Destrucción a toda costa

El informe consta de 204 páginas, después de Andalucía y Galicia, Canarias es la comunidad a la que se le dedican más páginas, un total de 20. Los datos del informe se basan en fuentes oficiales: en sólo 2 meses en 2007 el Gobierno canario abrió expedientes por 600 acciones ilegales contra el medioambiente. El propio ejecutivo canario reconoce la existencia de 208 puntos de vertidos ilegales. Según la Dirección General de Aguas del antiguo Ministerio de Medioambiente diecisiete municipios canarios incumplen la directiva europea de depuración de aguas. En la isla de Tenerife la empresa Cepsa arroja cada año 5500 sustancias contaminantes a través de un emisario submarino situado a menos de 200 metros de la costa.

Greenpeace dice que el gobierno canario parece que “no tiene claro” la existencia de la ley de Directrices porque al final de la legislatura pasada se aprobaron sólo en Gran Canaria y Tenerife 3600 plazas turísticas como “excepciones” a la moratoria. Los ecologistas recogen también la existencia en Lanzarote de 22 hoteles declarados ilegales por los tribunales, algunas de estas construcciones pertenecen a los dirigentes de la patronal turística conejera en la que estuvo trabajando Rita Martín hasta el día en que fue nombrada consejera de Turismo del Gobierno canario.También destaca que los cabildos de La Palma y La Gomera pretenden construir 13.000 y 17 mil plazas turísticas nuevas en las respectivas islas. De esta vocación por el cemento no se salva ninguno de los grandes partidos que gobiernan ayuntamientos y cabildos: Coalición Canaria, PSOE y PP. Son precisamente los partidos que respaldan el proyecto del Puerto de Granadilla en el sur de Tenerife que, según el informe de Greenpeace, es uno de los 10 puntos más amenazados de la costa española.

Considera Greenpeace que “Canarias se enfrenta a una dualidad: la de unos ciudadanos que quieren un desarrollo equilibrado que no continúe por el mismo camino que hasta el momento y la de unos pocos que siguen interesados únicamente en su lucro personal.” El problema es que esos “pocos” que nombran los ecologistas siguen al frente de las principales instituciones públicas y empresariales de las islas (aquí el orden de los factores no altera el producto sino el medioambiente). Hace sólo una semana en el parlamento canario el PP y Coalición Canaria votaron contra la construcción de un Centro de Internamiento de Extranjeros en Lanzarote, uno de los argumentos que dieron es que “la isla es Reserva de la Biosfera”. Conociendo los antecedentes de esos diputados y después de leer las consecuencias de su actuación política en el informe de Greenpeace, está claro que sus señorías creen que una Reserva de la Biosfera es un espacio que la UNESCO declara reservado sólo para europeos residentes y turistas, para construcciones ilegales, para vertidos contaminantes, para alcaldes y concejales imputados por corrupción, para puertos privados en litoral público, para consejeros de Medioambiente al servicio de constructores y especuladores? Claro, cuando metes tanta mierda y tanto corrupto en una Reserva de la Biosfera es normal que pienses que no queda espacio para ningún inmigrante africano.

Juan García Luján