Educación en crisis

Se trata de acciones claramente insuficientes, de muy escaso impacto, para abordar los profundos problemas de un sistema que está a la cabeza del Estado en fracaso escolar y en abandono temprano. Y que es fundamental transformar para garantizar un salto cualitativo en la formación de nuestras jóvenes generaciones y la mejora de la cualificación del conjunto de la sociedad, clave para garantizar un sistema económico más productivo y diverso, y más posibilidades de empleo.

El Gobierno de ATI-CC y PP ha actuado en esta área con prepotencia y absoluta falta de diálogo con los sectores implicados, aunque ello generara malestar y desánimo entre los profesionales docentes, no importándole la consecuencia de esa actitud en los centros educativos. Olvidando que un profesorado motivado y reconocido socialmente en su tarea es esencial para que el sistema funcione adecuadamente.

El Ejecutivo se ha venido aprovechando de la división sindical, de las escasas relaciones en el período reciente entre los representantes docentes y las asociaciones de padres y madres de alumnos, para imponer sus decisiones sin que se planteara demasiada resistencia a las mismas.

Autoritarismo

Unas actuaciones, desde el mayor grado de soberbia y de autoritarismo, que ha culminado con el anuncio esta semana, por parte del vicepresidente Soria, de la suspensión de los acuerdos firmados por el Ejecutivo con los representantes del profesorado, relativos a los colectivos de interinos y sustitutos.

La explicación del consejero Soria no deja lugar a dudas. Se hace, no podía ser de otra manera, eso dice, en aras del interés general. Debe ser la misma razón por la que nos ocultaron a los ciudadanos y ciudadanas el pago de los 33 millones de euros por montaña Rayada.

Al tiempo se presentaban en el Parlamento de Canarias unos presupuestos educativos con recortes importantes y que afectan, esencialmente, a las sustituciones, lo que va a impedir garantizar éstas durante el presente curso escolar. Desaparecen casi 28 millones destinados a sustituciones de enseñantes. De los 35 que figuran en el presente ejercicio se pasa a menos de 8 en 2010. Miles de estudiantes canarios pueden perder miles de horas lectivas ante una decisión insólita que empeorará notablemente la educación que se imparte en colegios e institutos.

Si ya las sustituciones, por su falta de agilidad, suscitaban el rechazo de las asociaciones de padres y madres y de los propios sindicatos, la cosa puede ir a peor con las decisiones que está adoptando el Ejecutivo. Decisiones realizadas sin diálogo con los afectados y ajenas a las preocupaciones crecientes de las comunidades educativas de las Islas.

Ratios

A ello se suma el malestar por el aumento de las ratios en este comienzo de curso, así como el incremento de los grupos mezcla (con alumnado de dos o tres cursos distintos en la misma clase), que no son necesariamente negativos, según señalan los expertos en educación, pero que sí parecen incompatibles con aulas con 28 o 30 alumnos, como viene ocurriendo en este curso 2009-2010.

Lo que no sucedía desde hace casi una década comienza a materializarse ahora: la unidad de acción conjunta de sindicatos docentes (de todos, superando la ruptura y las profundas heridas del conflicto de la homologación), asociaciones de padres y madres de alumnos y colectivos estudiantiles. Están alertando de las consecuencias que el recorte presupuestario tiene y tendrá en un sistema público educativo que tiene muchas carencias y que precisa ser considerado una prioridad real por nuestros gobernantes si, de verdad, quieren sacarlo de su actual atolladero.

El Gobierno de Canarias ha optado por la confrontación con el profesorado y por la disminución de los presupuestos educativos, alejándonos aún más de la media inversora de los países con mejores sistemas de enseñanza. Cuando desde el Estado se plantea la importancia de un gran Pacto por la Educación, que saque a esta del debate partidista y le dé estabilidad, mejorando sus actuales niveles de calidad, el Gobierno de ATI-CC y el PP hace todo lo posible por truncar cualquier posibilidad de entendimiento con docentes, estudiantes y APAs.

Y demuestra, una vez más, que la educación no se encuentra entre sus prioridades. Por ello, tienen razón las comunidades educativas cuando exigen diálogo y rechazan las restricciones presupuestarias en servicios esenciales, señalando la necesidad de compromisos reales para que la educación responda a las necesidades de la Canarias del siglo XXI, formando adecuadamente a nuestros jóvenes como buenos ciudadanos y como gente preparada para competir en el cada vez más complejo mercado laboral.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *