Golpe judicial a siete ex directivos de la UD
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado una sentencia absolutoria del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que en 2008 libró a la Unión Deportiva Las Palmas SAD de pagar a los empresarios Vicente Boluda y Manuel Freire 1,2 millones de euros a cada uno, por un préstamo otorgado en julio de 2002, y en una reciente sentencia fechada el 30 de septiembre pasado condena a la sociedad anónima deportiva a pagar las cantidades adeudadas, de manera solidaria con siete ex administradores del club de fútbol grancanario.
A pesar de que en julio pasado la UD Las Palmas anunció haber llegado a un acuerdo para abonar la deuda a estos dos empresarios a lo largo de los próximos 20 años, la decisión tomada por las magistradas Emma Galcerán, María Elena Corral y María Paz Pérez deja en manos de las mercantiles Compañia Canaria de Remolques, de Vicente Boluda, y Freiremar, de Manuel Freire, la forma de ejecutar el pago de esos 2,4 millones de euros más otros 120.000 euros de intereses, y sobre todo, en una situación delicada a los siete administradores condenados de forma solidaria junto al club que preside Miguel Ángel Ramírez.
Se trata de los ex presidentes Manuel García Navarro, Ricardo Ríos y Luis González y los ex consejeros Manuel Campos, Rafael León Talavera, Manuel Aguiar y Ángel Marrero, cuyos representantes legales preparan ya sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, al condenarles la Audiencia Provincial de manera solidaria junto al club según establece la Ley de sociedades anónimas, aparte de considerar que burlaron la Ley en sus respectivos mandatos al no declarar la disolución de la UD Las Palmas durante los dos meses posteriores a su toma de posesión, por incurrir en causa de disolución el club desde la década de los noventa.
La UD Las Palmas no piensa recurrir la sentencia y solicitará al resto de condenados que participen de manera solidaria en el pago ya acordado en julio con Boluda y Freire, aunque fuentes del club han asegurado a CANARIAS AHORA que la entidad estaría dispuesta a correr con todo el pago de la condena siempre y cuando uno de los condenados, el ex presidente Manuel García Navarro, retire el último incidente concursal pendiente y poder así cerrar el proceso de salvación de la entidad.
La sentencia de la Audiencia admite en su integridad el recurso de Boluda y Freire a la sentencia del Mercantil 1, y da por extinguido el contrato suscrito en julio de 2002 junto a otros seis empresarios con la UD Las Palmas, por el cual se concedió un préstamo de 9,6 millones de euros para evitar el descenso federativo del primer equipo amarillo por impago a sus jugadores. A cambio de ese dinero, los empresarios recibirían como prenda la explotación de los palcos y butacas VIP del Estadio de Gran Canaria.
Las magistradas de la Audiencia consideran que el proceso concursal abierto -y aún pendiente de cerrar- por la UD Las Palmas el 4 de noviembre de 2004 nunca debió afectar a una primera demanda por incumplimiento de contrato presentada por Boluda y Freire contra la UD Las Palmas, anterior al inicio del concurso voluntario, al dejar de pagar el club ya en 2003 las mensualidades acordadas para la devolución del préstamo.
En su momento, el juez de lo Mercantil se hizo con ese procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de LPGC, y a juicio de la Audiencia, la demanda debió seguir su curso en ese ámbito y no ser neutralizada por el paraguas concursal, ya que fue presentada más de seis meses antes de iniciarse el concurso, el 23 de abril de 2004, y también antes de que entrara en vigor la Ley Concursal, el 1 de septiembre de 2004.
