La justicia para todos por igual

Otra cosa es que esté o no de acuerdo con la legislación y con la interpretación que los letrados han hecho de la ley. Ya dije en mi anterior columna que la ley y la justicia no es lo mismo y que un veredicto puede depender mucho del punto de vista de un juez u otro. En esta ocasión, la decisión ha sido unánime y ante el delito cometido por el juez Garzón, la sentencia ha querido ser ejemplarizante.

No obstante, igual que digo esto, también afirmo que no me parece apropiado considerar que las motivaciones de los letrados están dictadas por unas tesis que los colocan al lado de una ideología tan deleznable como la fascista. Es más, algunos de los que han propiciado la caza de brujas a la que se ha sometido al juez Garzón no son sospechosos de ser de ideología conservadora, sino todo lo contrario. En este caso, parece que han primado más las vendettas personales que el deseo de hacer justicia en un caso como éste.

Dicho esto, si existe una pregunta que me ronda por la cabeza, tras la ejemplarizante sentencia es la siguiente: ¿será capaz la justicia española de comportarse igual de rápida y unánime con otros muchos casos tan importantes y trascendentes como el que ha llevado al banquillo a un juez de la Audiencia Nacional?

Empieza a ser insultante el que imputados de todo tipo y condición -muchos de ellos, cargos públicos de una u otra ideología- escapen de una condena, gracias a la lentitud de una justicia que deja que sus delitos prescriban antes de poder juzgarlos. Luego, esos mismos imputados se pasean por nuestra sociedad enseñando una sentencia que NO dice que sean inocentes, sino que su delito ha prescrito, nada más. Vale que quien hace la ley ?y la aplica- también tiene capacidad para hacer la trampa, por mucho que esta afirmación indigne a quienes están implicados en esta actividad. Sin embargo, hacer gala de estar “por encima de ley” no debería ser un eslogan tan habitual en una sociedad democrática como la nuestra.

Además, a nadie se le debería escapar, ni siquiera a los más fundamentalistas, un hecho más que demostrado. La causa contra la trama Gürtel era algo más una investigación contra una red de empresarios corruptos y amantes de expoliar las cajas de los dineros públicos. La trama Gürtel se convirtió en una investigación que buceó en las cloacas mismas del estado y, en especial, en las miserias de una determinada formación política, forjada en una ideología que no suele permitir este tipo de intromisiones.

Al final, el juez Baltasar Garzón se topó con una forma de entender nuestro país que siempre nos ha lastrado y condicionado, sobre todo frente al resto del mundo. Una mentalidad que tampoco le perdona al juez que osara tratar de reabrir las fosas donde están enterrados los “rojos” que a punto estuvieron de acabar con el “status quo” de nuestra nación.

Una vez terminé de leer la sentencia, se me vinieron a la cabeza las palabras del CAPO con mayúsculas de la camorra italina, Salvatore Riina de Corleone “Totó Riina”, acusado, entre otros muchos crímenes, de los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone (mayo 1992) y Paolo Borsellino (julio 1992).

Riina, tras muchos años de aislamiento, aceptó hablar con la fiscalía italiana, sobre todo para quitarse de encima una sombra que le molestaba sobre manera; es decir, aquella que le unía a los servicios secretos italianos como responsables, junto con el capo, de la muerte del juez Borsellino. En este asunto, Riina es tajante No me miréis sólo a mi, miraos a vosotros mismos. Si queréis resolver la muerte del juez Borsellino tendréis que mirar hacia adentro, hacia las cloacas del estado.

Está claro que lo más fácil es desacreditar las afirmaciones vertidas por un megalómano como Totó Riina, pero también es cierto que el Capo ya no tiene nada que perder y que Paolo Borsellino se distinguió por tratar de desenmarañar la tela de araña que unía a la camorra con el estado italiano.

Esa misma tela de araña que el, hasta hace unas semanas, juez Baltasar Garzón se había empeñado en desenmarañar y que ha acabado con su carrera, además de por las faltas por las que ha sido juzgado y condenado. Y el archivo de las otras dos causas que tenía pendiente, ahora ya resueltas, se me antoja un “premio de consolación” una vez logrado el objetivo inicial.

Sea como fuere, el daño infligido a la ya endeble credibilidad de la justicia nacional, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, me resulta igualmente triste y desolador y de poco sirve recurrir a la letra de la Ley para justificar lo que ha sucedido. Si esa misma ley se hubiera aplicado con la misma contundencia, muchos de los desmanes cometidos en las últimas décadas nunca se hubiesen llegado a producir y sus responsables estarían ahora entre rejas y no mangoneando el presente ?y condicionando el futuro- de un país como el nuestro.

Eduardo Serradilla Sanchis