Una Renta de Ciudadanía para una Canarias que avanza

El artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce el derecho a acceder a una renta de ciudadanía para todas aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión social. Además, se insta a los poderes públicos a hacer todo lo necesario para erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos.

El Gobierno de Canarias ha comenzado a dar los pasos necesarios para hacer cumplir este artículo del Estatuto. Los pasado 9 y 10 de diciembre celebramos unas jornadas que, bajo el lema Redistribuye Canarias. Artículo 24: ¿qué Renta de la Ciudadanía queremos?, nos ha permitido abrir un espacio para el debate y el intercambio de ideas en torno al diseño del futuro modelo de renta de ciudadanía en nuestra comunidad.

Esto ha supuesto un hecho histórico porque desde el Gobierno canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, hemos dado un golpe de timón para empezar a poner las necesidades de nuestra gente en el lugar que se merece. Es hora de hablar claro sobre la pobreza en Canarias y reconocer el problema es, sin duda, el primer paso para afrontar su solución.

Sí, la pobreza existe en Canarias aunque no la queramos ver: según datos del Informe, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), el 36,4% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que se traduce en unas 773.422 personas en términos absolutos. Según los datos, el 90% de las personas que crecen en la pobreza se mantendrán en la pobreza. Por tanto, nos enfrentamos a un problema estructural que pone de manifiesto el fracaso de las propuestas desarrolladas hasta el momento por las administraciones para hacer frente a esta realidad.

Se hace necesario revertir esta dura realidad, se hacen necesarias nuevas ideas, más audaces, más sociales, más valientes. Las viejas ideas y la vieja política ya no sirven. La pobreza y el desempleo se han cronificado en nuestra tierra bajo muchos rostros pero, sobre todo, adquiere rostro de mujer.

Es necesario cambiar las políticas y sus objetivos, comenzando por incrementar la dotación de los servicios públicos, tanto a nivel presupuestario como en recursos humanos. Pero también debemos impulsar todas las actuaciones necesarias para desarrollar un sistema productivo nuevo e inclusivo capaz de generar empleo con salarios dignos. A nadie se le escapa que existen muchas y muchos canarios que, aún teniendo un empleo, no logran llegar a fin de mes con unos ingresos mínimos dignos de vida.

Para dar respuesta a todas estas necesidades es necesario contar con una herramienta que instrumente todos estos objetivos. Por ello, debemos desarrollar el artículo 24 del Estatuto que prevé la Ley canaria de renta de Ciudadanía y el desarrollo de la Ley de Servicios sociales, herramientas necesarias y valiosas para intentar paliar los efectos de la pobreza en nuestra tierra.

Este Gobierno está centrado en el desarrollo de la futura Ley de renta Ciudadana canaria, pero lo vamos a hacer contando con todos los agentes implicados, con el Tercer Sector, con los agentes económicos y sociales, con los partidos políticos, con la ciudadanía, porque queremos que esta Ley sea consensuada, participada y participativa, queremos que esta Ley sea elaborada entre todas y todos, queremos una Ley que nazca y se constituya con vocación de perdurar en el tiempo, gobierne quien gobierne.

No se trata de regalar, se trata de redistribuir. No se trata de dar servicios, se trata de hacer cumplir un derecho. Es nuestra obligación como gobierno hacer cumplir los derechos de nuestras ciudadanas y ciudadanos creando herramientas de progreso, y la futura Renta de Ciudadanía lo es, como los son todas las nuevas herramientas fiscales que permitirán un reparto más equitativo y justo de la riqueza de esta tierra, nuevas herramientas legislativas y sociales, que permitan garantizar los servicios públicos esenciales que las y los canarios merecen y solicitan, y que claramente ahora no tienen.

Este proyecto de Renta de Ciudadanía no es solo un proyecto de la Consejería de Derechos Sociales, ni del actual Gobierno de Canarias ni siquiera del Pacto de las Flores o del Parlamento de Canarias. El proyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía es un proyecto de todas y todos, de nuestra sociedad en conjunto, y ahí radicará su éxito, porque es un proyecto de nuestra sociedad de futuro.

Hemos iniciado un camino: el de una Canarias que nunca más dejará a nadie atrás. Y queremos que, en este camino, avancemos todas y todos de la mano.