¿A gritos?

De todas las ocurrencias con las que Paulino Rivero nos viene obsequiando a los canarios cada fin de semana, “menos Estado, menos dependencia”, “basta España!” y “Reforma constitucional a gritos”, ésta última merece algún comentario.

Todas forman parte de un libro de estilo de Coalición Canaria, que hace suya una muy antigua tradición hispana: la de proponer constantemente nuevas leyes para resolver los males de la Patria, como si las leyes poseyeran una taumatúrgica capacidad de mejorar la realidad.

Pero -era en cierto modo inevitable- mezcla esa tradición con una actitud escapista que Coalición Canaria ha convertido en arte. De modo que, cuando las cosas no funcionan en Canarias, nadie tiene que asumir responsabilidades. Nadie de quienes han estado perpetuándose en el poder legislatura tras legislatura tanto si ganan por mayoría absoluta, como si por mayoría relativa o, simplemente, aunque pierdan las elecciones. Y esto vale para cualquier ámbito de las Instituciones canarias. Es decir, proclamando su derecho a no rendir cuentas sino ante Dios o ante la Historia.

Canarias no necesita tener las mejores leyes del mundo. Ni España la mejor de las Constituciones. Ni el grave deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político se resolverá como por ensalmo cambiando la Constitución de 1978.

La Constitución de 1978 fue el fruto de un consenso inédito en toda nuestra historia constitucional, como consecuencia de un conjunto de factores, favorables y desfavorables, que será muy difícil reproducir. Intentarlo ahora, con el viento arreciando en contra, ni es prudente ni prioritario. Pero aparenta ser un atajo para todos los que quieren aparecer como “extras” en un drama del que son actores principales. En realidad no es un atajo, sino un espejismo. Un espejismo de quienes se han extraviado por el desierto de los pasillos del poder.

La Constitución española no es un texto vetusto ni desfasado. No vale escudarse en el latiguillo habitual de que hay nuevas generaciones que no participaron en La Transición. Hay países cuyos sistemas políticos, con constituciones escritas o no, llevan vigentes durante generaciones, son estables y sus cambios son evolutivos. El Texto de 1978 diseña bien las Instituciones de una monarquía parlamentaria, reconoce y protege más que satisfactoriamente los derechos fundamentales y ordena territorialmente el poder político, es decir la convivencia entre los pueblos de España, a partir de principios de unidad, pluralidad y solidaridad. Luego ¿de qué Reforma constitucional están hablando? ¿de una Reforma total? ¿para ir hacia dónde?.

En mi opinión, lo que ha ocurrido es que el acuerdo político en la sociedad española del que surgió la Constitución está roto. Ha resurgido con toda su fuerza, apoyándose en esta Globalización, en la Crisis económica y en la mayoría conservadora que dirige la UE, la “constitución real”, es decir la relación real de fuerzas existente en la sociedad española. En ese escenario, los intereses y las ideas conservadores disfrutan de una posición muy favorable y se están imponiendo implacablemente. La Constitución de 1978, minada la base social en que se sustentaba, sucumbe ante el empuje de los factores reales de poder existentes en el país. El antiguo análisis de Ferdinand Lassalle, expuesto en 1862, recupera una sangrante actualidad.

Por eso, la cuestión no es cambiar la Constitución, sino recomponer un clima social que permita a ésta o a otra Constitución que proclame los mismos valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político ser la norma que ordene efectivamente la convivencia entre las personas y los pueblos de España y no un mero papel sin fuerza normativa alguna.

Reclamar una Reforma constitucional es continuar negándose a hacer lo que de uno depende desde hace tiempo y no ha querido hacer. Y rubrica indefinidamente esa negativa.

El deterioro del sistema democrático es reversible, pero requiere abandonar radicalmente las actitudes que lo han degradado:

-colonización de las Instituciones por las burocracias partidistas;

-incumplimiento sistemático del contrato con la ciudadanía que constituyen los programas y compromisos electorales;

-manipulación constante de los medios informativos públicos, lo que se añade a un déficit de pluralismo en los medios privados, dificultando la formación de una opinión pública libre, sin la cual la democracia se convierte en una forma vacía de contenido como ha subrayado el Tribunal Constitucional;

-mantener sistemas electorales diseñados para impedir la alternancia/rendición de responsabilidades, como en Canarias, o que anulan el protagonismo de los ciudadanos frente al de las burocracias de los partidos, minando el principio de la soberanía popular;

-forcejeo constante para ampliar el poder institucional que uno controla a costa del de otras entidades territoriales, como vienen haciendo desde la Comunidad Autónoma con cabildos y ayuntamientos;

-pervertir la elaboración y el contenido de las Leyes, alejándolas de los intereses generales, como ocurrió con la Reforma exprés de la Constitución (2011) y se va convirtiendo en práctica frecuente del Parlamento de Canarias: la Ley del Catálogo de Especies Amenazadas, la reforma de la Ley de Cajas para posibilitar la reelección de una persona, o la más reciente aprobación por Ley de la arbitraria reducción del 20% del salario y del horario de trabajo a más de 3.000 empleados públicos son vivas muestras de ello;

-desprecio de las fórmulas de participación política, como la iniciativa legislativa popular, o de los derechos de información, participación ciudadana y acceso a la justicia en la planificación del territorio y de los recursos naturales?

Y muy principalmente las actitudes de tolerancia o de franca complicidad con la corrupción, a partir del huero patriotismo de grupo o de partido.

Estos comportamientos son los que alejan a la ciudadanía y particularmente a los jóvenes de la política y de las Instituciones democráticas. Es una práctica política que, en lugar de convertir el respeto a los valores y principios constitucionales en una “segunda naturaleza” de los actores políticos y, en especial, de los gobernantes --como proponía el político y constitucionalista socialdemócrata Hermann Heller--, reforzando constantemente la credibilidad del orden constitucional, se aleja constantemente de aquellos principios y valores.

Cambiar todo lo que depende de uno es un duro ejercicio de responsabilidad del que algunos se evaden constantemente. Y se fugan, siempre se fugan, propugnando cambios en la Constitución y en las Leyes cuya orientación son incapaces de definir, ni dependen de ellos, ni son prioritarios ni, seguramente, viables.