Fiasco bilateral

Tanto el presidente Rivero como el ministro Chaves aplauden el desarrollo del Plan Canarias, cuando este no cumple ni de lejos sus objetivos iniciales. Un Plan, presentado por Zapatero y Rivero en octubre de 2009, como muestra de la preocupación del Estado por la situación canaria, anunciando la excepcional aportación de 25.000 millones de euros adicionales en inversión en una década, de los que 10.000 millones se invertirían en los primeros cuatro años.

La realidad es que a Canarias no ha venido ni un sólo euro adicional. Es más, lo que ha sucedido desde esa fecha es que Canarias ha visto reducida su aportación económica en la nueva financiación autonómica, aprobada por ley en diciembre de 2009, perdiendo 545 millones de euros anuales respecto a la media de financiación estatal; y que, además, la inversión en los Presupuestos Generales del Estado queda 242 millones por debajo de la media. Se incumple así el artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF, cuando sí se cumple con las CCAA con cláusulas de salvaguarda de las inversiones en sus Estatutos: Andalucía, Baleares, Cataluña, Aragón y Castilla-León.

Lo que se está vendiendo como Plan Canarias son tres programas estatales, parques tecnológicos, infraestructuras turísticas y reindustrialización, que son políticas sectoriales estatales que tienen su expresión en las Islas, como no puede ser de otra manera ya que somos parte del Estado. O medidas como el Plan de Infraestructuras Educativas del PIEC, que llevan más de una década incluyéndose en los Presupuestos Generales del Estado. Lo único relevante y significativo es la financiación de los ferrocarriles de Gran Canaria y Tenerife.

Sobre la denominada Ley de Aguas Canarias ya he señalado en artículos anteriores que supone un total engaño: ni hay un metro menos de aguas internacionales, ni más competencias sobre las aguas españolas (las 12 millas alrededor de cada isla), ni se incrementa un metro más la superficie de Canarias a efectos de computar para la financiación autonómica del Archipiélago. La propia disposición adicional es concluyente: “el trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”.

Por otra parte, me parece muy grave que Chaves se haya comprometido, en nombre del Gobierno central, a no presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, aprobada por el Parlamento canario. Una ley que, entre otras especies, descataloga los sebadales para justificar la construcción del Puerto de Granadilla, pretendiendo salvar así las dificultades que hasta ahora el Gobierno canario ha encontrado en los tribunales. Con este compromiso Chaves desautoriza, una vez más, a los socialistas canarios que habían asegurado en el Parlamento que el Gobierno central presentaría dicho recurso, porque según su portavoz suspendía y reducía la protección a más de 325 especies autóctonas.

El PSOE de Zapatero, para seguir con su “buena sintonía” con ATI-CC, va a ser cómplice de dejar el camino despejado a un texto legislativo que carece de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Gobierno de Canarias, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios. Y que, además, ha contado con un fuerte rechazo de la sociedad isleña que se ha manifestado públicamente en contra de esta ley y a favor de la biodiversidad canaria.

REF

Por último, estoy en desacuerdo con el procedimiento seguido para iniciar la “reforma urgente” del actual REF, sin acuerdo con los grupos parlamentarios y ni siquiera consenso dentro del anterior Gobierno canario, donde el presidente negociaba con el PSOE de Madrid un documento diferente al elaborado por el vicepresidente Soria que dirigía la Consejería de Economía. Es la primera vez que la reforma del REF se aborda de esta forma tan partidista y ello augura unos malos resultados. Creo que la principal solicitud a realizar sobre el REF es que efectivamente se cumpla los textos legislativos en vigor. En concreto que se cumpla el artículo 95 y 96 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que establece que “las inversiones estatales en Canarias no debe ser inferior al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular” (artículo 96).

Las 10 medidas propuestas sobre el REF en el Anexo I al acuerdo político entre ATI-CC y PSOE, muchas pendientes de las pertinentes autorizaciones comunitarias, son unilaterales, insuficientes e impropias para abordar una reforma en profundidad y con rigor de un instrumento tan importante para Canarias como es nuestro REF. Lo primero que se necesita es un balance objetivo del impacto que ha tenido el nuevo REF en la economía canaria, que recordemos entró en vigor el 1 de enero de 2007 y tiene autorización comunitaria hasta el año 2013. A la luz de esta evaluación y en el contexto de la nueva situación económica habrá que consensuar política y socialmente las modificaciones que se consideren más apropiadas. Las actuales prisas de Rivero sólo se explican en clave electoral para aparentar que hace “algo” ante la crisis, pero las medidas hasta ahora anunciadas ninguna ha tenido recorrido práctico.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*