Al día siguiente, el diario Canarias 7 abre su portada con la rotunda afirmación de que “Madrid aprueba el gas en Arinaga”, aunque aclara en su interior de que se trata de una información dada por el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias José Carlos Mauricio.En los dos casos, los medios de comunicación citados yerran palpariamente en sus titulares, al hacer afirmaciones que en absoluto responden a la realidad. No es cierto, en absoluto, que la Unión Europea cite a Arinaga y Granadilla como emplazamientos de las futuras plantas de gas de Canarias, pues las ubica únicamente en el conjunto de las islas de Gran Canaria y Tenerife, sin precisar el espacio donde se construirán, ni es cierto que Madrid haya aprobado la planta de gas de Arinaga, dado que en estos momentos no se han librado los correspondientes informes de impacto medioambiental de la ampliación del puerto de Arinaga y del proyecto de la planta de gas previsto para Bahía de Formas.Días más tarde en la Cadena Ser, le cuenta a Evaristo Quintana que “algunas empresas han ofrecido cosas feas, no a los ayuntamientos del sur de Gran Canaria, sino al Gobierno, y los he mandado a la porra” y que, además de ofrecer cosas feas estas empresas pagan Jornadas como las realizadas en el Sureste sobre las plantas “mar adentro”.En esta ocasión el Consejero de Economía y Hacienda vuelve a su sempiterna táctica de sembrar dudas sobre los demás sin medir el alcance de sus consecuencias –o acaso midiéndolas para llamar la atención de manera patológica-. Desde luego es absolutamente falsa la afirmación de que las Jornadas del gas las paga una empresa off-shore. El consejero no puede desconocer, con lo informado que está siempre, que en ellas participaron distintas empresas, distintas tecnologías, gente a favor y en contra, miembros del Gobierno de California, periodistas especializados y hasta técnicos de Gascan...y que todos los gastos corrieron a cargo de la Mancomunidad que, por cierto, lleva gastados más de 600.000 euros en todo el proceso de oposición a la planta de Arinaga. En cuanto a que le ofrecieron “cosas feas” al Gobierno alguna de las empresas fabricantes de la tecnología “mar adentro”, ¿no está obligado el consejero o el Gobierno a ponerlo en conocimiento de la Justicia? ¿No está obligado la mismísima Fiscalía a intervenir ante una información de este tipo?... Si a la Mancomunidad del Sureste nos sucediera un caso de este tipo, inmediatamente daríamos curso a una demanda judicial. ¿Por qué no lo hace el consejero de Hacienda? Vamos a ver que responde en el Parlamento. Mucho me temo que estamos de nuevo ante una gran mentira... y realmente, realmente, a quién mandó directamente a la porra José Carlos Mauricio fue a las empresas canarias a las que no les permitió participar en el negocio del gas.Como no estamos en verano y, por tanto, no es preciso recurrir al monstruo del Lago Ness para llenar páginas en los medios de comunicación, ¿a qué se debe entonces esta aparición mediática de José Carlos Mauricio intoxicando con la planta de gas en tierra en Arinaga, con pretendidos cohechos, informes inexistentes y datos falseados?Mucho me temo que todas aquellas empresas canarias embarcadas en este proyecto (Lopesan, Satocan, Astican, Pérez Moreno, Laymos y Pedro Agustín del Castillo), con la promesa de conseguir un negocio redondo apostando por un sector estratégico y bla, bla, bla, estén tirándose de los pelos ante la posibilidad real de que en esta legislatura no se vayan a poner sobre la mesa los informes necesarios para que se haga posible el visto bueno a la construcción de la planta de gas en Gran Canaria.Mucho me temo que estas empresas, y una parte del Gobierno, anden pidiendo explicaciones al consejero sobre la falta de transparencia, de consenso con las instituciones y la sociedad y la pérdida de las subvenciones de la Unión Europea y sobre la posibilidad de que, a partir de mayo, los deje al albur, en manos de Dios sabe quién, y sin las garantías necesarias de que se mantengan ciertos privilegios y ciertas prácticas políticas torticeras de aunar negocios con la política.Desde la Mancomunidad del Sureste insistimos en que agotaremos todas las medidas legales y las que nos permite un Estado de Derecho, todas, sin excepciones, para impedir que esa planta se construya en Arinaga. Agotaremos todos los recursos. Saldremos a la calle con la sociedad que nos respalda. No habrá manifestación, ni encierro, ni concentración... que no hagamos. No habrá recurso legal ante Europa, ante España, ante la Justicia que no presentemos... No pararemos hasta hacer frenar esta barbarie fruto de la improvisación y el capricho especulativo.Sería muy prolijo hablar hoy aquí de los últimos informes que señalan la urgente necesidad de buscar alternativas a los combustibles fósiles; o del informe de Derek Broker aparecido en Prospect donde afirma que para 2012 la escasez del gas será de unos 70.000 millones de metros cúbicos anuales, el doble de lo que consume Francia y que, por tanto, la construcción de plantas de licuación de gas no es la solución; o de la peligrosa incertidumbre energética que padece Europa con el gas, en manos de un todopoderoso Imperio Ruso con los pies de barro por la situación de dependencia estratégica de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas; o de que la energía de futuro de los países desarrollados es el ahorro energético o de que el gas no soluciona en absoluto el problema energético de Canarias...Lo que sí está clarísimo es que no permitiremos una planta con depósitos de gas de 20 plantas de altura a menos de dos kilómetros de la población, como no existe ninguna en España, con los terribles daños que podría causar en caso de accidente fortuito o forzado. Por cierto, miren lo que pasó el pasado 4 de diciembre en la ciudad china de Fushun donde miles de residentes fueron evacuados después de un derrame masivo de gas natural licuado. A pesar de que el derrame sólo fue de cien toneladas de gas licuado –un volumen similar al de un bajo comercial de 80 metros cuadrados-, combinado con el aire formó una nube de humo blanco tóxico de 30.000 metros cúbicos que obligó a actuar a más de trescientos bomberos para ayudar en el control del derrame y en la evacuación de los residentes, ante el riesgo altísimo además de explosión.En definitiva, que sigan intoxicando que no pasa nada. Nos sirve para mantener engrasados los cojinetes. Nos cogerán siempre unidos, acompañados y armados de razones en esta oposición del Sureste a la instalación de la planta de gas en Arinaga.(*) Antonio Morales es alcalde del municipio de Agüimes. Antonio Morales (*)