Miserias gubernamentales

Lo dejaré estar, pues, para ocuparme de un asunto socialmente más relevante que las historias luzardinas. Concretamente, al anuncio de manifestación en septiembre para exigir la aplicación en Canarias de la ley de Dependencia. Esta ley fue iniciativa del Gobierno Zapatero que asignó unas sumas para dar asistencia integral a los discapacitados que dependen de otras personas. La aplicación de la ley debía hacerse a partir de las comunidades autónomas a partir de un censo de personas dependientes que podían acogerse a ella.

Pero el Gobierno canario pasó del asunto por una razón bastante miserable: impedir que la ley beneficiara al PSOE en las elecciones generales últimas. Aunque, una vez pasadas éstas, siguió sin mover un dedo, lo que legitima la sospecha de que a la indiferencia por este problema ha de añadírsele su acreditada incapacidad de gestión.

Cuando comenzaron las críticas, el Gobierno alegó que tiene ya un sistema de apoyo a los discapacitados mejor que el dispuesto por Madrid y superior a los del resto del hemisferio. Venían a decirle a Zapatero que se metiera por donde ustedes saben la ley de Dependencia; por innecesaria en este paraíso dónde tenemos de todo; menos vergüenza gubernamental, se entiende. Siempre se ha dicho que en casos como éste lo que abunda nunca sobra y si es verdad que los paulineses ya disponen de su propia red asistencial, no le perjudicará añadir a sus recursos el ofrecimiento del Gobierno central.

Pero me temo que fue un farol, consciente el Gobierno de las dificultades de la opinión pública para constatar que realmente existe ese sistema autonómico. O soberano, que es lo que ahora se lleva. Lo digo por el hecho mismo de esa manifestación de septiembre convocada para exigir la aplicación de la ley de Dependencia y reclamar indemnizaciones de daños y perjuicios por el año largo de retraso en las percepciones.

Refuerza la sospecha de que el Gobierno ha mentido que las reivindicaciones de la Plataforma convocante de la manifestación las apoyen ya, sólo en Gran Canaria, unas 5.000 firmas. No en vano se trata de una cuestión seria muy a flor de piel en miles de familias canarias. No pueden Paulino y su gente hacer politiquería miserable a costa de ellas. Y repito lo de “miserable” porque no encuentro nada más suave.