Justicia y política

Como uno no es jurista, toda mi vida he evitado meterme en los pros y los contras de los autos y las sentencias. No soy como Trillo, que acató la del Yak 42 pero no la comparte. Pocas veces tienen que ver las decisiones judiciales, sobre todo si afectan a personajes poderosos, con la realidad política, que es la perspectiva en que me sitúo. Y desde este punto de vista, puede la magistrada no apreciar delito en la actuación de Soria que no seré yo quien lo discuta, líbreme Dios. Pero convendrán conmigo que, en el ámbito de la corrección y la decencia política, el mismo relato de los hechos admitidos en el auto denota ausencia del sentido de la ejemplaridad que cabe exigirle a un cargo público, cosa que la juez no tomó en cuenta porque no es penalmente reprobable.

Me referiré, concretamente, a dos hechos mencionados en el auto. Uno es el viaje de Soria en el jet de Lyng; el otro, el trato especial que recibía en Anfi en materia de pagos. Es normal, por supuesto, que las empresas prevean atenciones y rebajas para la gente importante. Bien sea el detalle de invitarla a volar en el jet privado del propietario, bien mediante una rebaja sustancial del precio de los servicios prestados. Entiendo que forma parte del mundo de las relaciones públicas, particularmente esmeradas con los cargos políticos. Como nadie da nada a cambio de nada, supongo que el objetivo es establecer y cultivar relaciones y contactos en los círculos de poder que, llegado el caso, faciliten gestiones o proyectos, lo que la mayoría de las veces no constituye delito. El mundo funciona como funciona y el caso de Soria no es único ni excepcional: son muchos los políticos que han pasado por Anfi, no sólo por Anfi, y han disfrutado de las atenciones del establecimiento y de los detalles de sus propietarios.

Nada de particular tiene que una empresa haga esa política, insisto. Pero un político como Dios manda, que manda poco a lo que se ve, sabe que ese trato no se da a los ciudadanos comunes y corrientes sino a ellos por ser quienes son. Por eso cabría esperar que lo rechazaran por razones éticas y de propia imagen, agradeciendo, eso sí, la intención, que tampoco hay que ponerse en plan malcriado.

La juez Varona no ve relación entre ese trato de Anfi a Soria y la decisión cabildicia sobre las camas con el añadido del posterior apoyo parlamentario del PP. Pura rutina empresarial, es cierto. Pero no lo es menos que, políticamente, no resulta de recibo su aceptación, sin consecuencias ni siquiera políticas, sino en repúblicas bananeras. Me remito como referente a la crisis política inglesa que contrapongo al numerito de Camps en Valencia saliendo del juzgado en plan torero con las orejas y el rabo del juez para que se viera que el bananerismo no es exclusivo de las regiones productoras de plátanos.

Lo mismo ocurre con las referencias del auto a que los mecanismos funcionariales y burocráticos del Cabildo funcionaron con el proyecto de Lyng sin mezcla de Soria alguna. O sea, que éste no intervino; ni siquiera se interesó por la marcha del expediente de Anfi; el muy ingrato. Nada que objetar a esta apreciación del auto. Aunque en la realidad y la práctica política no necesitaba mostrar interés ni intervenir porque le bastaba insinuar su deseo, que para eso tenía la mayoría absoluta que aseguraba su aprobación sin necesidad de andar de despacho en despacho. Va tener Paulino razón con la superioridad de la Universidad de la Vida al menos respecto a las facultades de Derecho. En cuanto al Parlamento, contaba con el apoyo de ATI-cc. Hoy por ti mañana por mí y todos impunes por inmunes.

El auto lo inspira el mismo espíritu que el de la semana pasada, el que archivó el caso del chalet de Esquivel en relación con el escándalo eólico, también firmado por Margarita Varona. En él se argumentó que Soria carecía de competencias para fallar en concurso tan aireado, lo que es rigurosamente cierto. Pero la cuestión no era ésa sino si trató o no de favorecer a la oferta de Esquivel, su casero por entonces, eliminándole el obstáculo de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, forzada a retirarse del concurso. El auto no estimó que los socios de Megaturbinas eran el Cabildo, la consejería de Industria a través del ITC y la Autoridad Portuaria de Las Palmas; y ocurre que Soria estaba de presidente del Cabildo, su hermano Luis era el consejero de Industria y ocupaba la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz, que nunca ocultó estar a lo que el Jefe dispusiera. ¿Creen ustedes que no estaba en condiciones de mandarle un ucase a Megaturbinas para que abandonara la cancha?

Si en el terreno judicial hay lo que hay, en el político hay mucho más a poco nos pongamos a pensar. El primero no castiga el descaro y la desvergüenza que en el segundo se rechaza. O debería rechazarse.

Entre las primeras reacciones figura la de Paulino que dijo esperar que se le restituya a Soria su honor. Vale si lo quiere ver así. Pero la cuestión es si el auto restituirá la credibilidad a la clase política y a las instituciones que ocupan. Ustedes dirán.