En castellano, ¿por favor?...

Quien primero va a pagar las consecuencias va a ser la lengua catalana. Como todas, camina al margen de la política. Sin embargo, puede sufrir cierto rechazo con este anteproyecto. El segundo perjudicado, el colectivo de inmigrantes, ante quienes se levanta un muro a pesar de destinar 900.000 euros al aprendizaje del catalán a través del Departamento de Acción Social y Ciudadanía. Por cierto, no se contempla en esa normalización lingüística ?al ser una sociedad bilingüe- otros 900.000 para el español. El tercero a quien puede afectar negativamente va a ser al PSC-PSOE. Sus votos podrían desplazarse a un PP miméticamente “moderado” o a CIU, con quien converge y se une cada vez más. La escuela pública será, en definitiva, la que pagará los platos rotos, al quedar bilingüe sólo la privada, con el lógico desvío de matrícula a esta última por parte de la Cataluña bilingüe, castellano-parlante o catalano-parlante que sabe de la importancia del castellano en el Estado y en el Planeta. Todo apunta a que esta ley, crea, sin necesidad, una brecha en la abierta, democrática y tolerante sociedad catalana.

El español o castellano, como lengua universal -y co-oficial en Cataluña-, nada tiene que ver con las disputas monárquicas europeas del siglo XVII cuando Felipe IV (“amb la sang dels castellans ens farem tinta vermella” dice una versión antigua de “Els Segadors”). Ni tampoco con la España actual, donde apenas representa el 9% de los hispano-hablantes. Una política que así lo interprete confunde Estado y Lengua y cae en la xenofobia. Algo que parece reflejar lo absurdo de la sustitución del inglés por el español como traducción “al otro” de algunos mensajes reivindicativos. La de izquierdas ?que, se le supone al tripartito- es apoyar el bilingüismo en un país bilingüe y no marginar sus lenguas “vehiculares” ?una propia y otra compartida- cuya función es comunicar y no incomunicar. Nada que ver con una supuesta construcción nacional identitaria. Ni en Cataluña ni en el Estado, otros. Alguien, tanto en las autonomías como en el Estado, está confundiendo la potenciación de la lengua ?propia o común-, con cierto neofascismo lingüístico. No se puede hacer política con la cultura.

Los firmantes del Manifiesto por el castellano como Lengua Común y sus avales UP y D, Ciutadans y PP, han colocado a su vez las lenguas en el terreno de la política. Lo indignante de su griterío, es que mientras critican la paja en el ojo ajeno no ven la viga en el suyo, especialmente el PP, ante su manía ?de la que participa el PSOE- por hacer del inglés la segunda lengua del Estado. Sus líderes regionales han firmado un texto en defensa del español en San Millán de la Cogolla, cuna de la lengua castellana, instando al Gobierno a eliminar cualquier obstáculo en las autonomías. Se les olvidó un artículo renunciando a su política anglófona de obligar a aprender inglés desde Infantil a ESO. De paso animar a sus Plataformas por las Libertades Lingüísticas, a desautorizar al Presidente de la Comunidad Valenciana y miembro del PP, por su decisión de impartir Ciudadanía en inglés. ¡Que esto sí que es atentar contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos! Y contra muchos otros.

Estas peleas de patio de vecinos, expoleadas por el utilitarismo político, no dañan la vitalidad del catalán o el español. Pero como en la década de los 70 me solidaricé con aquella injusticia, no puedo menos de actualizar ahora alto y claro ante las gárgolas medievales de la Generalitat, el trasnochado complejo victoriano de PSOE y PP, y a pesar de la politización de la lengua común por parte de este último, aquella reivindicación: “En castellano, por favor”.

Agapito de Cruz Franco