Ganar en democracia

Hay que recordar que entonces más de 150.000 papeletas, es decir el voto del 16,3% de los que se acercaron a las urnas en el Archipiélago, no lograron reflejarse en escaños. Porcentaje que fue aún más alto en islas como Gran Canaria (23%, uno de cada cuatro votantes) y Lanzarote (36%, uno de cada tres), lo que supuso un menor pluralismo en el Parlamento y sobre todo que este no respondiera en buena medida a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Todo ello a consecuencia de la restrictiva ley electoral que padece Canarias.

Como he señalado en otras ocasiones, esta injusta ley dejó en los comicios autonómicos de 2007 a Nueva Canarias fuera del Parlamento con 51.000 votos, debiéndole haber correspondido dos escaños por Gran Canaria, mientras que ATI-CC consiguió, con 21.000, un diputado por esa isla. En el caso de Lanzarote, el PIL, con 9.771 votos, el 22,7% de los sufragios emitidos en la isla, quedó también excluido, habiendo sido la segunda fuerza en número de votos y a la que le hubieran correspondido dos escaños con una ley electoral más justa. Actas que en cambio sí lograron, con menos votos, ATI-CC (8.100), y el PP (6.700).

Amplios sectores de la sociedad canaria hemos exigido que el Parlamento corrigiera esa poco democrática situación y procediera, en consecuencia, a modificar el actual sistema electoral y sus disparatadas barreras electorales, concretamente con la bajada del 30% al 5% insular, como primer e imprescindible desarrollo.

Bloqueo a la reforma electoral

Pero PP y, especialmente, ATI-CC, bloquearon cualquier posibilidad de cambio en esta séptima legislatura, en la que a mitad de período legislativo el entonces diputado Santiago Pérez presentó una propuesta de reducción de los topes al 5%, luego olvidada por los dirigentes del PSC-PSOE en alguna gaveta.

Se repetía la historia de siempre, en la que el partido de Rivero incluso llegó a sacrificar la trascendental reforma del Estatuto de Autonomía, lo que nos hubiera permitido ampliar competencias y blindar las inversiones estatales, como hicieron otras comunidades.

Y ATI-CC lo hizo, renunció a la reforma estatutaria, para evitar que se modificara este injusto y arbitrario sistema electoral.

Además, en esta legislatura que agoniza, aprovechando la debilidad de Zapatero, ATI-CC logró que en su acuerdo presupuestario y de estabilidad con el PSOE estatal este se doblegara y separara reforma estatutaria de modificaciones en el sistema electoral, tirando por tierra la posición que los socialistas venían manteniendo en los últimos años.

En ese sentido, suena a una enorme hipocresía que el Gobierno de ATI-CC anuncie la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que impide el voto de los emigrantes canarios a ayuntamientos y cabildos, que afecta a 80.000 canarios, mientras menosprecia clara y reiteradamente a una parte muy significativa de los votantes que residen en el Archipiélago, más de 150.000 en 2007.

Ante la situación planteada, ante la imposibilidad de que se reformara el sistema electoral, por los estrechos y mezquinos intereses de quienes gobiernan hoy en las Islas, por su pretensión de perpetuarse en el poder y evitar la fuga de organizaciones insulares de ATI-CC, nos quedaban dos opciones.

La primera, cruzarnos de brazos, aceptar la situación por muy injusta que sea, resignarnos y esperar pacientemente a que en un futuro más o menos inmediato nuestro Parlamento tuviera a bien abordar esta imprescindible reforma para la calidad de la vida democrática de las Islas, rompiendo con la actual actitud de mantenimiento de tan arbitrario sistema.

Actuar para cambiar

La segunda, actuar para articular la mejor manera de superar la actual e injusta situación y posibilitar que fuerzas con un alto grado de representatividad consiguieran representación parlamentaria y, al mismo tiempo, que los deseos de la ciudadanía no fueran frustrados por un sistema electoral más restrictivo que el de Turquía (que tiene una barrera del 10% para 'eliminar' a la minoría kurda) y sin parangón en la mayoría de los estados democráticos, en los que las barreras oscilan entre el 3% y el 5%. Y, reflexiva y consecuentemente, optamos por esta última vía.

Aunque Nueva Canarias va a superar claramente el 6% con los votos que va a lograr en Gran Canaria, decidimos contribuir a que otras organizaciones afectadas por este injusto y arbitrario sistema electoral pudieran también superar las actuales y draconianas barreras.

Por ello, a lo largo de los últimos meses Nueva Canarias ha ido articulando diferentes acuerdos con fuerzas insulares en los distintos territorios del Archipiélago. En Lanzarote, con el Partido de independientes de Lanzarote y el Partido Nacionalista de Lanzarote; en La Gomera, con Nueva Gomera y Socialistas por La Gomera; en Tenerife, con Los Verdes y Socialistas por Tenerife; en La Palma, con Nueva La Palma; y, el más reciente, el establecido entre Nueva Fuerteventura y Asambleas Municipales de Fuerteventura.

Fruto de esos acuerdos, el nuevo Parlamento ?en eso coinciden todos los sondeos- contará con más fuerzas políticas, será más plural y más representativo. Superaremos muy ampliamente el 10% en apoyo ciudadano y alcanzaremos seis o más diputados. Conformaremos una realidad parlamentaria que va a modificar las correlación de fuerzas dentro del Parlamento; y que tratará de influir en la conformación de un nuevo Gobierno de Canarias que establezca un firme compromiso a favor de la economía productiva y el empleo, de la mejora de la calidad de los servicios públicos, de los equilibrios territoriales y la colaboración con ayuntamientos y cabildos, de la defensa de los intereses de Canarias en España y en Europa, del incremento en el peso de las energías renovables?Y, por supuesto, de modificar la ley electoral canaria para ganar en democracia.

Román Rodríguez