La Autoridad Portuaria miente, Atan no,

La Autoridad Portuaria, que preside Pedro Rodríguez Zaragoza, declaró a Diario de Avisos el viernes 30 de noviembre que los materiales para la ejecución de las obras “proceden de la excavación del propio ámbito del Puerto de Granadilla, plantas de gestión de desmontes con sus correspondientes permisos, de limpieza de parcelas y excavaciones comprendidas en proyectos, todos ellos con sus correspondientes autorizaciones, aspecto este último verificado por los contratistas de las obras del Puerto y por la propia Autoridad Portuaria”. Pues no, miente, con descaro y sin el menor rubor, el Presidente de la Autoridad Portuaria. Los hechos y las leyes lo contradicen.

El señor Rodríguez Zaragoza tiene como único argumento su palabra: son legales las canteras porque lo dice él. Pero la realidad es bien distinta y las consecuencias las está pagando el medio ambiente y el estado de derecho.

Desde el comienzos de año las asociaciones El Foro contra la Incineración y ATAN denunciaban la proliferación de canteras ilegales, puesto que ninguna cumplía la normativa aplicable a este tipo de explotaciones. La difusión pública tuvo la consecuencia inmediata de que otros colectivos sociales y políticos, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) o la misma asociación de las empresas legales del sector (AFA), se sumaran a los que reclaman que se ponga fin a estas graves infracciones. Una gran parte de estas canteras solo tenían una autorización municipal para mejoras de fincas, pero como se demuestra en las imágenes gráficas -que se pueden ver en la página de ATAN o en la del Foro contra la Incineración- nada tienen que ver con mejoras para la agricultura y sí con una cantera con maquinaria pesada y un intenso tráfico de camiones que trasladan los “residuos” hasta la obra del puerto.

La situación no era desconocida para el ayuntamiento, de hecho en abril el concejal de Sí se Puede, Antonio Cabrera, en unas declaraciones recogidas por Diario de Avisos, decía que este tipo de licencias sólo permite desmontes de un máximo de 4 metros, siendo actualmente en Chimiche y otras zonas de más de 20 metros. “Estos hechos se tratan de una clara prevaricación, ya que se da una licencia para una actividad a sabiendas de que se va a realizar otra bien diferente”,

Negando la evidente, la página del OAG informaba que todos los materiales procedían de canteras autorizadas. Ante esta actitud Atan denunció la situación en la Fiscalía de Medio Ambiente que comprobó la veracidad de los hechos y presentó denuncia penal en los juzgados de Granadilla, en concreto por la seudo-cantera de Chimiche. Además, ATAN también había solicitado al gobierno de Canarias información sobre este problema. Tras varios meses de espera el Director General de Minas decía en su contestación que la piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del puerto de Granadilla “sin que conste autorización a alguno de los intervinientes” por parte de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias ni de la Administración del Estado.

El día cuatro La Opinión publicaba que el ayuntamiento había cerrado “la mayor cantera de áridos y rocas de la que se nutría el futuro recinto portuario. La presión del Gobierno canario se materializó durante el pasado sábado con el cierre de la cantera de Chimiche a cargo de la Policía Local del municipio sureño. La actuación del Gobierno municipal supone que las obras de construcción del Puerto se quedan sin su principal suministrador de rocas para el relleno del muelle. Tan solo entre marzo y agosto del presente año más de 313.000 toneladas de materiales salieron de Chimiche para el relleno de los diques del futuro recinto portuario”.

Está claro, la Autoridad Portuaria de la provincia miente, se salta la legalidad, oculta la información y desprestigia la esencia de una sociedad democrática que es el respeto a las normas propias de un estado de derecho pero, gracias al trabajo de ATAN y otros colectivos, la Justicia se encargará de restituir la legalidad, de devolver a los ciudadanos sus derechos. Y, también tendrá que ser la Justicia la que haga cumplir al Gobierno de Canarias sus propias resoluciones, pues de nada vale certificar la ilegalidad de las canteras si no se adoptan las medidas correspondientes.