Involución de nuestro ordenamiento territorial

Los objetivos que declara la Ley son razonables: simplificar la normativa territorial, agilizar el planeamiento, estimular las actividades agropecuarias, promover las actividades industriales, apoyar las energías renovables o impulsar la renovación turística. Pero las medidas propuestas son claramente inapropiadas y contraproducentes y han concitado el rechazo de cabildos, ayuntamientos, patronales turísticas, sindicatos, colegios de arquitectos, grupos ecologistas? El último que con rotundidad ha manifestado su discrepancia ha sido el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible del propio Ejecutivo, Faustino García Márquez, que además presentó su dimisión por este motivo, y quien en su informe oficial estima que las determinaciones del proyecto de Ley “resultan inasumibles desde la perspectiva de un desarrollo territorial sostenible”. Invito a los lectores a que recuerden una sola entidad que haya manifestado su apoyo a este proyecto.

En mi opinión nos encontramos ante una contrarreforma de la legislación territorial vigente (Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y Directrices de Ordenación General y del Turismo), una auténtica involución hecha por la puerta de atrás, como han puesto de manifiesto los solventes informes técnicos del Colegio de Arquitectos de Canarias y del ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible.

Despropósitos

El proyecto de Ley pretende obviar los instrumentos de ordenación existentes (planes insulares, planes territoriales, planes generales, proyectos de actuación territorial) poniendo en manos del Gobierno decisiones para implantar directamente actividades industriales o equipamientos en suelo rústico o imponiendo unos desconocidos “planes de modernización y mejora del sector turístico” a los cabildos y ayuntamientos. En el colmo de los despropósitos con estos improvisados “planes” es el Gobierno quien directamente exceptúa a los promotores turísticos de solicitar la licencia municipal de obra para realizar proyectos en el ámbito turístico. Además, como otra novedad, propone que sea el Gobierno quien decida la aprobación de las Directrices de Ordenación Sectorial y la limitación del crecimiento de plazas turísticas, sustrayendo estas competencias al Parlamento, quien las tiene con la vigente legislación.

El Gobierno bicéfalo de ATI-CC y PP, formado por un ex alcalde y un ex presidente del cabildo, cree ahora que todo el poder territorial debe ser del Gobierno quizás porque ellos son ahora el Gobierno.

A pesar de su enorme trascendencia e impacto este proyecto de Ley se ha tramitado obviando el necesario proceso participativo y de consenso que siempre ha acompañado la elaboración de nuestras leyes de ordenación territorial. Recuerdo que tanto la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales como las Directrices de Ordenación General y del Turismo, cuyas determinaciones pretende derogar total o parcialmente este proyecto de Ley, fueron aprobadas por unanimidad y tras un gran debate social. En el caso de las Directrices, aprobadas en la legislatura en la que yo fui presidente del Gobierno, a lo largo de casi tres años se produjo un importante debate social con participación de cabildos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales, colectivos ecologistas, universidades o ciudadanos a título particular. Ese proceso generó un gran consenso social y la aprobación, por unanimidad de todos los partidos, en el Parlamento en el año 2003.

Falta de acuerdo

Contrasta este proceso con las prisas y la falta de acuerdo social con la que el actual Ejecutivo quiere aprobar este proyecto que pretende liquidar la moratoria turística y la legislación vigente de protección del suelo rústico. En mayo se dio una semana de plazo para presentar alegaciones por parte de las corporaciones locales y otras organizaciones a un borrador del proyecto. Las sugerencias presentadas, entre otros por el Cabildo de Gran Canaria, no se han tenido en cuenta y, además, el Gobierno aprueba un proyecto de Ley con importantes novedades respecto a ese borrador que, en mi opinión, empeoran el texto. Ese es el sentir que acaban de manifestar los presidentes de los cabildos, pidiendo el retraso de la tramitación de la Ley en el Parlamento.

Porque además de sin consenso se pretende tramitar por la vía de urgencia, con procedimiento parlamentario abreviado. No tiene sentido tramitar de esta manera una Ley de tanta importancia cuyas disposiciones remiten continuamente a nuevos procesos reglamentarios que pueden retrasar indeterminadamente la aplicación de las medidas declaradas urgentes o generar inseguridad jurídica si se aplicaran discrecionalmente por el Gobierno.

En este proyecto de Ley se determinan cuestiones muy relevantes para el presente y para el futuro del Archipiélago: cómo compatibilizar la protección del suelo rústico y de los recursos naturales con el necesario impulso de las actividades económicas, cómo modernizamos y renovamos nuestro sector turístico sin ocupar más suelo, cómo agilizamos los trámites del necesario planeamiento del territorio para que no se eternicen? Canarias necesita acertar. Y digo Canarias y no un partido u otro. Hasta ahora estos asuntos siempre los hemos resuelto por consenso. Llamo al Gobierno a que analice por qué este proyecto ha generado tanta oposición de la sociedad civil, a que actúe responsablemente, rectifique y retire este proyecto, volviendo al debate con el resto de instituciones y entidades para buscar el consenso necesario y acertar. Necesitamos reorientar gradualmente nuestro modelo económico hacia la sostenibilidad y no caminar en el sentido contrario. Porque Canarias no es el Gobierno pero el Gobierno sí puede llevar a Canarias con este proyecto por muy mal camino.

*Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*