Prospecciones en Canarias

Los combustibles fósiles se acaban. Apenas quedan bolsas para unas décadas, pero el sistema económico que nos acogota se sustenta en el consumismo a ultranza y no se quiere frenar. A pesar de que la comunidad científica insiste en denunciar el cambio climático, el calentamiento global, la escasez de las materias primas, el agotamiento de los recursos y el previsible escenario de una conflagración mundial por la subsistencia, las grandes multinacionales energéticas, con los gobiernos de comparsas, incapaces de ofrecer alternativas, continúan con su política feroz de tirar para adelante, con los ojos cerrados, para seguir con sus prácticas de enriquecimiento sin límites a cambio de socializar los daños irreversibles al planeta y a la humanidad. Por eso no han dudado en adentrarse en Groenlandia, los grandes parques naturales de África y Latinoamérica y cualquier rincón de mares profundos que se les ponga a tiro.

Y claro, de estas prácticas no se libran nuestros gobiernos de turno, ante estos asuntos, y tantos otros, la verdad, son los mismos perros con distintos collares. Lo permitió el negacionista José María Aznar desde el año 1996 hasta el final de su mandato para varias zonas del Mediterráneo y Canarias, entre otras, y lo está permitiendo ahora José Luis Rodríguez Zapatero, más allá del consenso y el diálogo que predicó, ratificando las decisiones que ya se habían adoptado y, por tanto, el entreguismo a Repsol, la gran beneficiaria de todo esto.

Mientras en el Mediterráneo, según quien esté gobernando o en la oposición se muestran contrarios o a favor de las prospecciones (el pepero González Pons acaba de afirmar a principios de enero que “no habrá turismo que soporte la posibilidad de una marea negra o de chapapote bañando el litoral” y “todo para beneficiar a las multinacionales” y Camps ha elaborado toda una andanada mediática para oponerse a ellas, además de recurrir los decretos estatales) aquí, en esta insular miseria, parece estar todo el mundo de acuerdo.

El primero en mostrarse a favor, hasta el punto de trasladarse a Madrid en septiembre pasado, cual delegado de Repsol en Canarias, para convencer a la compañía de que por aquí no habría ningún problema y que habría que tirar para adelante, fue José Manuel Soria. En aquella ocasión declaró que eso vendría muy bien para la economía canaria, letanía que han repetido después sus palmeros, pues la diversificaría y la incrementaría. Y no digo que no, se necesitaría mucha mano de obra para recoger los vertidos, quizás.

José Miguel Pérez, en un primer momento acobardado -en una reunión con sus jóvenes en septiembre sólo se atrevía a decir que las prospecciones debían hacerse “mirando para el interés público”- ha destapado ahora el tarro de sus esencias haciendo unas declaraciones rotundas de apoyo a que Repsol empiece a trabajar en aguas canarias, total, “para que lo haga Marruecos”, primero nosotros.

¿Y Coalición Canaria? Pues como siempre, la ambigüedad permanente. Mientras en julio del año pasado no descartaba buscar petróleo:“si las aguas fueran canarias, a partir de ahí hablamos”, y en septiembre Claudina Morales lo rechazaba frontalmente, en estos días Ana Oramas ha planteado que bueno que si se hace con seguridad, con estudios de impacto medioambientales y de riesgos y está claro para quién son los beneficios, pues que sí. Más claro agua, lo que les importa es la pasta y nada más.

Y claro, todo el mundo obviando lo obvio. Que los estudios de riesgo, de seguridad, de impacto y de lo que haga falta no dejan de ser papel mojado ante unas tajadas de estas dimensiones y les pongo algunos ejemplos. En el caso del golfo de México y BP ha quedado absolutamente claro que una política de ahorro de costes en seguridad y personal, con la complicidad de la Administración, fue lo que produjo la cadena de errores que llevó al desastre. Ahora tira mano de una indemnización de 20.000 millones para evitar los tribunales y, curiosamente, al tiempo, demanda autorización de nuevas explotaciones para poder pagar. En las prospecciones que lleva a cabo Repsol en las costas de Tarragona, a 2.400 metros de profundidad, por un error humano dicen, en mayo y junio pasado, se provocó una fuga de crudo de más de veinte kilómetros de extensión. En los últimos cuatro meses se han vuelto a producir en la zona otros dos vertidos ?suman ocho investigaciones en los últimos cuatro años- y la fiscalía tiene abierta contra la empresa tres causas penales por delito ambiental. Mientras, anuncia que va a emplear 130 millones de euros para atajar las fugas de crudo, pero el mal ya está hecho. Ahora a pleitear con los mejores abogados y a intentar que la sanción sea lo más leve posible, como siempre. Es lo mismo que está sucediendo con la fuga radiactiva de Ascó donde el fiscal ha iniciado un expediente por delito contra la seguridad colectiva por un accidente en 2007, que pudo provocar una tragedia de dimensiones descomunales por falta de control y de seguridad.

Y no se trata sólo de los daños al turismo, que también y muchos. Estamos hablando de un enorme impacto medioambiental propiciado por la inercia y la irresponsabilidad. Ya los sondeos son muy dañinos para nuestro entorno natural. Se utilizan enormes cañones de aire comprimido que producen a su vez ondas de altos niveles de intensidad que provocan la muerte y graves enfermedades en numerosos cetáceos y otra fauna marina. Igualmente se generan cantidades ingentes de residuos minerales y productos químicos que originan unos lechos de fango que atrapan a millones de peces y, además, se liberan metales pesados que llegan a la cadena trófica, para terminar siendo consumidos por los humanos.

Y eso son sólo los sondeos, después aparecerán los millones de litros de crudo y gas derramados, y la falta de control, y las complicidades. Pero vendrá bien a nuestra economía. Y comeremos crudo.

Antonio Morales