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Se perdió la confianza

Enrique Torres Curbelo

Hay gente de este país decepcionada con el sistema judicial, observan como entran y salen de las cárceles personas de segundo rango social, alcaldes, concejales, empresarios de poca monta, gentes del mundo de la farándula, etcétera, etcétera. Pero en principio no aparecen primeros espadas y si algunos entran en escena es para ser imputados eternamente, casos archivados, sobreseídos, o procesos judiciales interminables sin resultados inmediatos. No se ha producido el efecto domino porque aún no ha caído un gran personaje. Pero algunos esperan que estén al caer. Mucha gente entiende que desde que se abra la veda y entre en la cárcel alguien verdaderamente importante todo cambiara en las actuaciones judiciales... Parece cuestión de tiempo. Hablando de primeros espadas, el caso de Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente con el PP, para ser posteriormente expresidente del Gobierno balear, es un caso evidente de personalidad institucional de primer orden. La Audiencia le impuso una pena de 6 años de prisión, fue recurrida ante el Tribunal Supremo y este la rebaja a 9 meses. Ese primer delito, entre otros, por el que es condenado se produce en la legislatura 2003/2007, por pagos irregulares a un periodista, Antonio Alemany, que le redactaba los discursos y al que le pidieron y condenaron a 2 años y 3 meses de cárcel. Si nadie lo remedia el expresidente del Govern balear acabara en prisión. La Audiencia Provincial balear el pasado 18 de julio firma la orden de ingreso. En su momento el Ministro de Justicia se pronunció en contra del indulto, presentando su abogada doña Pilar Gómez Pavón, una segunda petición de indulto parcial, en sustitución de la pena actual, por una multa o por trabajos sociales o incluso la libertad condicional, una vez cumplidos varios meses en la cárcel. Estamos hablando de más de 7 años trascurridos. ¿Cuánto ha costado el proceso judicial al contribuyente?

El caso Urdangarín nadie cuestiona que es asunto de primer orden al ser el investigado e imputado el cuñado del Rey. Se encuentra imputado por nueve delitos cuyos beneficios presuntamente tenían el destino de la empresa Aizoon, propiedad al 50% de su esposa y del mismo. En el debate entre juristas hay discrepancias de si es posible llevar a juicio a la infanta, cuando es una petición exclusiva de la acusación popular. La gran pregunta es el determinar si la esposa de Urdangarín se benefició de un presunto desvío de dinero público a través de Aizoon. El juez del caso embarga bienes y propiedades con el fin de cubrir responsabilidades civiles que se ocasionen del resultado del juicio.

El caso Bárcenas con el principal imputado en la cárcel de Soto del real, tiene la importancia y magnitud de extender una sospecha sobre algunas altísimas personalidades del partido que sustenta el Gobierno. Se detectan depósitos que en el año 2008 llegaron a los 48 millones de euros en varias cuentas de la banca suiza pertenecientes al extesorero del PP. El juez Rus desde julio de 2013 embarga cuentas y propiedades inmobiliarias que cubran las responsabilidades civiles que pudieran darse del resultado del juicio. Este caso judicial investiga al principal implicado, Bárcenas y sus responsabilidades en la financiación del PP. Presuntamente se concedieron obras públicas a empresas que entregaron donaciones al PP, señalándose también pagos de sobresueldos a dirigentes del partido durante los años que van de 1990 al 2008 en forma de dinero negro. En este caso hay 30 personas imputadas, algunas de ellas estaban vinculadas al PP y otras no imputadas, han quedado tocadas política y socialmente. Seis personas que estuvieron vinculadas al PP reconocieron esos pagos realizados por el partido utilizando el método de pagos por debajo de la mesa.

Caso Eres en Andalucía es quizás junto al caso Bárcenas complejo y de difícil investigación. El juzgado nº 6 de Sevilla es el responsable de la instrucción en manos de la jueza Mercedes Alaya. El 10 de marzo del 2012 la jueza ordena ingreso en prisión provisional, sin fianza al que fuera Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, don Fco. Javier Guerrero Benítez. Se le imputa un fraude de 136 millones de euros. A ese primer imputado le siguierón 50 imputados más. Pero el 2 de julio de 2013, entra en escena un nuevo Vip imputado, en la persona de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta en el periodo 2004/2009, más la imputación de 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de malversación de fondos y prevaricación. En septiembre de 2013 se imputa a dos VIP, en las personas José Antonio Grillan expresidente de la Junta y a Manuel Chávez, exministro de Trabajo y ex presidente de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de muchísimos millones en subvenciones a empresas con expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas para prejubilaciones. En ambos casos según la jueza se produjeron delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

El último caso de personajes con la etiqueta de Vip que entra conflicto por tenencia de dinero de dudosas procedencias dada la reciente confesión publica, del que fuera primer espada de la política española y catalana. El presidente fundador y honorifico de Convergencia Democrática de Cataluña. Expresidente de la Generalitat confiesa la existencia de un dinero no declarado en España y depositado en un banco de Andorra, a nombre de su familia y producto de una herencia. Ese dinero había permanecido oculto durante más de 30 años sin regularizar por sus herederos, esposa e hijos del señor Pujol. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué ahora esa confesión? ¿Por qué esa herencia deshereda al señor Pujol? ¿Desde qué fecha se ingresó lo defraudado y si es correcta la procedencia de una herencia en su totalidad? Ya en 1959 el BOE publicaba una lista de 872 personas que habían evadido dinero del país, figurando en esa lista el padre de Jordi Pujol, parece ser que con ese dinero se compró algo más tarde Banca Catalana y se olvidaron por parte del Estado las posibles responsabilidades civiles. El honorable Jordi Pujol es nombrado en el año 2012 Presidente honorifico del partido y su hijo Oriol Secretario. Este último investigado judicialmente actualmente por la Audiencia Nacional y en situación de imputado por tráfico de influencias y cohecho. El hijo de Pujol no es cualquier cosa en la vida política catalana, en su momento estaba destinado a sustituir al actual presidente como candidato a la presidencia de la generalitat. En el código ético de Convergencia entre otras cuestiones figura: “respeto a la legalidad en la tarea institucional y de partido, trasparencia en la acción política y renuncia a las responsabilidades en caso de comportamientos poco éticos o ilegales”. Está claro que el Honorable y alguno de sus hijos han pecado mortalmente al saltarse olímpicamente los mandamientos impuestos por ellos mismos.

Llegados a este punto el lector debería reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país y que mecanismo deberían instrumentarse en el sistema democrático para corregir e impedir que estos casos muy poco ejemplares sucedan. Debemos defendernos por los medios legales posibles para que personas así no nos representen. No queremos hipócritas, no deseamos personas inmorales que nos gobiernen. Deseamos que la Justicia investigue y acierte en sus decisiones con actuaciones imparciales y trasparentes. Casos el del señor Matas en baleares, del señor Urdangarín, del señor Bárcenas y el PP, de los ERES de Andalucía y el PSOE y del señor Pujor y Convergencia, hacen mucho daño a la sociedad española. Han hecho que se pierda la confianza.

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