Derechos y deberes

Entre una cosa y la otra, los profesores perdieron hasta la facultad de adoptar las mínimas medidas disciplinarias para proteger el esfuerzo y las ganas de quienes pretendían aprender de la minoría empeñada en impedirlo con su desinterés y actitudes bravuconas. Las bajas por depresión y las prisas para obtener la jubilación anticipada de quienes estaban en condiciones administrativas de hacerlo fueron el resultado, mientras la Consejería de mirar para otro lado para no buscarse problemas enfrentando una situación que algo tendrá que ver con que Canarias sea de las comunidades de mayor porcentaje de fracaso escolar; lo que no impide al Gobierno hacer sus chistes sobre calidad de la enseñanza y demás.

La escuela, el instituto, refleja lo que de verdad ocurre en la sociedad y las aulas son sensibles a los fenómenos de lumpen más extendidos de lo que creen los mejor pensantes y que lo mismo se manifiestan en las agresiones e insultos a profesores que a árbitros de fútbol por parte de padres y madres que dejan aflorar el energúmeno si a su hijo le pitan un penalti que no era. Todo se relaciona y apunta lo mismo.

Eso ocurría y ocurre ante nuestras narices sin que los responsables de Educación se bajaran del burro de considerarlos incidentes aislados e irrelevantes. No miente Esther Rodríguez cuando asegura que las autoridades educativas la mandaron a freír bogas y a que se buscara la vida. No es políticamente correcto mojarse en la enseñanza pública cuando la querencia privatizadora predomina en el ambiente administrativo.

Ahora, tras la sentencia condenatoria de la agresora, se aprecia hasta qué extremo llega la insensibilidad de la Consejería. Volvió a escurrir el bulto, a no afrontar la cuestión por lo derecho y a justificar, en definitiva, a quienes la acusan de dejarlos a los pies de los caballos. Dice la Consejería que el Servicio Juridico del Gobierno sólo permite la representación legal cuando el denunciado es el profesor, o sea, reconoce de forma palmaria, que se ha desentendido de lo que le ocurra a los docentes hasta dejarlos indefensos; que se busquen la vida. Y trata de salvar la cara comunicando ahora que negocia con los colegios de abogados la atención a los profesores que denuncien agresiones.

Resulta más tranquilizador, qué quieren, atribuir las negligencias de la Consejería a su ineptitud e ignorancia del medio social al que se enfrenta el profesorado. Esto la incapacita, desde luego, para gestionar Educación, pero resulta más inquietante pensar que no actúa por el mezquino cálculo electorero de no perder el voto de padres abiertamente hostiles a los profesores de sus hijos; en parte para contentar a los guayetes y en parte inducidos por las campañas de la propia Consejería (recuerden la última de Milagros Luis Brito, insisto) dirigidas precisamente a ellos para quebrar la resistencia de los profesores en huelga.

Obligada por la sentencia, la Consejería se ha visto obligada a abordar el asunto. Tan de refilón que se refiere sólo a las agresiones físicas, no a las vejaciones e insultos, mucho más frecuentes. Y ni media palabra de medidas para instaurar en el aula el respeto debido y no dar facilidades a que los adolescentes de hoy sean los monstruos del mañana.

Conviene mencionar aquí aquel departamento o como se llamara de Defensa de los Derechos del Alumno, del que no sé si existe todavía. Olvidaron de incluir también los deberes y no tengo duda de que contribuyó a crear esa atmósfera de menoscabo de la autoridad de los profesores y a que los alumnos sacaran el gallo más de la cuenta. No se trata de exaltar el viejo autoritarismo sino de que el ejercicio de derechos conlleva deberes y ordenan la convivencia en el aula, uno de los valores que ha de inculcar la escuela para proyectarlos en la sociedad. Para eso, miren por donde, está la asignatura de Educación para la Ciudadanía tan denostada en este país como aceptada en el resto de las democracias con pedigrí. Al menos allí donde no han topado con el ultramontanismo conservador y la Iglesia que tan bien se llevan con ciertos rejos fascistoides que siguen presentes y hacen que tratar de estos asuntos suenen a chino en la Consejería.