El Gobierno del PP en Zaragoza colapsa la regularización de migrantes al centralizar los trámites en la plaza del Pilar
El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.
Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.
Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.
Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.
Críticas políticas
Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.
Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.
El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.
Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.
“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.
Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.
El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.
El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.
“Falta de planificación”
También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.
A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.
Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.
Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.
Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.
La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.
Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.
A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.
Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.
Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.