Ecuador y España

Los ciudadanos quieren quitarse de encima 28 años de partidos políticos, bancos y presidentes corruptos (tumbaron a varios jefes de Estado), un sistema judicial dependiente de los mismos partidos, las privatizaciones, el neoliberalismo que los empobreció más aún (tanto a ellos como al país de conjunto), la base gringa de Manta y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Quieren representación política que puedan controlar democráticamente, el avance de los derechos indígenas, una reordenación territorial, la nacionalización de los recursos naturales, el fin de la educación y la salud como mercancía y su definición constitucional como derechos inviolables, una más justa distribución de la riqueza, otras reformas y la integración latinoamericana. Cuando Rafael Correa (de centro izquierda, que tampoco vale exagerar) ganó las elecciones, prometió la reforma radical de las instituciones políticas, jurídicas y económicas por medio de elecciones a una Asamblea Constituyente con plenos poderes y la tarea básica de elaborar una nueva Constitución. El 15 de abril de este año, el 85% de los votantes se pronunció en referéndum a favor de esta convocatoria. Las elecciones del domingo dieron la mayoría aplastante al movimiento del presidente Correa, dejando a la derecha una representación escasa. Los asambleístas tendrán 180 días para elaborar el nuevo marco constitucional y tomar las medidas que estimen convenientes, incluyendo la disolución del Congreso pues dispone de plenos poderes para hacerlo. Ya habrá comicios legislativos tras el próximo referéndum sobre la Constitución misma. Correa también pondrá su cargo a disposición de la Asamblea.Aunque el Gobierno aplazó las medidas de fondo hasta conseguir la victoria en “la madre de todas las batallas”, la Constituyente, avanzó algunas decisiones sociales durante los últimos meses. Duplicó el seguro de desempleo, subvencionó el material escolar, pagó los salarios atrasados de la sanidad, obligó a los bancos estatales a dar créditos baratos a comerciantes y agricultores. Estas propuestas no modificaron la estructura económica del país, pero representaron mucho para ciudadanos que siguen viviendo sumidos en una pobreza injustificable. También quedó claro que habrá controles sobre la banca privada y el rechazo tanto al TLC como a la base estadounidense.Menos mal que, según Iturgaiz, los ecuatorianos no saben a donde van. ¿Necesitarán alguna sabia receta de José María Aznar? En realidad, tanto Iturgaiz como Menéndez actuaron como representantes de las empresas españolas en América Latina. Trataron de presionan al Gobierno ecuatoriano para evitar la revisión de las concesiones abusivas a las empresas privadas de energía y telecomunicaciones, además de cualquier limitación a la banca por sus participaciones en medios de comunicación. A estos demócratas de conveniencia se les habrá puesto los pelos de punta al escuchar que las expropiaciones serán posibles si las empresas no cumplen alguna función social. Señores Iturgaiz y Menéndez, déjense de monsergas.

Rafael Morales