Fuerteventura recupera el asesoramiento jurídico para migrantes con la reapertura de la ONG 'Entre Mares'

Después de más de una semana sin asesoramiento jurídico para migrantes, Fuerteventura recupera el servicio con la reapertura de Entre Mares. La ONG ha podido reabrir sus puertas gracias a la cooperación de los isleños e isleñas, que han colaborado para hacer frente a los gastos de gestión derivados del servicio y principal causa de su cierre, como los costes del teléfono o internet. La atención se prestará dos días por semana (lunes y miércoles) en horario de 9.00 a 14.00 horas a partir del próximo 27 de enero.

Entre Mares ha explicado que su principal motivo para retomar la actividad es tener como prioridad la atención de un sector que representa el 39% de la población y que se encuentra en “extrema vulnerabilidad social”. Además, la asociación lamenta que las instituciones responsables (Gobierno de Canarias, Cabildo insular y los ayuntamientos) no hayan sabido dar una respuesta “rápida y eficaz” ante la desaparición “sin precedentes” en los últimos quince años de todos los servicios de atención, asesoramiento e información a la población migrante en Fuerteventura, tras el cierre de las dependencias de Cruz Roja.

Otras entidades como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), que no cuenta con sedes en Fuerteventura, también se han movilizado para evitar el desamparo de quienes llegan en situación administrativa irregular. El delegado de la ONG en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, explicó a este periódico que para “compensar la merma” que ha sufrido la atención jurídica a migrantes en la Isla, dividirán la jornada laboral de una abogada que ejerce su labor en Gran Canaria para que esté dos días a la semana en la isla majorera.

La sensibilidad de la población majorera respecto al fenómeno migratorio ha quedado patente en varias ocasiones. El Colectivo Sociedad Civil Majorero inició el 14 de enero en change.org una petición dirigida al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al líder del Cabildo Insular, Blas Acosta, y al director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes. En ella, se comprometen a “constituir una red solidaria de respuesta inmediata para actuar ante la más que evidente posibilidad de que situaciones como las vividas puedan repetirse”. Además, exigen a las administraciones una mayor responsabilidad.

Para elaborar este manifiesto, asociaciones, colectivos y ciudadanía de la Isla se reunieron para dialogar sobre el “hecho extraordinario y puntual de un repunte en la llegada de personas de forma irregular a la Isla, la injustificada alarma social que está generando, la preocupación por la defensa de una vida digna para todos los seres humanos y porque la atención humanitaria inmediata y elemental está aún pendiente de resolver”.

De este modo, concluyeron que la causa de la situación es una “falta de previsión” por parte de las autoridades competentes ante una cuestión recurrente como los movimientos migratorios. Además, defienden que “la alarma social generada interesadamente” no está justificada y que “ante una situación de necesidad extrema y vital”, la sociedad española debe dar una respuesta de atención humanitaria básica hasta que las administraciones resuelvan la situación. “Sobre todo cuando en la Isla existen recursos económicos y materiales más que suficientes para ello”, apuntan.

El Colectivo Sociedad Civil Majorero apela a la población de Fuerteventura para que “active su conciencia y responsabilidad humanitaria y a la memoria histórica”, para evitar que no se haga eco de manifestaciones “irresponsables, tendenciosas, alarmistas y xenófobas” que contaminan el debate público. Además, hace un llamamiento a las autoridades para que elaboren y apliquen planes para afrontar el fenómeno migratorio y garantizar la acogida básica: cobijo y alimento. “La sociedad canaria no puede ni debe traicionar el valioso legado de valores comunitarios y humanos que nos han sido transmitidos por generaciones precedentes”, destaca el colectivo.

Mientras tanto, la reapertura del CIE del Matorral sigue sin tener fecha definitiva, a pesar de que el Ministerio del Interior planteó en una reunión monográfica esta medida para enfrentar la llegada de personas migrantes a Canarias. Tras anunciar esta decisión al Gobierno de Canarias, el Ejecutivo central matizó que el centro no retomaría su actividad de inmediato, ya que primero se debía estudiar el estado de las infraestructuras.