Que la irrupción en escena de unas escuchas de Adan Martín con el empresario Santiago Santana Cazorla hayan hecho cambiar los vientos dominantes es una infamia que este pueblo no puede tolerar.Ya Soria no mira hacia la Fiscalía para encontrar culpables de una persecución que no es; Coalición Canaria sólo mira ahora al juez de San Bartolomé de Tirajana que instruye la operación Góndola y parece que el miedo escénico se apodera de demasiadas gentes. Es como si, de repente, la lucha contra la corrupción hubiera dejado interesar y en su lugar importe sólo proteger a esos personajes poderosos. El señor Martín, nuestro presidente, ha perdido una gran oportunidad para demostrar al pueblo canario que cree en la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. O, lo que es lo mismo, ha demostrado que ante una buena causa, como es la de limpiar Canarias de corrupción, no ha querido o no ha sabido ponerse al frente con algo así como un grito épico: que me investiguen a mí el primero. No ha tenido la entereza de soportar un rasguño. Porque a los políticos debiéramos advertirles, como dice la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sus derechos a la intimidad, al honor y a la propia la imagen son más frágiles que los del común de los mortales debido a esa condición de personajes públicos apoderados por el pueblo para gestionar sus asuntos. El presidente no debe dejar las cosas así de precarias. Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer de qué hablan los políticos cuando lo hacen con personas igual de decentes, pero que están siendo investigadas. Y también tenemos derecho a saber cuál es su patrimonio al entrar y cuál al salir de la política. Los políticos apenas pueden tener intimidad ante el criterio superior del pueblo que les vota. Por tanto, debe el presidente utilizar todos esos medios, que ha puesto a contribución para someter al viento dominante, para que se desclasifiquen las escuchas, las suyas y las de su consejero de Medio Ambiente (quedamos a la espera de lo que dicte el instructor sobre el futuro procesal del director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias), antes de que pierdan actualidad. Porque, asumido por convicción y porque lo dice un auto que no hay indicios de delito alguno en su comportamiento, muchos piensan que sus escuchas o las de su consejero acaso no sean tan inocuas. Y debe el presidente, ahora que se retira después de tantos años en el servicio público, desvelar su patrimonio y el que tenía al entrar en política, así como el de las sociedades donde participa, incluidas las de gananciales. ¿O es que si el público así se lo pide lo estará haciendo sin derechos y de forma impertinente? Por el enorme respeto que tenemos al presidente del Gobierno y a la institución que representa le exigimos que no se esconda detrás de filtraciones para no explicar las cosas. Que con filtraciones o sin ellas el fondo del asunto es el mismo, y esa sensación de impunidad al parecer quiere el presidente que la usufructúen los políticos en general: la minoría corrupta y la mayoría decente.