De obligaciones y derechos

En el complejo entramado de responsabilidades y deberes que implica ser parte de una sociedad, el cumplimiento de las obligaciones tributarias ocupa un lugar central. Desde tiempos inmemoriales, los impuestos han sido una parte fundamental de la organización social, financiando servicios públicos, infraestructuras y programas sociales. Sin embargo, más allá de su función recaudatoria, el cumplimiento tributario representa un pilar fundamental en el funcionamiento equitativo y justo. Para ello es esencial comprender que aportar mancomunadamente para el sostenimiento solidario es un deber y no una sentencia. Tengamos en cuenta que estas contribuciones financieras son la base sobre la cual se sostienen las instituciones, permitiendo la provisión igualitaria de bienes y servicios esenciales y prioritarios de primer orden como es la educación, la salud, la seguridad pública, la justicia, así como el destinado al capítulo de inversiones en materia de infraestructuras. Por el contrario, el incumplimiento o la evasión fiscal minan los cimientos de este sistema, socavando la capacidad colectiva para cumplir con sus funciones básicas a la vez que genera desigualdades económicas y sociales haciendo buena la expresión de que, sin obligaciones, no habrá derechos.

Otro aspecto fundamental es su importancia en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho. En una sociedad democrática, el respeto por la legalidad es esencial para garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema. El pago de impuestos es una expresión concreta de este compromiso, ya que implica acatar las normas establecidas colectivamente consensuadas. Cuando la ciudadanía elude sus responsabilidades fiscales, están socavando la legitimidad del sistema y debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Por lo tanto, el cumplimiento tributario no solo es una cuestión de obligación legal, sino también un imperativo cívico que sustenta la democracia y el orden social porque, además de los aspectos legales, económicos y sociales, el cumplimiento tributario también tiene implicaciones éticas profundas. En su sentido más básico, aportar colectivamente a través del desembolso de los tributos, es una expresión de solidaridad y responsabilidad hacia los demás miembros de la sociedad. Al contribuir con una parte justa de sus ingresos al bienestar común, los individuos están reconociendo su interdependencia y compromiso con el bienestar conjunto. Este sentido de responsabilidad compartida es fundamental para construir sociedades cohesionadas y resilientes, donde cada cual cumple con su parte en la búsqueda del bien común ofreciendo no necesariamente los mismos resultados sino, al menos, las mismas posibilidades.

En definitiva, más allá de la función en la financiación de bienes y servicios públicos, el cumplimiento tributario también desempeña un papel crucial en la promoción de la equidad y la justicia social. Los impuestos progresivos, aquellos que gravan a quienes tienen más capacidad contributiva en mayor medida, son una herramienta fundamental para redistribuir la riqueza y reducir las disparidades económicas porque se comparte la carga de manera proporcional a sus ingresos y beneficios. Por esa razón, el que no se dé ejemplo por parte de parte de la clase gestora de los fondos públicos, donde el despilfarro o la malversación se pudiera dar, ofrece una válvula hacia el incumplimiento por parte del resto de la sociedad al pensar ¿y por qué yo debo seguir cumpliendo, si quienes me controlan no lo hacen?