Ter(r)orismo

 El problema de la amnistía en España no es político, ni siquiera judicial, sino lingüístico. Los políticos de la oposición y algunos jueces no distinguen entre terrorismo y desorden público. 

 García Castellón, el juez especializado en empurar a Podemos infructuosamente, sin éxito a pesar de su insistencia, y en exculpar a Dolores de Cospedal de los chanchullos de su partido cuando esta era su secretaria general, quiere procesar a Puigdemont por terrorismo, a pesar de la oposición de la Fiscalía. 

 La razón que arguye es que las manifestaciones callejeras de 2017 a favor de la independencia de Cataluña produjeron de manera colateral un daño irreparable en el aeropuerto de Barcelona: un turista francés falleció de infarto. Como si el mismo Puigdemont en persona se hubiese encargado de colocar una bomba en el corazón del infartado. 

  Considerar terrorismo que una persona fallezca de un infarto por motivo de unas manifestaciones callejeras y desórdenes públicos es tan ridículo como procesar a Puigdemont por tener un cierto parecido con George Harrison y su melena leonada. El ex presidente de la Generalitat también canta y toca la guitarra. 

 Por esa misma regla de tres, Castellón tendría que imputar a los facciosos descerebrados que se manifestaban violentamente cada noche ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid portando muñecas hinchables y colgando muñecos del presidente del Gobierno de España, al que utilizaban de piñata. No se daban cuenta de que los auténticos muñecos manipulados por los ultras eran ellos. 

 Hablar de terrorismo bueno y terrorismo malo, como hace la oposición, es infantil. Nadie ha dicho que lo del aeropuerto del Prat sea terrorismo bueno sino sencillamente que no es terrorismo, que no es lo mismo. Es desorden público que incluso se podría catalogar como grave pero nunca llegaría a la categoría de terrorismo. O es terrorismo o no lo es, o es penalti o no lo es, o está embarazada o no lo está pero nadie está medio embarazada. 

 Sánchez repitió ayer en Bruselas que lo que pasó en 2017 en Barcelona no fue terrorismo. Tiene bemoles que un presidente de gobierno tenga que proclamar una obviedad como esta a todo el mundo. Feijóo ha dicho que si es terrorismo tendrán que decidirlo los jueces pero no es así. Los jueces se tienen que limitar a aplicar las leyes que aprueban los parlamentarios. Son los legisladores los que tienen que decir lo que es o no terrorismo. 

  Terrorismo no viene de Teror. No es lo mismo terrorismo que terorismo Todo lo demás es ocurrencia propia de un juez vengativo. La venganza no es justicia. Es curioso que tome decisiones contrarias a los fiscales y a sus superiores siempre en momentos políticos claves. Es el juez prototípico del lawfare en España. Trata de hacer política desde el juzgado. Aunque se le lleve al juzgado, la denuncia tendría poco recorrido porque en la judicatura hay mucho corporativismo y sería inútil. A los jueces los juzgan sus mismos compañeros. A los políticos no. 

 Claro que eso solo se le puede ocurrir a un jurista como García Castellón, que fue nombrado juez de enlace en Europa por los gobiernos del PP (primero con Aznar y después con Rajoy) y estuvo diecisiete años tan feliz cobrando 10.000 euros netos cada mes. Es muy humano devolver favores y de bien nacido ser agradecido. 

 García Castellón es un juez protagónico, de los que antes se llamaban jueces estrella al estilo de Baltasar Garzón, pero en sus antípodas ideológicas. 

El debate lingüístico de saber qué significa exactamente la palabra terrorismo lo han llevado los políticos al límite en Bruselas para que el comisario europeo de Justicia (por cierto, del Grupo Popular), intente que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para renovar de una puñetera vez el conservador y retrógrado Consejo General del Poder Judicial, que ha prorrogado más de cinco años su composición al incumplir el PP el mandato constitucional.

  García Castellón es un juez tan conservador que persiguió a las clínicas abortivas en Valladolid, su ciudad natal conocida como Fachadolid, tras una denuncia de su hermano del Opus y presidente de Provida. Desestimó que declarara un militar condenado por delito de lesa humanidad en la dictadura argentina en unas pesquisas sobre las víctimas españolas en el Chile de Pinochet, ese mismo al que mandó arrestar Baltasar Garzón. Desde el principio de su carrera, Castellón ha sido centro de varias polémicas y cuestionado por la Audiencia Nacional, que lo ha amonestado en diversas ocasiones. 

  Imputó a dirigentes de Podemos basándose en informes falsos como el de Pisa, luego aireados por gángsteres del periodismo como Eduardo Inda, Alfonso Rojo y Jiménez Losantos, y se ha negado a considerar responsable lucrativo al Partido Popular en sus tramas de corrupción. 

  También rechazó que Cospedal se sentase en el banquillo. No le parecieron suficientes los audios en los que la secretaria general del PP pedía a Villarejo que evitara más filtraciones de los papeles de Bárcenas y otros asuntillos con reminiscencias mafiosas. La Audiencia Nacional lo corrigió y le obligó a interrogar a la política pero él lo hizo a su manera, como puro trámite, y siguió en sus trece.

  Eduardo Zaplana e Ignacio González conspiraron para apartar al magistrado Eloy Velasco y nombrar en su lugar al juez favorito del PP. Supongo que sabrá mucho de leyes porque aprobó unas oposiciones a la Judicatura pero de lengua no tiene ni puñetera idea porque confunde terrorismo con desorden público. Como Feijóo y Abascal. Ni siquiera un grave desorden público puede ser confundido con terrorismo. Desgraciadamente en España sabemos mucho de eso.