Reforma electoral canaria: aquí o allí

Tras los frustrados intentos de reducción de las barreras electorales del 30% insular y el 6% archipelágica para establecer una única del 5% en la circunscripción (la isla) que en su momento realizamos, primero Nueva Canarias (NC) en 2007 en el Congreso de los Diputados en el marco de la reforma estatutaria y, posteriormente, PSOE y Nueva Canarias, en dos legislaturas autonómicas distintas. Tras los esfuerzos de partidos políticos y de asociaciones cívicas, como Demócratas para el Cambio, para empezar a debatir y avanzar en la modificación del sistema electoral canario, parece que en esta legislatura se han generado las condiciones para la reforma de un modelo nacido como transitorio en el comienzo del proceso autonómico y que dura ya 35 años.

Consideramos que ha llegado el momento de tratar de solucionar los dos grandes problemas de nuestro sistema electoral. Por un lado, las elevadas barreras, que impidieron que Nueva Canarias con 50.000 votos accediera al Parlamento en 2007 y que, más recientemente en 2015, Ciudadanos quedara fuera de la Cámara pese a sus más de 54.000 papeletas mientras formaciones con 5.000 votos alcanzaban tres escaños. Por otro lado, la gran desproporcionalidad del voto entre unos territorios y otros castiga a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en las islas más pobladas del Archipiélago.

Han transcurrido casi dos años de intenso trabajo de la comisión de estudio de la reforma del sistema electoral canario en el Parlamento, que Coalición Canaria aceptó a regañadientes frente al decidido impulso de las otras formaciones parlamentarias. En ese período se han podido escuchar y debatir, en la comisión, los distintos puntos de vista de numerosos expertos en la materia. Se ha coincidido, con plurales matices, en la necesidad de la modificación del actual modelo para avanzar en democracia, en pluralismo y en proporcionalidad.

Para facilitar el cambio, para reducir las resistencias al mismo, se ha aceptado como punto de partida no modificar el actual reparto de los 60 escaños de nuestro Parlamento: El Hierro (3), La Gomera (4), Fuerteventura (7), La Palma y Lanzarote, ocho cada una, y Tenerife y Gran Canaria, 15 cada una. De manera que ningún territorio pierda diputado o diputada con relación a los que actualmente tiene.

70 escaños

Basar además esas transformaciones en una sensible mejora en pluralidad y proporcionalidad mediante 10 escaños restantes, hasta llegar a 70, que permite nuestro actual Estatuto de Autonomía desde 1982. Así como la sensible reducción de las actuales barreras de acceso del 30% insular y el 6% autonómico, las más altas de todas las comunidades autónomas (en las que oscilan entre el 3% y el 5%), superando ampliamente también las vigentes en las elecciones generales españoles y en los sistemas electorales de la Unión Europea.

En primera instancia, la mayoría parlamentaria, que en estos momentos constituyen PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias; planteó la fórmula que incluye un nuevo escaño para Fuerteventura, que ahora tiene siete, uno menos que La Palma, pese a tener mucha más población. Las otras nueve actas se distribuirían en un colegio de restos, utilizando los votos de los partidos que no llegan a transformarse en escaños en las distintas circunscripciones y que, por sus mayores censos y restos, supondrían una ampliación de los correspondientes a las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria.

Esta opción no fue aceptada por Coalición que planteó, a su vez, una alternativa que coincide en la ampliación de la representación de Fuerteventura en un escaño y que, además incrementar un diputado a Tenerife y otro a Gran Canaria. El resto de las formaciones políticas hemos considerado claramente insuficiente esta propuesta al no reducir la actual desproporcionalidad del voto (que llega a alcanzar 17 veces el valor del mismo entre uno y otro territorio) e incluso, en algunos casos, llega a incrementarla aún más.

Lista autonómica

En un ejercicio de responsabilidad y generosidad, PSOE, PP, Podemos y NC, que representan el voto del 80% de la ciudadanía de Canarias –y 39 de los 60 diputados y diputadas del actual Parlamento canario- han planteado una nueva oferta a CC para tratar de que se incorpore al apoyo a esta imprescindible reforma. Incluye una lista autonómica que ya CC aceptó en el texto de reforma del Estatuto de Autonomía que, en estos momentos, se tramita en el Congreso de los Diputados.

Con dos variables, en las que se incluye el nuevo acta por la isla majorera. La primera, incluyendo los dos diputados que CC plantea para las islas más pobladas y dejando otros siete para una lista archipelágica. La segunda, añadiendo a la nueva acta por Fuerteventura, nueve de carácter autonómico. Por cierto, y saliendo al paso de algunas informaciones publicadas estos días, se plantea en una sola papeleta –diferenciando las dos listas, la insular y la canaria- y en una sola urna.

En Nueva Canarias desearíamos que la reforma electoral quedara definitivamente resuelta en las Islas y que contara con el unánime apoyo del Parlamento canario. Pero si se bloquea, si CC y ASG, con sus 21 escaños impiden que se pueda llevar a cabo en Canarias (se exigen 40 escaños, dos tercios, para poder modificar el sistema electoral), estaríamos completamente legitimados con esta propuesta elaborada en Canarias para conseguir el cambio del actual e injusto sistema en el marco de la reforma estatutaria, que actualmente se tramita en la Cámara Baja.

Lo haremos bajo la formulación que disponga del mayor consenso entre las fuerzas políticas favorables a la misma. Con lista archipelágica o solo circunscripciones insulares. Nuestra posición será siempre flexible, de búsqueda del mayor nivel de acuerdo. Pensando en la mejora de la calidad de la vida democrática. Renunciando a nuestras visiones particulares por el bien común que supone que, tras más de 35 años, pueda ser revisado y actualizado un sistema electoral injusto y desequilibrado. Corresponde ya hacer ese imprescindible cambio. Aquí o allí.