La cifra estimada

El crecimiento económico es la variable explicativa del empleo. A partir de aquí, más y mejor empleo genera más y mejor consumo que a su vez proporciona más y mejor inversión, reactivando nuevamente el ciclo creciente de la economía. Será, entonces, a partir de ese momento, en donde la tributación comenzará a recuperarse, aportando los fondos suficientes para el mantenimiento y fortalecimiento de la provisión de los bienes y servicios públicos preferentes. En definitiva, tras poner todos los medios para salvaguardar la salud de la población, con posterioridad paralela, hay que apostar por blindar a la economía de las familias y empresas para evitar la ruptura de la cohesión económica y social, minimizando la brecha que amenaza con colocarse como un elemento estructural en el Archipiélago.

Entendiendo la defensa del empleo como prioridad absoluta, en las actuales circunstancias es necesario afrontar la falta de vitalidad sostenida de la actividad económica, los altos índices de paro y el incremento de la desigualdad social. Pero al mismo tiempo, se debe añadir el objetivo de consolidar la economía de las Islas para que no sufra en el futuro los efectos de las crisis económicas con la intensidad del pasado y del presente. En definitiva, cualquier propuesta debe ser consustancial a la disminución de la vulnerabilidad y de la dependencia que muestra ciclo tras ciclo nuestra economía y sociedad.

De hecho, dicha vulnerabilidad y dependencia se debe, en gran medida, a los condicionantes estructurales sobre los que se asienta la sociedad canaria, como es la lejanía y la insularidad. Esta circunstancia ha provocado que, desde que España se integró en la UE, en 1986, el Archipiélago canario ha tenido un tratamiento diferenciado y único en el estado español, que ha ido evolucionado hasta la actualidad, permitiendo afianzar las garantías jurídicas que reconocen las singularidades canarias en el contexto de la Unión Europea.

Es por ello por lo que hay que dimensionar cada una de las medidas en base a la finalidad que tendría cada una de ellas. Tal es la gravedad del impacto social que la crisis sanitaria del COVID-19 ha originado sobre la economía que es necesario plantear medidas paliativas dirigidas principalmente hacia la posible ruptura de la cohesión económica y social, siendo el primer síntoma el incremento de la tasa de paro. De hecho, si a las cifras oficiales de empleo le incorporamos a las personas afectadas por los ERTE en Canarias, la tasa de paro pasaría del 18,79% (cifra oficial) al 39,01% (cifra estimada), creciendo en un 107,61%, entendiendo como personas desempleadas a las que activamente quieren trabajar, pero no pueden hacerlo. En definitiva, se trata de una situación insostenible para una sociedad con índices de desempleo y pobreza situados por encima de la media nacional. Ante este hecho, han sido las políticas pasivas de empleo la que han proporcionado cierta protección, no sin coste un alto coste social.

Por lo tanto, hay que establecer todos los medios necesarios para minimizar el impacto sobre la pérdida de rentas y empleo, siendo la etapa crítica, no tanto el propio estado de alarma, sino el intervalo de tiempo que transcurrirá desde la finalización de dicho estado y el relanzamiento de la actividad económica, el cual sucederá cuando exista una demanda lo suficientemente rentable que permita a las empresas seguir activas en el ámbito de la contratación.