Justicia somos todos por Francisco Santiago Castellano (*)

No se puede tener una economía del primer mundo y al mismo tiempo evadir la constatación de que nuestra administración de justicia tiene problemas que parecen situarnos precisamente más cerca de los países menos desarrollados. No es de recibo que se alardee ante la ciudadanía de la puesta en vigor de nuevas leyes y normas, incluso hasta la puesta en marcha de nuevos ministerios y al tiempo sólo reconocer y lamentar que el pilar del sistema que garantiza resolver cuestiones básicas y cotidianas de nuestro marco de convivencia, está colapsado e infradotado, sumido en el descrédito y la generación de malestar y frustración dentro y fuera de sus dependencias. No es admisible que un poder del Estado que está para reparar o condenar el daño físico o moral infringido a un ciudadano o a la comunidad en su conjunto, sea precisamente el que, por su inoperancia organizativa, se convierta en inductor de un daño mayor por dilatar su ejecutoria hasta plazos intolerables y más, cuando encima el resultado acaba en la absolución más clara o por el contrario en dramas que a todos nos conmueven. Que el poder ejecutivo y legislativo de un país entre en crisis, tiene socialmente una lectura menos dramática que la percepción de que lo que está en crisis es la justicia, porque para cambiar los primeros se tienen las elecciones de cada cuatro años pero, ¿y para cambiar la justicia?.

No se trata de buscar culpables, pero tampoco de escuchar más excusas. Ya ni siquiera es tiempo de sólo buscar soluciones sino de llevarlas a ejecución en un proceso que puede ser gradual, pero que exige también fuertes medidas de choque. Nadie cuestiona que corren tiempos difíciles como para financiar el plan de modernización integral que nuestro sistema de justicia necesita, pero tal vez afrontar esos mismos tiempos sin hacer absolutamente nada dibuja un escenario francamente peligroso para nuestro Estado de Derecho. Y es que, en mi opinión al menos, la depreciación de nuestras magnitudes económicas y de nuestros niveles de bienestar son un problema que en sí no necesariamente quiebran la credibilidad de un régimen de libertades, pero no así el que crezca una percepción generalizada de impunidad, de que el Estado no es capaz de frenar las conductas antisociales, que el quebranto de los derechos básicos de todos los ciudadanos queda sin respuesta o sin castigo simplemente porque no se ha dotado a los profesionales de las herramientas necesarias para impartir justicia. Si Hacienda somos todos, también todos somos justicia; si la primera sirve para inyectar recursos a nuestro común sistema, la segunda debe quedar traducida en valor y credibilidad suficientes para dar correspondencia al esfuerzo solidario de los ciudadanos y ciudadanas. Mantener lo contrario, apuntaría oscuros horizontes.

(*) Francisco Santiago Castellano es el alcalde de Telde

Francisco Santiago Castellano (*)