Municipios responsables

Desde la mayor de las discrepancias ante unas afirmaciones que sitúan al municipalismo en su conjunto en una negligencia culposa, quiero trasladarles en este texto una visión y defensa del ayuntamiento como piedra angular e imprescindible para el sistema democrático.

El ayuntamiento ha sido, es, el auténtico motor de la participación ciudadana en todos sus frentes y de la democracia real, sin subterfugios. Es un instrumento imprescindible para el bienestar individual y colectivo. Si no fuera por los ayuntamientos los colegios no estarían limpios y a punto todos los días para que los niños reciban sus clases; si no fuera por los ayuntamientos no se podría practicar deporte en los municipios, con infraestructuras, escuelas deportivas, etc, que hacen que miles de niños tengan un lugar para llenar de contenidos sus tardes. Y lo mismo pasa con la cultura, con las escuelas de música (a las que se han eliminado todas las ayudas), las universidades populares? o con los servicios sociales donde tienen cabida todas las políticas de prevención de las drogodependencias, de atención de todo tipo (domiciliaria, residencial, de ocio, etc) para los mayores, de servicios para los menores, para las personas sin recursos, etc. . Desde los ayuntamientos se garantiza el suministro de agua de calidad y para eso han tenido que construir desaladoras potentes, depósitos, redes?. El tratamiento de las aguas negras ha obligado a levantar depuradoras costosísimas pero imprescindibles. Sin los municipios no se podría hacer la recogida selectiva de residuos y el reciclado de las basuras. El tráfico, el patrimonio histórico artístico, los mataderos, los mercados, la salubridad pública, los cementerios, el mantenimiento de los espacios públicos, la integración de los inmigrantes, la seguridad ante los incendios, la apuesta por las nuevas tecnologías, el desarrollo local y rural a través de la potenciación del turismo rural, la agricultura, la ganadería? La participación en la atención sanitaria primaria, la vivienda, la seguridad pública, muchas veces obligada porque el Gobierno no cubre las plazas necesarias de guardias civiles o policías nacionales, la cesión de suelo para cualquier obra que se haga en el municipio?y podría seguir y seguir y la lista sería interminable.

Han tenido que asumir en los últimos años más de un 32% de competencias impropias (más de siete mil millones de euros al año), que corresponden a otras administraciones pero que son imprescindibles para el desarrollo de políticas de bienestar, de equidad y de lucha contra la exclusión social y no sólo no se ha contemplado su financiación sino que durante el Gobierno de Aznar se suprimió el IAE (el 20% de lo que recibían los ayuntamientos) con la promesa incumplida de sustituir su aportación con otro fondo?Y los ciudadanos lo saben, hasta el punto de que en las encuestas son los ayuntamientos las instituciones públicas mejor valoradas, los impuestos municipales son los menos cuestionados por los ciudadanos ( y eso que el 50% de los impuestos municipales son directos, frente a un 19% de los autonómicos) y en los procesos electorales la menor abstención se produce en las locales.

Pero es más, por cada 100 euros que los ciudadanos pagan en impuestos, 60 corresponden a tributos del Estado, 34 a tributos autonómicos y sólo 6 van para los entes locales y si la deuda del conjunto de las administraciones públicas representa el 57,7 del PIB, de ese porcentaje, el 44,1% corresponde a administración central, el 10,25 a la comunidades autónomas (que la han aumentado en un 27% en el tercer trimestre) y el 3,4% a la entidades locales, que duplican además la inversión pública.

Y mientras esto sucede se reducen las aportaciones a los municipios, las ayudas a los parados y se recortan los servicios sociales en 11 millones de euros; Paulino Rivero anuncia que va a permitir el aplazamiento del pago de los atrasos de los cabildos a las cuentas autonómicas y se olvida de los ayuntamientos?y de nuevo serán los estos los que soporten sobre sus espaldas, aún desde la asfixia más absoluta, la responsabilidad política, institucional y democrática de no dejar a nadie en la cuneta.

Los municipios españoles son en su práctica totalidad infinitamente más antiguos y con mayor presencia y arraigo que cualquiera de las autonomías creadas después de la dictadura de Franco. A pesar de que el artículo 142 de la Constitución española señala que “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley (les) atribuye”, de que el artículo 9.1 de la Carta Europea de Autonomía Local define el “Principio de suficiencia financiera” según el cual para el ejercicio de sus competencias se les deberá proveer de los recursos suficientes de naturaleza incondicionada y de que en los inicios de esta joven democracia se planteó que el 50% de los recursos fueran a parar al Gobierno central y un 25% a las autonomías y el otro 25% a las entidades locales, lo cierto es que nadie, nunca, se ha planteado en serio la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, pero si la ejecución de todas las transferencias y financiaciones a las autonomías. Frente al dato cierto de que la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la de las comunidades autónomas, el traspaso de fondos a éstas representan un 30%, mientras que la de los municipios apenas llegan a un 13%.

Los ayuntamientos son insustituibles en un sistema democrático. ¿Acaso no habría que rescatarlos, como se ha hecho con los bancos, tal y como sugirió no hace mucho la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez?

* Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*