El gobierno y los apagones

En Villa Certosa Silvio Berlusconi no organizó fiestas el fin de semana pasado. El ministro de Economía de Italia (este ministerio posee el 30% de acciones de Enel, empresa que controla Endesa-Unelco) declaró luto oficial por temor a ser expulsados de Canarias. Y así podríamos seguir contando una historia cómica a partir de las amenazas del Mencey Rivero a Unelco y red eléctrica a cuenta del último temporal que dejó sin electricidad durante un día Tenerife. La comedía se convertiría en tragicomedia si incluimos el capítulo protagonizado por el vicepresidente del Gobierno canario, para PP Manolo el apagón es culpa de los ecologistas. Dos mensajes contradictorios venidos de dos cabezas que coinciden en algo: no están dedicadas a pensar en los intereses generales de Canarias.

Si Rivero y Soria leyeran los informes que encarga el gobierno canario se darían cuenta que el camino para evitar futuros apagones no pasa por ponerse farruco (de cara a la galería) con Unelco como hizo el presidente, ni dedicarse a insultar a los ecologistas como pretendió el vicepresidente. Un informe encargado por la consejería de Industria y Energía concluye que si en Canarias se implantara la energía eólica los costes de la producción energética se reducirían a la mitad. El informe reconoce que producir energía eléctrica en el archipiélago cuesta cada año casi 700 millones más que en España. A pesar de eso Unelco-Endesa mantiene sus beneficios económicos porque la diferencia de los costes de producción se afronta con los presupuestos del Estado.

El problema de Canarias es que no tenemos memoria. Desde que era una empresa pública Unelco se constituyó en un poder fáctico en las islas, una parte de sus suculentos beneficios los utilizaba para participar en operaciones políticas como la privatización de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria, operación en la que se movió dinero de todos los colores, y otra parte en anuncios en los periódicos y patrocinios de medios de comunicación que le han servido para protegerse de las críticas y de los críticos. La voluntad política y las líneas editoriales se compran con dinero.

Por eso no le resultó difícil a la empresa que dirigía Manuel Pizarro (que se llevó 9 millones de euros de finiquito) salir indemne de la comisión de investigación de la tormenta Delta que se montó en el Parlamento de Canarias. Todos los grupos políticos, incluido el PSOE, votaron unas vergonzosas conclusiones que se limitaban a desear que la próxima vez no llueva tanto y que, por favor, el dios Eolo no se pusiera tan pasional. Y así llegamos a 2010, el viento levantó unas placas en la central de las Caletillas, entraron unas gotitas y casi un millón de personas se quedaron sin electricidad. Así de simple, así de vergonzoso.

Ha sido el gobierno de Paulino Rivero y José Manuel Soria el que ha convocado un concurso eólico que está dejando en manos privadas la gestión de nuestro viento. En Lanzarote se presentó una empresa pública canaria, pero el gobierno prefirió darle la mayor parte de los molinos a la multinacional Unelco-Endesa. Hace unos días el profesor Antonio González Viéitez lo explicaba de forma brillante en un artículo en este periódico. El gobierno canario no puede expulsar a Unelco-Endesa de Canarias. Pero puede apostar por otras energías y explotarlas desde las instituciones públicas. Pero este gobierno necesita los apagones como Silvio Berlusconi las velinas, por eso Unelco podrá seguir haciendo lo que le de la gana.

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Juan García Luján