El Gobierno de Aragón pide a la jueza de Jaca prisión sin fianza para el trabajador investigado por el incendio de Riglos
El Gobierno de Aragón ha aprovechado su personación en la causa por el incendio de Santa María de la Peña para pedir a la jueza de Jaca el ingreso en prisión del único investigado, un trabajador de las obras en la carretera A-132. Esta persona ya fue liberada por la Audiencia Provincial de Huesca ante la falta de indicios de peso que sustentaran la drástica medida, pero el Ejecutivo autonómico vuelve ahora a la carga.
Lo hace a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que ha remitido la solicitud al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca. Reclama la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. El Ejecutivo autonómico considera que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.
El incendio de Santa María de la Peña, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona.
Inicialmente, la jueza de Jaca decretó el ingreso en prisión sin fianza del investigado, tras la detención a cargo de la Guardia Civil. Esta decisión fue recurrida por el abogado de la defensa, Marco Antonio Navarro, y la Audiencia de Huesca aceptó dejarlo en libertad al considerar que los “indicios” contra esta persona como autora del fuego eran “insuficientes”.
Según recoge el escrito remitido por el Gobierno de Aragón al Tribunal, “el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana”. Asimismo, señala que “la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado”.
Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.