Sanidad pública

En primer lugar, hay que señalar que aún tenemos un modelo sanitario muy eficiente, que con costes moderados obtiene muy buenos resultados. En el marco de los países desarrollados, España es de los que menos invierte en salud, el 9,1% del PIB, del que un 6,1% es público, frente al 11,8% total de Francia, el 12% de Holanda y el 17,4% de EEUU. Esto supone que del global de los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas, en el Estado español se dedican 1.500 euros anuales por habitante al sistema de salud pública; en el caso de Canarias, algo menos, en torno a los 1.200.

Con una inversión relativamente pequeña (si comparamos con los 2.500 euros ciudadano/año de Francia o los 2.600 de Alemania) se consigue una amplia cartera de servicios; y muy buenos resultados, siendo un país con una baja mortalidad infantil, un programa muy desarrollado de vacunaciones, así como de trasplantes, y una alta esperanza de vida.

Canarias

El sistema sanitario, en España y también en Canarias, no está solamente en un proceso de estancamiento en su funcionamiento y en la prestación de sus servicios, sino que se encuentra en plena regresión.

Un parámetro clave, la evolución del compromiso del gasto fiscal dirigido a la Sanidad, el presupuesto que la Comunidad canaria destina a este esencial servicio, sin ser el único (los temas de organización y gestión también influyen), determina significativamente los resultados del sistema. Y va en claro retroceso.

En 2010 ya se redujo la financiación del sistema sanitario canario en 73 millones de euros, un 2,5%. En 2011, el tijeretazo alcanzó los 308 millones, lo que supone una reducción del 11%. Y en el presente año sostengo que se pierden otros 95 millones, el 3,4% del presupuesto efectivo. Por lo tanto, en tres años hemos disminuido en materia de Sanidad un global de 470 millones (17% acumulado).

A esos datos hay que añadir que somos la Comunidad que se encuentra a la cola en gasto per cápita. Es, por tanto, claramente insuficiente el esfuerzo fiscal en materia sanitaria, lo que pone en entredicho su supervivencia, su calidad y, asimismo, su nivel de legitimación entre la ciudadanía. Una circunstancia que comienza a afectar a la motivación de los profesionales.

Y la situación va a empeorar en el próximo período. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, estableciendo el 1,5% de déficit para las comunidades autónomas, además de ser injusto, tendrá consecuencias sobre la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

El 5,3% del déficit impuesto por la Unión Europea, tras el amago de Rajoy de elevarlo al 5,8%, se distribuye de forma muy injusta. Hay que recordar que la estructura del gasto público España es la siguiente: casi el 29% en la Seguridad Social, el 21% en la Administración central del Estado, casi el 40% en las comunidades autónomas y el restante 11% en los ayuntamientos.

Sin embargo, no se distribuye el déficit conforme a esos datos. La Administración central del Estado se queda con lo sustancial del mismo, deteriorando a las comunidades autónomas que son las que, afortunadamente, gestionan los servicios básicos.

Esto quiere decir que no solo estamos con un presupuesto sanitario por debajo de la media y de lo que sería deseable, sino que es altamente previsible que la ley de Presupuestos del Estado que se aprobará a final de marzo recorte los ingresos de Canarias de manera muy significativa. Porque el problema no está solo en el déficit. Está, también, en los ingresos que serán menores, por la bajada de la recaudación y porque será menor la financiación autonómica.

Copago

Para poder responder a las exigencias de nuestro sistema sanitario es preciso conseguir una sistema de financiación autonómica más justo, mejor distribuido y que respete las singularidades de este territorio. Al respecto, y pese a no compartir el concepto de deuda histórica sanitaria, he anunciado el apoyo de mi grupo a esa exigencia de 1.400 millones de euros planteada por el Parlamento de Canarias y su Gobierno al Ejecutivo central.

Reitero la crítica que hemos mantenido sobre las políticas que España y la Unión vienen aplicando como respuesta ante la crisis económica, que están paralizando la economía, incrementando exponencialmente el desempleo y descapitalizando a los servicios públicos.

Y apunto, una vez más, que la mejor contribución a las políticas públicas se encuentra en un sistema fiscal progresivo; que haga que paguen más las rentas del capital que las del trabajo, que disminuya las enormes bolsas de economía sumergida y que posibilite que aporten más los que más tienen. De lo contrario será muy difícil salvar la sanidad.

En ese sentido, el copago por receta (una verdadera agresión al principio básico de los sistemas sanitarios universales, que se financian con impuestos, no con tasas por las prestaciones realizadas), que acaba de aprobar el Gobierno de Cataluña, con el voto favorable de CiU y la complicidad del PP, constituye un atajo socialmente injusto y de muy dudoso éxito. No impacta de forma significativa en la financiación, pero comienza a dibujar un cambio de modelo en que se imputan los costes a los usuarios del servicio, tengan estos la renta que tengan.

Para que tuviera impacto en la financiación, el copago tendría que extenderse a las consultas, las urgencias e, incluso, los días de internamiento hospitalario, tal y como sucede en Portugal. El presidente gallego, Núñez Feijóo, ya ha señalado que pretenden trabajar en esa línea, que acaba con la sanidad como servicio universal. Esa es la hoja de ruta que el PP tiene con la Sanidad: dar todos los pasos que conduzcan a su privatización. Y para ello es un paso esencial descapitalizar, deteriorar y desprestigiar el sistema público. Algo que los ciudadanos y ciudadanas no debemos consentir en modo alguno.

Román Rodríguez