El TSJ de Aragón da otra vez la razón a una enfermera interina y avala su derecho a la carrera profesional frente al Salud

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a corregir al Servicio Aragonés de Salud (Salud) por negar el acceso a la carrera profesional a una enfermera interina, pese a que el Tribunal Supremo ya estableció en febrero de 2023 que no se puede discriminar al personal temporal respecto al fijo cuando desempeña las mismas funciones. La resolución, dictada el pasado 3 de noviembre, desestima el recurso de apelación presentado por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y confirma íntegramente una sentencia anterior favorable a la trabajadora.

El nuevo pronunciamiento se suma a una sucesión de resoluciones judiciales que han cuestionado las restricciones impuestas por la Administración autonómica al reconocimiento de la carrera profesional del personal estatutario temporal. Una controversia que se arrastra desde hace años y que ha provocado numerosas reclamaciones individuales, mientras los sindicatos vienen exigiendo una solución general que evite obligar a los profesionales a recurrir sistemáticamente a la Justicia.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, confirma la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, de 19 de febrero de 2026, que había reconocido el derecho de la enfermera a acceder al sistema de carrera profesional, ser evaluada y obtener el nivel que le corresponda en función de los servicios prestados, con los correspondientes efectos económicos y administrativos desde el momento de su solicitud.

El conflicto se remonta a diciembre de 2019, cuando la trabajadora, personal estatutario interino del Salud, solicitó acceder a la carrera profesional de diplomados sanitarios. Su petición fue denegada y, tras los recursos administrativos y judiciales correspondientes, el asunto ha llegado hasta el TSJA casi siete años después.

Uno de los aspectos más significativos de la sentencia es que los propios servicios jurídicos del Gobierno de Aragón admiten conocer los pronunciamientos judiciales anteriores, especialmente la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2023, pero defienden que la Administración actuó conforme a la normativa autonómica vigente cuando se presentó la reclamación.

En concreto, invocan una resolución del 8 de julio de 2020 que condicionaba el acceso del personal temporal a la carrera profesional al cumplimiento de tres requisitos: haber prestado al menos cinco años de servicios en la categoría, continuar en activo y no haber podido participar en ningún proceso selectivo para obtener una plaza fija.

Es precisamente esta última exigencia la que el Tribunal Supremo rechazó expresamente en 2023, al considerar que la participación en procesos selectivos no constituye una causa objetiva que justifique un trato diferente entre trabajadores temporales y fijos en la progresión profesional.

El Gobierno de Aragón también argumentó que la Ley de Presupuestos autonómicos para 2024 había eliminado la palabra “fijo” de la regulación del complemento de carrera profesional, pero sostuvo que su aplicación al personal temporal requería previamente una negociación y una modificación del modelo vigente para establecer los procedimientos de evaluación, reconocimiento y retribución.

El TSJA rechaza estos argumentos y recuerda que la jurisprudencia del Supremo establece que carece de justificación objetiva negar la carrera profesional a trabajadores vinculados temporalmente con la Administración que realizan las mismas funciones que otros empleados fijos de categoría comparable.

La Sala recuerda, además, que ya había aplicado este criterio en anteriores resoluciones, entre ellas una sentencia del 24 de marzo de 2025, y concluye que procede desestimar el recurso del Salud y confirmar íntegramente la resolución favorable a la enfermera.

El tribunal no impone las costas de la apelación al Gobierno de Aragón. La sentencia todavía puede ser recurrida en casación.

Años de sentencias favorables

La controversia judicial tiene antecedentes anteriores a la sentencia del Supremo de febrero de 2023. Ya en diciembre de 2018, el alto tribunal había reconocido el derecho de los interinos de larga duración a acceder a la carrera profesional, al considerar discriminatorio excluirlos por la naturaleza temporal de su vínculo con la Administración.

En Aragón, una sentencia firme de septiembre de 2021 reconoció este derecho a una trabajadora temporal del Salud y abrió la puerta a nuevas reclamaciones. CSIF impulsó posteriormente cerca de 150 solicitudes de extensión de efectos de aquella resolución para que otros profesionales en situaciones equivalentes pudieran beneficiarse del mismo reconocimiento.

El pronunciamiento decisivo llegó el 8 de febrero de 2023, cuando el Tribunal Supremo revocó una sentencia dictada por el propio TSJA en febrero de 2020 y estableció que exigir a los interinos haber superado un proceso selectivo para acceder a la carrera profesional no era una justificación válida para diferenciarlos del personal fijo.

Lejos de poner fin a la litigiosidad, las reclamaciones han continuado. En marzo de 2025, el TSJA volvió a aplicar la doctrina del Supremo y, durante 2026, se han sucedido nuevas resoluciones sobre el reconocimiento de este derecho y la extensión de los efectos de sentencias anteriores.

Entre ellas figura una sentencia del 10 de julio de 2026 relativa a una médica de familia temporal a la que también se había denegado el acceso a la carrera profesional. En junio, el TSJA había abordado igualmente varios procedimientos relacionados con la extensión de efectos de la sentencia firme de 2021.

Quejas sindicales

Los sindicatos llevan años cuestionando que el Servicio Aragonés de Salud mantenga restricciones al acceso a la carrera profesional del personal temporal pese a los sucesivos pronunciamientos judiciales.

CSIF ha sido una de las organizaciones que ha promovido reclamaciones para conseguir el reconocimiento de este derecho. El sindicato ha denunciado la necesidad de acudir a procedimientos individuales y ha reclamado que la Administración extienda el reconocimiento al conjunto de profesionales afectados, sin obligarlos a mantener largos litigios.

En abril de 2026, las informaciones publicadas sobre esta controversia recogían las reclamaciones de CSIF para que se reconociera el derecho a unos 5.000 trabajadores temporales del Salud. También se dio a conocer una resolución judicial que imponía las costas a la Administración en un litigio de estas características, un aspecto relevante ante la reiteración de procedimientos sobre una cuestión ya resuelta por la jurisprudencia.

Pese a la sucesión de sentencias persiste un modelo de reconocimiento que continúa generando recursos administrativos y judiciales, con el consiguiente retraso en la percepción de los complementos económicos que puedan corresponder a los profesionales afectados.