Los médicos de Canarias ya no pasamos ni una

Atender listados de pacientes cada siete minutos; cada diez en los casos más optimistas. Operar sin tregua un enfermo tras otro en jornadas de mañana y tarde y programas extraordinarios. Realizar y evaluar decenas de pruebas diagnósticas en escaso tiempo y siempre con el riesgo de no poder contrastar suficientemente los casos complejos. Afrontar guardias extenuantes de veinticuatro horas en las que se intervienen accidentados, se evita un suicidio o se decide de madrugada si ese paciente es un código ictus o no. Salir rotos de una guardia para ir a dormir algo a casa y volver de nuevo al trabajo al día siguiente -guardias obligatorias, por cierto, que sin embargo no nos computan para nuestra jubilación-.

A pesar de que las condiciones laborales de los médicos canarios están regidas por el desbordamiento asistencial inabarcable o la realización de guardias a destajo, y a pesar de que percibir las más bajas retribuciones del país resulten factores intolerables que ya han colmado el vaso de la paciencia de los facultativos, en esta ocasión no vamos a hablar de salarios ni de condiciones laborales.

Hoy solo hablaremos de cumplir la ley. Los empleados públicos en Canarias tienen la más alta tasa de contratos temporales de todo el Estado. Los causantes de este despropósito han sido los diferentes ejecutivos -autonómicos y nacionales- que nunca han enfrentado el problema desde su raíz, convirtiéndolo en estructural. Pero los responsables de la situación actual son los gobiernos canario y español que hoy ejercen el poder y que presiden Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez. De ese gran colectivo de empleados públicos, el sanitario es el que acumula mayor tasa de temporalidad. Y, dentro de los sanitarios, son los facultativos quienes sufrimos esta precariedad laboral en su mayor expresión. En concreto, 2 de cada 3 de los especialistas que sostienen los Hospitales canarios tienen precarios contratos temporales. Pero, siendo esto un severo problema para cualquier gestión eficiente de un servicio público, se torna completamente insostenible cuando, en añadidura, resulta que más del 80 por ciento de esos facultativos en precario están en situación de contratación abusiva y fraude de ley.

Y aquí llegamos a lo que está en cuestión. La Administración abusa de sus empleados. No cumple la ley. Ni la autonómica (Decreto 123/1999), ni la estatal (EBEP artículo 10) ni, lo que es más indignante, el derecho comunitario preeminente sobre el estatal (Directiva 1999/70/CE cláusula 5). Como señor feudal sobre sus siervos, ahora, nos impone una oposición de características demoledoras para los médicos y facultativos de los que lleva años abusando fraudulentamente en sus contratos. O sea: gracias por todo, y a la calle.

Su propia ley autonómica les fija el plazo de dos años para convocar procesos selectivos. ¿Lo ha hecho así el Gobierno y la Consejería de Sanidad canarios? La respuesta es no. Desde el año 2000 solo han convocado una OPE ordinaria, en 2007 (superada, por cierto, por la casi totalidad de facultativos que pudieron presentarse sin

que pudieran llegar a obtener plaza debido a la escualidez de la oferta convocada). Cuando se exceden los plazos de su norma estatal para mantener el tiempo máximo de un empleo temporal (artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público) ¿han aplicado alguna previsión sancionadora como indica la Directiva Europea? No, tampoco; lo que han hecho es mantener en condiciones fraudulentas a ese trabajador desarrollando tareas estructurales iguales en todo a las del personal fijo y no meramente coyunturales o transitorias.

Bien, queda claro lo que viene haciendo la Administración Pública canaria, y en concreto, la Consejería de Sanidad con sus médicos desde, como mínimo, el año 1999: saltarse a la torera las leyes. Despreciando la ley autonómica, estatal y comunitaria, pretenden, además, hacerlo sin asumir consecuencias, es decir: sin pagar indemnizaciones o sin regularizar administrativamente o por medio de ley a sus empleados públicos abusados por contratación temporal fraudulenta. Eso es lo que finalmente ha tenido que decirle el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España, y, por ende, a Canarias y su Gobierno: tienen ustedes una bolsa de empleados públicos temporales gigantesca y, además, no han hecho nada por impedir que así sea y, para colmo, han dado carácter estructural a su habitual actitud de abuso en contratación temporal. Se indica además expresamente por sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020, que un proceso selectivo en el que se pongan en juego plazas de empleados públicos que pudieran encontrarse en esta situación -recordemos que hablamos del 80 por ciento de los casos-, no es sanción para el abuso causado. Es lo que le hemos explicado a este Gobierno y, no solo eso, sino que le hemos remitido un dictamen jurídico elaborado por profesores expertos en ese campo, documento que avala todas las opciones que, dentro del marco legal, tiene Ángel Víctor Torres para dar solución definitiva a este asunto.

Mientras los médicos, además de atender a sus pacientes en medio de una pandemia para la que han demostrado insuperable capacitación profesional y moral - durante meses hemos mantenido la autocensura y contención crítica ante la decepcionante actuación de una parte significativa de los responsables políticos -, tenemos que autoorganizarnos y ofrecer soluciones contrastadas con informes expertos financiados por nosotros mismos, la Administración, la Consejería y el Gobierno de Canarias, divagan, dilatan, dispersan, diluyen y, lo más grave, se inhiben ante la toma de decisiones extraordinarias para las que les habilita la ley ante condiciones excepcionales. Todo esto al tiempo que observamos estupefactos como en un abrir y cerrar de ojos, con un Real Decreto del Ministerio de Sanidad, de la noche al día se habilita a un recién licenciado o a un médico extracomunitario para que asuma las funciones de un médico especialista que en España tiene que pasar por un examen durísimo de acceso y luego una formación de cuatro o cinco años. No nos tomen el pelo.

Bien; hasta aquí hemos llegado. Presidente Torres, asuma responsabilidades y tome una decisión política usted y su Consejo de Gobierno. Tiene en sus manos diversas opciones excepcionales para solucionar dentro del marco legal un problema extraordinario que han causado, acrecentado y normalizado, Gobierno y Administración, no los médicos. Por nuestra parte hemos sido, no solo colaboradores y pacientes, sino además, proactivos. Pero no vamos a seguir siendo sumisos. Tras la reunión que previsiblemente mantendremos el 5 de noviembre con el Consejero de

Sanidad, Blas Trujillo, Ángel Víctor Torres tiene que ofrecernos una solución satisfactoria a los médicos y resto de facultativos de Canarias para consolidar nuestros actuales puestos de trabajo o, de lo contrario, la sociedad canaria debe saber desde ahora mismo que iremos al conflicto total, con la intensidad que fuera necesaria, por el tiempo que haga falta y bajo las condiciones sanitarias que se pudieran producir. Los médicos no seguiremos en silencio ante el abuso continuado del Gobierno de Canarias, ni del de España.

*Portavoces de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias: Iballa Horcajada, Sunil Lakhwani, Juan Antonio Martínez, Ana Carolina López-Veloso y Jorge Marrero