Clavijo, la Ley del suelo y Las Teresitas

Ahora, hoy mismo, la sociedad canaria acaba de conocer la sentencia del caso Las Teresitas.

Si esta sentencia tiene alguna utilidad --al margen de la posibilidad de que el pueblo de Santa Cruz recupere el dinero, y digo posibilidad cuando debería ser pura aplicación del fallo judicial-- debe ser pensando en un futuro en el que casos las teresitas no vuelvan nunca más a darse en nuestra tierra.

Pero lo mandarines de Coalición Canaria no tienen enmienda; ni siquiera lo nuevos, que son en realidad eso: vino del viejo caciquismo en el odre nuevo de la generación clavija.

Las Teresitas y otros grandes quebrantos al interés público y al territorio isleño se pudieron perpetrar gracias a la práctica de los convenios urbanísticos. En los 80 y 90, el alcalde de cualquier municipio pactaba con un empresario --aquí los mismos, casi siempre-- la modificación del planeamiento, fundamentalmente en interés del propio empresario, que se comprometía a su vez a cumplir algunas contrapartidas para el municipio. La mayoría del Ayuntamiento, a las órdenes del alcalde, refrendaba el convenio y aquí paz y en el cielo gloria.

Todo esto en medio de una gran laguna jurídica, un territorio de nadie, que colmaba de inmediato una práctica frecuente abusiva de personajes de la política y de los negocios con pocos escrúpulos.

Los Tribunales fueron poniendo coto a la situación estableciendo la doctrina de que la potestad de ordenación urbanística es una función pública que no puede ser objeto de contratos, es decir “privatizada”. De forma que los Ayuntamientos no se podían sentir jurídicamente obligados a traducir al planeamiento lo pactado a través de convenio urbanístico, ya que en la aprobación y ejecución del planeamiento deben siempre primar los intereses públicos y la legalidad.

En Canarias, como en otras autonomías, esta doctrina judicial acabó plasmándose en la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales (artículo 236 y siguientes de Decreto Legislativo 1/2000).

Pues bien: lo que pretende Clavijo, al dictado de la patronal de la construcción, es volver a la situación anterior. Peor aún: el Proyecto de Ley del Suelo, como ha subrayado el Consejo Consultivo con una ristra de preceptos constitucionales y de la legislación estatal básica sobre el suelo (que Coalición Canaria se ha pasado por donde ustedes imaginan) pretende convertir en Ley aquella situación de desgobierno, permitiendo cambiar el planeamiento al dictado de los convenios urbanísticos, especialmente través del artículo 290.1. apartados e) y f) del Proyecto que ahora atraviesa el “paseíllo parlamentario”, que es como califican los constructores la potestad legislativa del Parlamento.

No les voy a decir que es inconstitucional, que lo es; ni que contradice garantías legales españolas y europeas en la ordenación del territorio y en defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, que también.

Les digo que hay que hacerles retroceder por el bien de esta tierra. Que si nuestros abuelos guanches (por cuyo genocidio claman en Coalición Canaria con lágrimas de cocodrilo) levantaran la cabeza, quedarían despavoridos ante el atentado que están preparando algunos que invocan en vano su memoria y su legado.

Les digo, sobre todo, que la Ley del Suelo de Clavijo y los constructores contiene mecanismos: convenios urbanísticos, proyectos de interés singular, ordenanzas provisionales… que restablecen el reino de la arbitrariedad y demuelen las defensas legales del interés de los canarios de hoy y de los del futuro.

Que ese Proyecto de Ley, que los empresarios promotores han ordenado a Clavijo que se apruebe sin concesiones (a lo que pactaron entre ellos) es un “convenio urbanístico” como los de antes, pero a lo bestia. Porque lo que han pactado, a espaldas de los canarios, no es sólo un convenio urbanístico sino la devastación de todo un sistema legal y de sus garantías.

Que será un semillero de las teresitas desde el Faro de Orchillas a La Graciosa.

Y que eliminando, como eliminan, los controles previos de legalidad sólo podrán restablecerla los Tribunales cuando hayan transcurrido años y los desaguisados sean irreversibles. Y que alguien esté dispuesto a recurrirlos ante los jueces y frente al complejo político-empresarial (y mediático).

¿Quién o quiénes serán ese alguien? ¿con qué medios y asesoramientos?

Porque el territorio y los recursos naturales del Archipiélago son nuestra más preciosa herencia. Pero, al ser de todos, parece que no son de “naide”.