El fin de las cajas

En este marco de contrarreforma liberal se inscribe la nueva medida propuesta por el Gobierno para las Cajas de Ahorros, en lo que constituye una vuelta de tuerca más para apresurar la privatización de estas entidades parapúblicas en las que se depositan más de la mitad de los ahorros de los ciudadanos y empresas españolas. La ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado estos días que se va a elevar del 4% actual al 8% el ratio de solvencia (core capital o capital básico sobre activos ponderados por riesgo) de todas las entidades financieras y subirlo al 9% o al 10% (aún no ha concretado hasta dónde) para las que no coticen en Bolsa, es decir para las Cajas de Ahorros.

A las Cajas se les da un plazo, hasta el 30 de de septiembre, para incrementar su capital. En este contexto de crisis financiera sólo queda la vía de acudir a inversirores privados, para lo que deben transformarse en bancos y vender sus acciones. Si no lo logran en tan breve plazo, el Gobierno inyectará dinero público, por mediación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero no a través de préstamos, como hasta ahora, sino adquiriendo el Estado acciones ordinarias en condiciones de mercado. Esta participación estatal en el capital nunca superará los cinco años, por lo que tras sanear la entidad sacará a Bolsa estas acciones, entrando capital privado. No se trata de una 'nacionalización', como algunos medios titularon de forma precipitada, sino de los pasos precisos para privatizarlas previo saneamiento público.

Operación privatizadora

Nos encontramos ante la mayor operación privatizadora de la democracia española, muy superior en términos económicos a la protagonizada por los Gobiernos de González y de Aznar cuando pusieron “en manos del mercado” las empresas publicas o participadas por el Estado: Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Argentaria, etc. Supondrá entregar a los bancos y, sobre todo, a los grupos financieros y fondos de inversión internacionales, un suculento pastel de 1,3 billones de euros, que es el valor de los activos de nuestras Cajas. Se va a vender, a precio de saldo, esta importante cartera de negocios y de clientes, precisamente a aquellos grupos cuya avaricia ha generado la actual crisis económica. Para calibrar la magnitud de esta cifra baste decir que es mayor que todo el PIB de España en el año 2009. En Canarias, sólo los activos de las dos Cajas locales superan los 23.000 millones, superior a la mitad del PIB canario de 2009.

Esta nueva propuesta del Gobierno viene, una vez más, impuesta por los llamados “mercados financieros” y por las posiciones conservadoras que hoy dominan las instituciones de la Unión Europea, que no tienen confianza en la parte del sistema financiero español que no son bancos, por considerar a las Cajas “una anomalía del capitalismo financiero”, al ser entidades parapúblicas donde “se desconoce quienes son sus propietarios o accionistas”. No debemos olvidar que las Cajas tienen una historia de 200 años y han participado activamente en los mercados financieros internacionales en las últimas décadas. En mi opinión, la medida es claramente discriminatoria hacia las Cajas. Los bancos tendrán exigencias más bajas de core capital por lo que podrán financiarse a menor precio y podrán ofrecer a sus clientes productos mejor remunerados. Hasta el conservador Ruiz-Gallardón ha terciado para denunciar que “se obliga a las Cajas a competir con una mano atada a la espalda ya que se les impone el ratio de solvencia más elevado del mundo, por encima de los requisitos de la reforma de Basilea III” que, además, sólo entrará en vigor a partir de 2013.

En julio de 2010 ya expresé mi rechazo al Decreto-Ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, acordado por PSOE y PP, por el que se inició un proceso, encubierto con la cortina de humo de la supuesta despolitización, de auténtica privatización de estas entidades, sin generar un debate previo y dar posibilidad a las comunidades autónomas y a la sociedad de opinar sobre un tema tan importante como el futuro de las Cajas. Con esta nueva proposición del Gobierno de Zapatero se acelera de forma vertiginosa la privatización y el fin de las Cajas de Ahorros tal como hoy las conocemos.

El dividendo social

Además, este proceso privatizador se lleva por delante el “dividendo social” que aportan las Cajas, no limitado a la “obra social (que sostiene programas culturales, educativos, solidarios o deportivos), en donde las Cajas invierten en el último período unos 2.000 millones anuales. Este ”dividendo social“ también incluye, como señala Vidal-Folch en un reciente artículo, ”la competencia introducida por las Cajas que ha supuesto un ahorro de los precios soportados por los usuarios de los servicios financieros; la asunción de la carga financiera de los sucesivos planes de vivienda; la derivada de la concesión de créditos blandos a las pymes y la agricultura y, sobre todo, la reducción de la exclusión social financiera“. Esto último mediante una amplia red de oficinas en plazas pequeñas (menos rentables) y el acceso de familias menos prósperas a productos y servicios financieros que no cubre la banca comercial.

Por último, no deja de ser curioso que esta medida, la privatización de las Cajas, es la única que ha adoptado el Gobierno central, en consenso con el PP, para reformar el sistema financiero, mientras sigue sin hacer nada respecto a la evasión de capitales, no se ha adoptado ninguna decisión que grave los cuantiosos beneficios de los bancos o que pongan límites a los salarios y jubilaciones millonarias de los directivos de las entidades financieras. En definitiva, los que han generado esta crisis no solamente no la pagan en absoluto, sino que se llevan el grueso del negocio.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*