negociación continúa abierto”. Como principal punto, reclama que se hagan más concretas las responsabilidades asumidas por el profesorado, “que siguen quedando en el aire y generando inseguridad jurídica y suman otro motivo más a las reivindicaciones para la movilización del profesorado el próximo curso si no se subsana la situación”.