ATAN pide responsabilidades a la Administración

El 21 de marzo dictaba sentencia sobre la demanda presentada por la la Asociación contra la aprobación: “Estimamos en parte el recurso interpuesto y declaramos nulo el Decreto 123/2008, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente u Ordenación del Territorio, por el que se aprueban definitivamente determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma. En cuanto a las Actuaciones Estratégicas Singulares: Los Llanos (SDO-1), Breña Alta (SDO-2) y Barlovento (SDO-4)”. La segunda eras un triunfo para los vecinos de Taguluche que desde el principio se opusieron, con razones y argumentos, al disparate promovido por las instituciones públicas de poner una embotelladora de agua en este lugar declarado de LIC. El 13 de marzo en TSJC, la misma Sala de lo Contencioso Administrativo comunicaba al Ayuntamiento de Valle Gran Rey y al Consejería de Política Territorial que tienen un plazo máximo de dos meses para presentar un proyecto de demolición del edificio construido en Taguluche y destinado a alojar una embotelladora de agua. Ambos hechos ponen en evidencia que instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, el Cabildo de la La gomera, el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias no les mueve el respeto a la legalidad, no tienen en cuenta el interés general ni el derecho de los ciudadanos y, por tanto, favorecen intereses particulares.

El caso de La Palma demuestra la incoherencia de los responsables públicos. Atan presentó tres recursos al Plan de Ordenación de la Actividad turística de La Palma . Dos fueron rechazados por el TSJC y el tercero ha sido estimado parcialmente. El 19 de junio del año 2007 el Gabinete de prensa de Gobierno de Canarias hacía publica una nota celebrando la desestimación del recurso interpuesto por la Asamblea Ecologista de La Palma y ATAN y para el entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido, “la sentencia es la confirmación de que el PTEOTI de La Palma apuesta con el desarrollo turístico respetuoso con el medio ambiente”. Ahora, con la nueva sentencia la culpa es las la leyes que protegen el territorio. Es el caso la la presidenta del Cabildo palmero cuando declara que: “ponen de relieve que la normativa medioambiental y urbanística que afecta a La Palma es excesiva e impide su desarrollo”. Olvidan estos dirigentes que las leyes emanadas del Parlamento Canario fueron propuestas y aprobadas por ellos mismos, no por los grupos ecologistas. Por el contrario, cuando se han propuesto iniciativas legislativas populares ni siquiera las han admitido a trámite, de nada sirvieron las miles de firmas recogidas.

Se acusa a los grupos ecologistas de bloquear el desarrollo económico al oponerse a este tipo de iniciativas. En primer lugar, el cumplimiento de la ley es lo normal en un estado de derecho, es lo que da seguridad jurídica y permite el funcionamiento de un sistema democrático. La leyes, mientras estén vigentes ha cumplirlas y hacerla cumplir y, si no sirven, el parlamento es libre para cambiarlas. En segundo lugar la actual situación de crisis demuestra que el modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria y en la construcción ha sido un fracaso y los responsables no hay que buscarlos en los grupos ecologistas que llevamos años denunciando esta situación. En tercer lugar han sido los organismo públicos los que ha despilfarrado el dinero del contribuyente con proyectos que eran manifiestamente ilegales como la embotelladora de Taguluche. Si hubiesen hecho caso a las protestas de los vecinos, a las razones jurídicas en las que se apoyaban, los ciudadanos no hubiésemos ahorrado el dinero para construirla y, ahora, el dinero para derruirla..

¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A los que denunciamos el despilfarro o sus responsables? La respuesta es clara, hay que pedirlas a los partidos y a las personas que tomaron estas decisiones contrarias al interés general. Es evidente, menos para los partidos que aprobaron las leyes que protegen el territorio, que no se pueden proponer hacer campos de golf en espacios naturales protegidos, ni se puede construir una embotelladora a base de esquilmar a los regantes de Taguluche,