Sobre la juventud francesa

El Gobierno intervino con prontitud para evitar la repetición de los acontecimientos de hace dos años. Nicolas Sarkozy, recién llegado de China, asumió el mando: “el uso de armas de fuego contra policías constituye un intento de asesinato. No es algo que se pueda tolerar sea cual sea el drama de la muerte de dos jóvenes en moto”. Quizá logre reprimir eficazmente y acalle a miles de jóvenes por ahora, pero el presidente debe responder además por una situación social grave que las autoridades prometieron resolver tras la revuelta de 2005. Sin el menor éxito. La situación en estos barrios ha empeorado. El desempleo y la marginación permanecen o aumentan. Hasta ahora, la actitud de Sarkozy ni siquiera responde al principio reaccionario de “primero el orden y después las reformas”, puesto que sobre estas últimas no ha dicho ni una palabra.

Un dirigente socialista francés declaró que estos rebrotes de violencia son signos de una “profunda crisis social”. Cierto, y no sólo por el nuevo estallido en los barrios, las huelgas y movilizaciones recientes contra las contrarreformas de un presidente tan activo como conservador y neoliberal, sino además por las operaciones dirigidas desde el poder contra distintos sectores juveniles. El año pasado, cuando Jacques Chirac trató de aprobar el Contrato del Primer Empleo (CPE), tropezó con dos semanas de protestas que le obligaron a retirarlo a pesar de los esfuerzos de su primer ministro Dominique de Villepin. Naturalmente era un proyecto neoliberal, según el cual los empleadores iban a adquirir el derecho de despedir a los trabajadores menores de 26 años sin justificación alguna durante los dos primeros años de contratación, lo que en el mercado británico se conoce como “fácil contratación, despido fácil”. El dirigente estudiantil Karl Stoeckel caracterizó aquellas jornadas contra el CPE como “una victoria histórica tras una movilización histórica”.

Los jóvenes llevan ahora una larga lucha contra la privatización progresiva de los estudios superiores, expresada en la contrarreforma lanzada por la ministra Valery Pecresse con su Ley de las Libertades y Responsabilidades de la Universidad (LRU), aprobada el pasado verano. Al menos 41 universidades apelaron a la huelga hasta la retirada de la ley y la aprobación de nuevas medidas públicas de financiación. Lo primero no lo consiguieron todavía, pero anteayer la ministra cedió en uno de los puntos. Pecresse aceptó un compromiso financiero con los centros universitarios al confirmar el aumento de 15.000 millones de euros en los próximos 5 años. Otra importante victoria parcial de la juventud francesa. Y eso está bien.

Rafael Morales