Municipalismo endeudado

El sector público estatal gestiona actual y aproximadamente en el Estado español el 53% del gasto público. Las Comunidades Autónomas gestionan alrededor del 36% del total del gasto público. El resto, un nada desdeñable 11%, los municipios. Porque tienen una fuerte demanda ciudadana de prestación de servicios sociales por ser la Administración más próxima al ciudadano, lo que hace que muchas veces presten servicios que correspondería hacerlo a una Administración de ámbito superior. Y porque tienen competencias propias en urbanismo y seguridad, entre otras. La cuestión es cómo las implementan. El grado de cumplimiento de La Ley de dependencia sería un ejemplo de lo que queremos indicar. Esta estructura del Estado en conjunto responde en verdad a un auténtico Estado federal, que debería ser un ejemplo de eficacia. Pero la praxis del día a día dista de ello.

Los graves problemas que afectan a la financiación y funcionamiento de los ayuntamientos hacen de la reforma de la financiación autonómica y de la reforma local una cuestión inaplazable. En momentos de crisis, es imprescindible asegurar la suficiencia financiera de estas Administraciones si se consideran prioritarias sus políticas sociales. Y deberían considerarse. La nueva Ley estatal de Gobierno Local, que pretende reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, debería tener en cuenta el peso real y efectivo de las administraciones locales canarias, generando un adecuado marco financiero, una flexibilizada política de endeudamiento controlado, y una nueva distribución de competencias que reconozca la verdadera importancia de estas administraciones, que ya abarcan cuestiones tan vitales como el urbanismo o la seguridad ciudadana. Si sólo se queda en cuestiones mediáticas, como la polémica del empadronamiento de inmigrantes ilegales que se refieren incluso a viviendas con las que no tienen a veces ningún vínculo de habitabilidad, sería una nueva oportunidad perdida, como ya lo ha sido la normativa relativa a las “grandes ciudades”. En Canarias serían más prácticos el Estatuto de Capitalidad o el de Municipios Turísticos, que no llegan o que se quedan en meras retóricas virtuales, sin la adecuada financiación desde otras administraciones competentes. Es necesaria la reforma municipal estatal, la segunda descentralización. Pero haciéndose bien y consensuadamente. No hacerse por hacerse; ni mucho menos gastar por gastar.

José Carlos Gil Marín