Gente que Rajoy no expulsará

Ayuntamiento de Telde, desde el 8 de noviembre de 2006 están imputados los siguientes cargos públicos de la anterior legislatura: Francisco Agustín Valido Sánchez, alcalde, José Suárez Martell, concejal de Depósitos y Aguas, Sonsoles Martín, concejala de Ecuación y Cultura, Obras públicas y Contratación´, Domingo Ramírez Galindo, concejal de Servicios Municipales los cuatro están imputados por cohecho y en libertad provisional tras pagar una fianza de 80000 euros cada uno. Maria Antonia Torres, imputada por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en libertad provisional con fianza de 100000 euros.Carmelo Julián Oliva Bethencourt, concejal de Hacienda y Personal,en libertad condicional, con fianza de 90000 imputado por cohecho y prevaricación. Mari Carmen Castellano Rodríguez, segunda Teniente de Alcalde, concejal de Desarrollo Local y presidenta del PP de Telde, imputada por cohecho y malversación de caudales públicos, en libertad provisional con fianza de 60 mil euros. Ayuntamiento de Mogán, desde enero de 2007 el alcalde Francisco González está imputado por prevaricación, tráfico de influencias, delito de omisión del deber de perseguir delitos, delito contra el ordenamiento del territorio y del medio ambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y malversación de caudales públicos. La exprimera teniente de alcalde Onalia Bueno está imputada con los cargos de prevaricación, tráficos de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, delito electoral y delito de descubrimiento y revelación de secretos. Después de estas imputaciones Soria volvió a respaldar a Francisco González como candidato a la alcaldía moganera. Además desde enero de este año Jorge Rodríguez, ex portavoz del PP, está imputado por un delito de tráfico de influencias. Rodríguez sigue siendo secretario de Formación del Partido Popular.

Todos estos personajes tienen tres cosas en común: son canarios (no inmigrantes), fueron nombrados como candidatos a instituciones públicas por el PP que dirige José Manuel Soria y los jueces sospechan que han incumplido las leyes que debemos respetar todos. La pregunta es muy sencilla:¿Rajoy no les obligará a firmar un contrato que les exija que respeten las leyes? En cualquier caso tengo claro que firmen o no firmen el contrato, incluso aunque sean condenados judicialmente, no creo que Mariano Rajoy los vaya a expulsar de Canarias, por una razón muy sencilla: a pesar de que algunos son autores convictos y confesos, a pesar de las pruebas que hemos podido ver publicadas, a pesar de la mierda conocida y por conocer relacionada con la gestión de estos personajes, José Manuel Soria no se ha molestado ni siquiera en expulsarlos del Partido Popular.

Juan García Luján