RIC, un aplazamiento injustificado

Como sabemos, la RIC tiene como objetivo favorecer la inversión en Canarias a través de la autofinanciación de las empresas canarias con cargo a la bonificación del impuesto que grava los beneficios obtenidos. Las empresas radicadas en Canarias tienen derecho a una reducción de hasta el 90% en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (o hasta el 80% en el IRPF por las rentas provenientes de actividades empresariales o profesionales) siempre que lo destinen a dotar una Reserva para inversiones que debe ser materializada en un plazo no superior a tres años.

Por tanto, la RIC no es fruto sólo del ahorro privado de las empresas sino supone también un importante ahorro fiscal, es decir, un ahorro de la sociedad canaria que se pone en manos de los empresarios con la obligación de invertirlo en Canarias en los tres años siguientes a la dotación de la Reserva. En consecuencia, la Reserva que debe ser invertida antes de final de este año 2008 y que Soria ha propuesto aplazar se corresponde en parte de los impuestos no pagados por los empresarios del año 2005.

Hay que recordar que la cantidad dotada ese año 2005 en la RIC asciende nada menos que a 2.052 millones de euros, un volumen de dinero que es de vital importancia en un momento de crisis económica puesto que debe ser destinada a inversión. Para hacernos una idea de la importancia de esta cifra baste decir que la cantidad total destinada a inversión en el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para el año 2009 sólo es de 1.300 millones, es decir, 750 millones menos.

Agravio

En este asunto, Soria se pone del lado de los empresarios que no han hecho sus deberes y que han destinado el dinero dotado para la Reserva a otros usos (ya sea en obtención de rentas o en consumos suntuarios) distintos a la razón de ser de la Reserva de Inversiones, creando un agravio comparativo con los empresarios que han materializado la RIC en tiempo y forma.

Es decir, en el ejercicio fiscal 2005 se acogieron a la reducción tributaria en el Impuesto de Sociedades, se hizo el preceptivo apunte contable por la cantidad correspondiente que se dotaba para la Reserva y ese dinero se usó para otros menesteres distintos a la razón de ser de la RIC. Ahora, cuando se cumple el plazo para materializarla, algunos empresarios acuden a las entidades bancarias para que le presten esa cantidad de dinero, encontrándose con grandes dificultades para obtener el crédito que años anteriores se lograba sin problemas.

En esta situación, el Gobierno se pone, como decía, del lado de los empresarios incumplidores solicitando a Madrid un aplazamiento de esas inversiones tan necesarias en momentos de crisis como los que vivimos, en lugar de asumir la defensa de los intereses generales de la sociedad canaria.

Lo que debe defender responsablemente el titular de la cartera de Economía es que todas las dotaciones de la RIC pendientes de materializarse se ejecuten, ya sea en inversiones directas o en la compra de deuda pública, para que el Ejecutivo canario y los cabildos puedan disponer de liquidez para afrontar la situación tan difícil que se espera en 2009. Al respecto, hay que recordar las dificultades actuales para el endeudamiento: el Gobierno ha emitido deuda pública por valor de 75 millones de euros en octubre (apta para materializar las dotaciones de la RIC) y sólo ha colocado 32 millones. Este mes de noviembre ha lanzado una nueva emisión por valor de 168 millones y los empresarios ya han manifestado sus dificultades para suscribirla. Y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife también han emitido su propia deuda.

Soria al mismo tiempo que propone el endeudamiento como forma de costear las inversiones en el presupuesto canario de 2009 (el 35% de las mismas, es decir, 458 millones se pretenden financiar con deuda) gestiona con algunos empresarios el aplazamiento de la RIC. Parece trabajar contra las inversiones del propio Ejecutivo y contra los cabildos.

Por otro lado, la solicitud del aplazamiento de Soria abre un flanco deslegitimador de la propia RIC ante la ciudadanía, que observa con sorpresa como unos pagan sus impuestos y a otros desde el Gobierno de Canarias se les busca soluciones extraordinarias al uso perverso de un incentivo fiscal y, por tanto, a sus incumplimientos tributarios.

Para evitar situaciones como las que comento me parece positiva la reforma de la RIC que entró en vigor el 1 de enero de 2007, que mejora los mecanismos de control de la aplicación de esta ventaja fiscal, entre las que destaca la obligación de presentar un plan de inversiones en el momento de dotar la RIC, intentando vincular el ahorro fiscal a una inversión planificada previamente.

En definitiva, el aplazamiento de la RIC pretendido por Soria y Rivero está injustificado, perjudica a las administraciones públicas, a la inversión y a la generación de empleo. Y es una muestra más del profundo desnorte e irresponsabilidad de un Gobierno que sólo crea incertidumbres e inseguridad, en un momento económico grave en el que se precisa claridad y liderazgo.

*Presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez*