A la clase política, ni tocarla por Hernando Toledo

Hasta el momento, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero permanece impasible ante la grave situación financiera y social en la que se halla inmersa Canarias a la espera de que mejore la economía de Alemania o Reino Unido, principales emisores de turistas al Archipiélago. Sólo ha movido ficha para realizar fuertes recortes en áreas tan esenciales como educación, sanidad y servicios sociales, que están afectando sobremanera a los sectores más frágiles de la sociedad, así como a los trabajadores y también a los pequeños y medianos empresarios, pero ninguna medida referente a los cargos políticos y de confianza.

Con la boca pequeña, y en respuesta a un grupo de periodistas, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular, José Manuel Soria, manifestó primeramente que la reducción del gasto en altos cargos sería una buena pauta a seguir, pero que el Gobierno no lo había tratado y que él no lo pensaba plantear. En días posteriores, recoge velas y comenta que va a elaborar un plan para reducir el gasto público, pero no vuelve a plantear la reducción de consejerías.

Paulino Rivero, por su parte, se ha enrocado afirmando que el Estatuto de Autonomía exige las consejerías existentes, aunque me pregunto si se referirá al Estatuto reformado que no ha sido capaz de consensuar, porque el vigente sólo establece un máximo de once consejerías y que es el momento de trabajar y no el de debatir sobre este asunto. El Partido Socialista Canario y Nueva Canarias tampoco han querido posicionarse al respecto y menos abrir un debate.

La lectura está clara, hay que devolver los favores y hay que seguir manteniendo a las distintas familias políticas. A esta forma de hacer política, que está enquistada en nuestra sociedad, es a la que tenemos que oponernos los canarios y para ello contamos con partidos como Compromiso por Gran Canaria que considera que también la clase política tiene que apretarse el cinturón, acabar con sus privilegios y trabajar por la mejora de condiciones de vida de la ciudadanía.

En Compromiso por Gran Canaria defendemos la puesta en marcha de una nueva organización administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante la simplificación de la administración pública y la transferencia de competencias a los cabildos y los ayuntamientos.

Esta nueva organización conllevaría, por una parte, la reducción de cargos políticos, aparejada de sus asesores, cuyo resultado estimamos que produciría un ahorro de costes para nuestra Comunidad Autónoma de algo más de 102 millones de euros por legislatura, es decir, de 16.000 millones de las antiguas pesetas. Por otra parte, posibilitaría la supresión de servicios duplicados y unidades administrativas ineficaces.

Compromiso por Gran Canaria entiende que la administración pública canaria sería más eficaz con un Gobierno autónomo constituido por cinco miembros: presidente, vicepresidente y tres consejeros, lo que supondría la supresión de 114 cargos políticos: nueve consejeros, veinte viceconsejeros, setenta y ocho directores generales y siete secretarios generales técnicos. Esta reducción, que afectaría al 92% de los cargos políticos del actual Ejecutivo canario, daría mayor protagonismo a unos funcionarios y técnicos de carrera que están perfectamente cualificados para ejercer esas funciones.

Además, se les devolverían a los cabildos y a los ayuntamientos, instituciones cercanas a la ciudadanía, el protagonismo que nunca debieron de perder ya que nuestra propuesta los contempla como órganos fundamentales de la Administración pública canaria, dotándolos con los recursos humanos y económicos para que desarrollen la mayoría de las competencias que actualmente está en manos del Gobierno canario y que les serían transferidas.

¿Quiere este Gobierno con menos recursos ofrecer a los ciudadanos unos servicios de mayor calidad? Pues entonces ya tiene una respuesta, eliminación de cargos políticos y asesores, poner al frente de la Administración a sus técnicos, cambiar la forma de hacer política y velar por el bienestar de la ciudadanía, que no se cree que con menos inversión se pueda educar a sus hijos ni que será igual de atendida por el Servicio Canario de Salud.

*Secretario general de Organización Política de Compromiso por Gran Canaria

Hernando Toledo*