Abajo las barreras electorales

El sistema electoral al Parlamento de Canarias que diseñó el Estatuto de Autonomía de 1982 es la viva demostración de que en el origen de nuestro autogobierno al principio fue la desconfianza. Desconfianza recíproca entre las élites dirigentes de todas las islas. De aquí, de la profunda desconfianza, nació la triple paridad.

El recelo plenamente justificado, sin duda, era el de las islas menores frente a las mayores. Lo demás eran resabios del pleito insular, históricamente suicida para los canarios pero siempre provechoso para todas las especies y subespecies del centralismo de allá y del caciquismo de acá.

El temor a la democracia y al pluralismo, so pretexto de evitar la ingobernabilidad de un sistema parlamentario, fue la cuna de las barreras electorales. Ya eran abusivas en el estatuto del 82, pero las endurecieron en el 96 para afianzar el régimen neonato de Coalición Canaria. Y la última vuelta de tuerca, después de que se abriera el melón en el Parlamento de Canarias con la colaboración suicida del PSC-PSOE, la dieron en Madrid. Sí, en Madrid, aprovechando la debilidad parlamentaria del primer gobierno Aznar. De forma que el actual umbral electoral, por debajo del cual los votos van a la basura (el 16.3%, por ejemplo, en las últimas elecciones, porque no entran en el reparto de escaños), está en el 30% de los votos válidos en cada circunscripción electoral insular. Este umbral actúa de guillotina sobre todas las candidaturas, menos sobre la más votada en una isla, o sobre las que alcancen el 6% en el conjunto del Archipiélago.

Este sistema electoral es la verdadera “norma institucional básica” de Canarias, y no el Estatuto de Autonomía, y constituye el fundamento y la garantía de un régimen político más próximo al sistema oligárquico de la restauración canovista que a la democracia pluralista proclamada por la Constitución del 78.

Es verdad que el canovismo se sustentaba en el sufragio censitario, que negaba el voto a más del noventa por ciento de los españoles, y ahora el sufragio es universal. Cierto; pero también que los resultados son muy similares en ambos regímenes. La alternancia política entre los partidos dinásticos, entonces, era más aparente que real; porque los dos partidos representaban exclusivamente a los sectores dominantes. Cambiaban los gobiernos, pero no las políticas. Y el que controlaba el Parlamento no controlaba al Gobierno, porque el poder ejecutivo residía en el Monarca que podía echar a un gobierno y poner otro, aunque deslizando en el bolsillo del nuevo primer ministro el Real Decreto de convocatoria de elecciones que ganaba invariablemente con la ayuda de los gobernadores civiles recién nombrados.

Aquí y ahora todo es más sutil. Parece democracia. Sin embargo, con este régimen la alternancia está prohibida y, para más inri, quien está en el fiel de la balanza parlamentaria, controla la mayoría y el Gobierno. Y desde el Gobierno controla la mayoría, porque los socios de ocasión se saben perfectamente prescindibles. Le pasó al PP varias veces. Y al PSOE las demás, en una especie de interminable presente continuo.

Por eso, cuando Coalición Canaria elige al gregario de turno impone una cláusula no escrita que dice así: mientras compartamos mesa y mantel abandona toda esperanza de modificar en serio el sistema electoral. Así que arréglatelas como puedas con tus promesas electorales, búscate los pretextos que quieras?!Y vaya si se cumple¡

Total que Coalición Canaria --bajo la hegemonía de quien garantiza a todas las agrupaciones insulares el mágico 6%, y por tanto el ticket seguro para obtener escaño, es decir ATI con sus votos de Tenerife-- se siente dueña del gobierno, al socaire de vaivenes electorales y de alternancias imposibles, y sin la obligación de rendir cuentas a “naide”. Así se han dilapidado cuantiosos recursos de una época que tal vez no vuelva nunca más. Y la actual crisis de mar de leva sorprendió a Canarias desguarnecida en su sistema productivo y con una aluminosis de profundas carencias sociales que están rompiendo todas las estadísticas de iniquidad.

El sistema electoral es proporcional, dice el Estatuto. Pero no es verdad. El pequeño número de escaños de casi todas las circunscripciones lo escora hacia el sistema mayoritario. Las barreras hacen el resto.

El sistema mayoritario es menos pluralista, dicen. Aparentemente sí, pero acaba fraguando un tipo de partidos políticos más abiertos, de disciplina más flexible, capaz de integrar bases sociales más amplias. Y si es un sistema mayoritario a doble vuelta, como el francés, fuerza a acuerdos entre los partidos dentro de los dos grandes espectros: el conservador y el progresista, para entendernos. Y además, la alternancia y la estabilidad de los gobiernos parlamentarios es la seña de identidad de los sistemas electorales mayoritarios. Basta una ojeada para comprobarlo.

El sistema electoral canario no tiene las virtudes del proporcional. Tampoco las del mayoritario. Pero reúne casi todos los inconvenientes e cada uno.

La circunscripción electoral es la isla. Sí, pero la barrera del 30% la degrada. Y puede darse el caso, y se ha dado en la realidad, de que casi una tercera parte de los ciudadanos de una isla se queden fuera del Parlamento. Le ocurrió al Partido de Independientes de Lanzarote en el 99. Y, sin embargo, en la misma Isla y cita electoral el PSOE (18%) y el PP (13%) se calzaron 2 escaños conejeros por sigla.

¿A quién representaban? A más del seis por ciento de los votos válidos en Canarias. Pero a los conejeros-y-a-su-circunscripción insular, no. Al menos no tanto como el PIL, que obtuvo casi tantos votos como PSOE y PP juntos en la isla de los volcanes y se quedó fuera de un Parlamento elegido en circunscripción insular.

No les voy a cansar recordándoles lo que pasó en Gran Canaria en 2007. Con la mitad de los votos que Nueva Canarias, Coalición Canaria obtuvo escaño por la Isla redonda. Y Nueva Canarias quedó a la intemperie.

El sistema electoral es la piedra fundacional del régimen político canario. Et super eam petram, la hegemonía de lo que CC ha venido representando bajo el liderazgo de ATI (digo ATI para abreviar; ya sé que ATI no existe). Es una forma de entender Canarias en el que el binomio poder/responsabilidad no existe. Una actitud siempre propensa al escapismo, a cambiar argumentos por latiguillos, a colocar siempre los mismos asuntos al principio de la agenda. Y a aceptar que la agenda la impongan legislatura tras legislatura los mismos sectores, los más influyentes. La entronización, en fin, de la cultura de que el poder ES para perpetuarse en el poder. Y los problemas y expectativas de los canarios, invariablemente después.

Cambiar el sistema electoral es la prioridad, la absoluta. Es perentorio, apremiante. No sólo para restablecer democracia donde hay oligarquía. Sino para que instaurando, casi inventando 30 años after, el círculo poder/responsabilidad/alternancia, el sistema institucional deje de ser parte de los problemas de una Canarias a la deriva y pase a formar parte de la solución.

Han tenido tanto tiempo amamantar anticuerpos contra ese cambio, contra cualquier cambio que empiece a abrir un régimen blindado, que debe que habrá que hacerlo por etapas. La primera ha de ser al grito ¡BARRERAS ELECTORALES ABAJO!

Y no sigan con los engaños: la reforma del Estatuto del 2006 la retiraron a todo correr del Congreso porque les entró pánico ante la posibilidad de que la mayoría reeditada del PSOE en las elecciones de 2008 --después de que perdiera Rajoy, el candidato de Paulino (¿o no se acuerdan?)-- decidiera cambiar el sistema electoral allá, sí allá como en el 96, para democratizarlo. Fue así. Todos lo vimos.

La segundita, pa´que la bailen: sin necesidad de reformar el Estatuto, aquí se puede cambiar casi todo el sistema electoral, es decir, echar abajo las barreras electorales, crear una circunscripción regional al lado --y no “en lugar de”, a pesar de un dictamen para olvidar del Consejo Consultivo-- de las circunscripciones insulares, redistribuir el número de escaños que corresponden a cada isla y ampliar el número de diputados hasta 70, o reducirlo. Lo saben tan bien que blindaron desde siempre el sistema electoral frente al propio Parlamento, exigiendo una mayoría de 2/3 para cambiarlo aquí. Más protegido que el Estatuto, porque para el “régimen” es más importante que el Estatuto.

Y la última: ya vale con la volada de que habría que reducir el número de diputados para ahorrar gastos. Lo que hay que reducir es el número de los que cobran un sueldo del Parlamento, limitándolo a un mínimo por grupo parlamentario y un número adicional en función de la representatividad de cada grupo. En realidad, los que llevan el peso de la Cámara. Menos diputados es menos pluralismo y más de lo mismo.