Refugiados: De la solidaridad de acogida a las políticas de integración

La llegada a Europa de miles de personas huyendo de las situaciones de guerra en Oriente Medio, y principalmente de Siria, ha creado una situación de emergencia en el seno de la UE. La foto de Aylan Kurdi, el niño ahogado en las costas turcas tuvo el efecto de generar, entre amplios sectores de la ciudadanía europea, una oleada de solidaridad que ha contrastado con la actitud titubeante de los gobiernos de los Estados de la UE. La cuestión migratoria, y en concreto de los refugiados, ha saltado a los medios de comunicación y asistimos a una suma de propuestas ciudadanas e institucionales que, con altas dosis de voluntarismo, pretenden dar respuesta a la situación concreta de esta ola de refugiados en Europa.

Pero no estamos ante un fenómeno nuevo. En 2013 había en el mundo 51 millones de personas desplazadas de su lugar de residencia de manera forzosa, lo que representa la cifra más alta desde la II Guerra Mundial. Tampoco es cierto que sea Europa el principal destino de las personas refugiadas. En 2013 los principales países de acogida de refugiados fueron Pakistán, Líbano, Irán, Turquía, Jordania, Etiopía, Kenia, Chad, Uganda y China. Es decir, ningún Estado europeo está entre los principales países receptores de refugiados. España no es una excepción ya que, de las 625.000 solicitudes de asilo que se produjeron en Europa en 2014, España solo recibió 6.250, de las cuales solo se concedieron 1.585. En Canarias, CEAR atendió a unas 1.000 personas solicitantes de protección internacional. La idea de que los países ricos del Norte son los principales receptores de migrantes refugiados provenientes del Sur empobrecido es un mito y ayuda a explicar por qué la cuestión de los refugiados no ha sido tan relevante en la opinión pública en general.

Según el último Informe de CEAR, en 2014 más de 200.000 personas cruzaron el Mediterráneo, falleciendo 3.419 personas en el intento, por lo que el cruce hacia Europa por ese mar se ha convertido en la ruta más mortífera del mundo, suponiendo un 75% de los fallecimientos producidos en el conjunto de las rutas migratorias. Esto es consecuencia directa de las políticas europea y española que, en materia de inmigración, han primado el control de flujos migratorios mediante el blindaje de las fronteras (especialmente, la suroriental de Hungría y Grecia, pero también la suroccidental mediante la valla de Ceuta y Melilla y el Frontex en Canarias). Para asegurar este blindaje, han predominado las devoluciones en caliente, lo que supone violación de derechos fundamentales, uso de la fuerza sobre las personas migrantes y limitación del derecho al asilo.

En julio de 2015, la Comisión Europea planteó una propuesta de reparto del número de solicitantes de asilo y el gobierno de España inició una política de regateo que continuó en los primeros momentos de la emergencia actual y que se ha visto acompañada por unas declaraciones del Ministro de Interior que “criminalizaban” a las poblaciones de origen musulmán y confundían a la opinión pública. Unas declaraciones coherentes con los enfoques y planteamientos que el Partido Popular ha mantenido en materia de inmigración y asilo, pero mezquinas desde el punto de vista humanitario. La solidaridad, definitivamente, no es su fuerte. Afortunadamente, han sido la solidaridad y la lógica humanitaria desplegada por amplios sectores de la ciudadanía y las iniciativas y declaraciones públicas de muchos de los gobiernos de cambio los que han mostrado la debilidad del gobierno del PP para superar la crisis desde la lógica de la justicia social y los derechos. Los ofrecimientos de casas particulares para acoger solicitantes de asilo o las propuestas de las distintas instituciones locales de coordinar esas iniciativas y ofrecer instalaciones públicas para la acogida han desbordado a este gobierno.

Es el momento adecuado para cuestionar el enfoque de las políticas migratorias y de asilo en España y la Unión Europea. Partiendo de la solidaridad y del respeto a los derechos humanos, es necesario reorientar las políticas migratorias y de asilo. Las iniciativas institucionales no pueden quedar en un acto de voluntad altruista. La acogida de personas no es solo dotar de solución habitacional a las solicitantes de asilo, sino que implica toda una serie de actuaciones dirigidas a potenciar el bienestar, la autonomía y la dignidad de quien es acogido. Es, además, el inicio de un proceso más amplio y complejo como el de la integración. Porque digámoslo claramente: vienen para quedarse. Aunque, en la teoría, la categoría de refugiado se puede revertir, lo cierto es que, en la práctica, no ocurre. Por eso, la situación de los solicitantes de asilo no puede ser presentada como algo temporal.

En este sentido, el ofrecimiento de centros para la acogida, la puesta en marcha de pisos tutelados o, incluso, la articulación de redes ciudadanas de acogida son medidas temporales que deben acompañarse, desde el primer momento, de protocolos de actuación y de programas de inserción. En definitiva, hacen falta no solo espacios habitacionales en condiciones dignas, sino recursos humanos de profesionales (mediadores interculturales, trabajadores sociales, abogados…) y socioeconómicos. Sin embargo, desde el 2012, el Gobierno de Canarias no dedica ni un solo euro a políticas de integración y, de hecho, excluyó de la atención sanitaria a más de 52.000 personas extranjeras. La dinámica de las instituciones canarias en general ha sido la de dejar las políticas de gestión de la cuestión migratoria en manos de las ONG y a la suerte de la solidaridad ciudadana. Por eso, si no partimos de cero, es por el trabajo de ONG y asociaciones.

La situación actual es la idónea para, desde la solidaridad, impulsar de una vez por todas en nuestras islas políticas activas de integración, de convivencia intercultural y de gestión del pluralismo religioso. Y para ello desde las instituciones debemos impulsar mecanismos de participación que canalicen de manera realista los deseos de solidaridad de la gente, que orienten la actuación ciudadana hacia el acompañamiento y la cooperación con las instituciones y las organizaciones sociales, garantizando la dignidad, la autonomía y el bienestar de las personas acogidas como base para incorporarse a la vida social cotidiana. Sin solidaridad no hay cambio posible, pero sin iniciativas políticas activas que aborden los problemas en toda su complejidad tampoco.