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Cristina Antoñanzas

Vicesecretaria general de UGT.

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Movilización para recuperar derechos

El Primero de Mayo se ha convertido en la jornada de reivindicación por excelencia  del movimiento obrero del mundo. Así lo instituyó la II Internacional de París en 1889, para que no se olvidara la masacre de Chicago de 1886,  tras una huelga de trabajadores en demanda de la jornada laboral de 8 horas. En 1890 se celebró la primera manifestación en España también.

Desde entonces ha llovido mucho, pero es cierto que en 2017, 'solo' 127 años después, saldremos a la calle de nuevo para exigir mejores condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y las trabajadoras.

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La lucha por la supervivencia

Naciones Unidas llama a celebrar el Día Internacional de la Mujer de este año con un lema centrado en los cambios que se están produciendo en el mercado laboral global, Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030 y considera que este es "buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades".

Topamos, sin embargo, con la realidad de lo que está ocurriendo en España, donde en estos años de crisis no solo se ha producido un parón, como en Europa, sino un claro retroceso en materia de igualdad.

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¿Es constitucional legislar con crueldad?

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso en relación a la exclusión de la asistencia sanitaria a determinados colectivos y a la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley para modificar lo que, a nuestro juicio, es un derecho básico y universal. No compartimos este fallo precisamente porque desde nuestro punto de vista desprotege más a la población ya que los poderes públicos tienen que garantizar y tutelar la salud pública de la población.

Se da un paso más para el desmantelamiento del Estado de Bienestar que el Gobierno del PP inició en el año 2012. Para acometer esta medida, ya exhibió en esa fecha, para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de reformar el sistema, un informe del Tribunal de Cuentas que solo analizaba –ojo, con datos de 2009– las prestaciones sanitarias en el marco de los reglamentos comunitarios (ámbito de la Unión Europea) y de los Convenios bilaterales de Seguridad Social.

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