Feijóo o cómo decir lo obvio con cara de estadista
Todos los partidos tendrán que retratarse con su voto mañana viernes en el Congreso y demostrar si sus palabras son solo trampantojos con los que llenar titulares o si, verdaderamente, están dispuestos a empezar a resolver lo que durante demasiado tiempo no estuvo entre las prioridades de su agenda. Pero el PP ya ha anticipado su no rotundo porque no quiere apoyar a un gobierno “tramposo” (sic). Pero Feijóo ha dicho una verdad como un templo. Como no acostumbra a ello, la frase es susceptible de esculpir en mármol: “Nadie va a resolver el problema de la vivienda en cinco minutos”. El líder de la oposición ha descubierto que la solución de los problemas lleva tiempo y que ocuparse de lo que más preocupa a los ciudadanos no es cuestión de reloj, sino de voluntad política.
A quienes llevan media vida pagando hipoteca o años haciendo números para saber si pueden alquilar un piso casi se les caen las lágrimas con el alarde de sinceridad de quien habita en una sede pagada con dinero negro y es, además, el jefe de filas de quien ha sacado de la caja común de los madrileños 6,3 millones de euros para comprarse un ático. Mañana dirá que los pisos no crecen de los árboles o que los intereses hipotecarios no corren por cuenta de los directivos de los bancos y lo hará con la misma pompa y ceremonia.
Pero la frase con la que el líder del PP solemniza lo obvio con cara de estadista tiene trampa porque lo mismo sirve para el Gobierno de España que para las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos. Gobiernos autonómicos y locales son en definitiva los competentes en la gestión del suelo, el urbanismo, las licencias, la vivienda protegida. Y los populares llevan años, décadas en algunos casos, gobernando en un puñado de ellos, lo que significa que los cinco minutos de Feijóo llevan corriendo desde antes de que muchos de los que hoy no pueden emanciparse tuvieran edad siquiera para ser escolarizados.
La derecha tuvo tiempo para todo: para inaugurar rotondas, para anunciar soterramientos, para privatizar servicios públicos, para construir hospitales sin médicos y sin enfermos, para liberalizar suelo y para recalificar terrenos, pero siempre le faltaron cinco minutos para ocuparse de la vivienda que, cuando gobierna el contrario, es una emergencia nacional y un escándalo y cuando lo hacen los propios es un asunto complejo que requiere tiempo. Dato: los gobiernos de Aznar y Rajoy nunca tuvieron un Ministerio de Vivienda.
A esa gente de 30 años que planifica su emancipación con la misma fe con que otros compran la lotería del Niño o que trabaja a jornada completa por un sueldo mileurista y comparte piso con desconocidos, el hombre que aspira a gobernar España les pide paciencia porque lo de los precios del alquiler no se resuelve en cinco minutos, ni en cinco años, ni en más de cinco lustros, que son unos cuantos menos de los que lleva el PP en gobiernos regionales como el de Madrid.
En realidad lo único que pretendía Feijóo con sus palabras sobre los 5 minutos era desdeñar las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez para la protección a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Algo que para que salga adelante requiere de que Junts y Podemos salven sus diferencias.
El gobierno ha decidido acelerar los tiempos y llevar la convalidación del decreto mañana mismo al Congreso para forzar el respaldo de los socios porque cree que, a pocos meses de las elecciones, no podrán asumir el desgaste social de ser los responsables de que los decretos decaigan. Lo que Feijóo, por su parte, teme es que Sánchez pueda anotarse un tanto con quienes, como Maricarmen, sufren la crisis de la vivienda y padecen a diario las consecuencias de una especulación salvaje. Y que los hechos y la hemeroteca, “pinten la cara” a un PP para el que el problema de la vivienda no ha merecido una sola iniciativa de cuantas ha presentado en el Parlamento en lo que va de Legislatura.
Por el contrario, desde que Pedro Sánchez recuperó en 2023 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas para intervenir el mercado de la vivienda que han sido sistemáticamente bloqueadas por los distintos grupos parlamentarios. Las medidas impulsadas que no salieron adelante pretendían abordar el problema en tres direcciones: el fraude en el alquiler de temporada, la fiscalidad frente a la especulación y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
A continuación, algunas de las más relevantes:
Alquiler de temporada
Diciembre 2023. Se creó un grupo de trabajo para consensuar una regulación que acabara con el fraude del alquiler de temporada Participaban expertos y representantes tanto de la patronal como de los sindicatos de clase, y también entidades sociales como el Sindicato de Inquilinas. En junio de 2024, tras varias reuniones y encuentros, varios grupos (Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG) se descolgaron y registraron una iniciativa no acordada de la mano del Sindicato de Inquilinas.
Septiembre 2024. La propuesta del Sindicato de Inquilinas decayó por los votos en contra de Junts.
Octubre de 2024. Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG presentaron una nueva iniciativa para regular el alquiler de temporada, y esta vez Junts permitieron su tramitación, pero tanto ellos como PNV pidieron cambios para aprobar el texto.
Noviembre 2025. Todos los partidos de la mayoría de investidura menos Junts acordaron en ponencia un texto para regular el alquiler de temporada.
Enero de 2026. El presidente del Gobierno anunció que elevaría el mencionado acuerdo a un Real Decreto Ley para que entrase en vigor cuanto antes, y acompañarlo de medidas fiscales para conseguir el voto de PNV y Junts. Los grupos a la izquierda del PSOE se opusieron a esta propuesta e incluso pidieron la dimisión de la ministra de vivienda.
Abril de 2026. Tras el rechazo de la Cámara a las prórrogas de los alquileres, la ministra de Vivienda anunció la apertura de una ronda de contactos para aprobar un decreto amplio y transversal que vaya más allá de temporada y medidas fiscales.
Julio de 2026. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana circuló un borrador de RDL acordado en el seno del Gobierno para aprobarlo a lo largo del mes. Los grupos se mantuvieron en sus máximos y, ante la falta de acuerdo, se pospuso la aprobación a septiembre.
Medidas fiscales contra la especulación
Enero de 2025. El presidente del Gobierno anunció 12 medidas en materia de vivienda entre las cuales figuraban la elevación del IVA a los pisos turísticos y un impuesto del 100% para las compras de extracomunitarios no residentes. Ante la falta de apoyo de PNV y Junts, estas medidas se quedaron en el cajón.
Mayo de 2025. El grupo parlamentario socialista, a instancias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, registró una proposición de Ley para favorecer el alquiler asequible con medidas que perseguían la limitación de los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes. La iniciativa incluía una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son y la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, para evitar la compra especulativa. Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, se propuso modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarían de tributar el 15% al 25%, salvo que se tratara de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. Asimismo, se planteó un aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler y la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.
Vivienda asequible
Diciembre 2024. El Ministerio incorporó en el decreto ómnibus de final de año medidas para adscribir de forma automática el patrimonio procedente de la Administración General del Estado a CASA 47 (entonces aún Sepes). Junts rechazó ese decreto y obligó a la Entidad Estatal de Vivienda a adscribir los lotes de vivienda uno a uno, con mucha más tramitación, lo que ralentiza su puesta a disposición de la ciudadanía.
Reforma de la Ley del Suelo: El Gobierno presentó un proyecto de reforma de la ley con el objetivo de dotar de estabilidad y seguridad jurídica el planeamiento territorial y urbanístico de España, así como para simplificar y agilizar los procesos. Pero, en mayo de 2024, el rechazo del PP, Sumar, Podemos, Junts y ERC provocó la retirada de la reforma antes de iniciar su debate en el pleno. En febrero de 2025, el Congreso volvió a rechazar la modificación de la norma con los votos en contra del PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos.
Prórrogas de los alquileres. El Gobierno impulsó a finales de marzo pasado un decreto de urgencia que establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que vencieran hasta diciembre de 2027, poniendo un tope del 2% a la actualización de las rentas. Un mes después, a finales de abril, las derechas tumbaron en el Congreso la prórroga de los alquileres, que implicaba también el fin del tope del 2% a la subida de las rentas.
Moratoria antidesahucios. El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2025 un Real Decreto que incluyó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 (venía aplicándose desde 2020) la moratoria de desahucios y lanzamientos extraordinarios para colectivos vulnerables, incluyendo compensaciones a propietarios afectados. PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la prórroga. El Gobierno presentó un mes después un nuevo decreto con modificaciones que también fue rechazado en el Congreso.
Así que sí por fin Feijóo dice una verdad: nadie resolverá el problema de la vivienda en cinco minutos. Pero conviene recordar quién lo dice, en qué momento y cuál ha sido la posición de su partido para evitar que las soluciones propuestas por otros fueran imposibles de articular. Esto, además de que sus gobiernos autonómicos no hayan planteado alternativas al elevado precio del alquiler o la compra ni en cinco minutos, ni en diez, ni en quince, ni en varias legislaturas. Ni para frenar la especulación, ni para construir vivienda social, ni para liberar suelo, ni para ejercer el derecho preferente de compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler.
P.D. El PP votará hoy también en contra de los decretos aprobados por el Gobierno. No había duda, de hecho, al respecto.