Las Teresitas

El convenio de 1967 por el que el municipio de Santa Cruz de Tenerife adquiría el frente de playa de Las Teresitas lo conocía la Fiscalía Anticorrupción desde el 2006, año en que presentó la querella ante el Tribunal Superior de Justicia.

En las primeras páginas de ese escrito, el ministerio público lo menciona como uno de los hechos por los que considera penalmente reprobable la actuación de Miguel Zerolo en la compraventa de la playa. También lo conocían los primeros denunciantes, todos miembros, en aquellas fechas, del partido socialista, entre los que se encontraba el actual primer teniente de alcalde de la corporación. Basta leer con detenimiento el primer escrito que presentaron ante el tribunal y comprobar cómo mencionan aquel convenio de 1967, detallando su contenido. Este documento figura además en el sumario de la causa penal, tras haberlo solicitado el Tribunal Superior de Justicia al Ayuntamiento de Santa Cruz.

Aunque el gobierno municipal se ha ganado a pulso el que pocas cosas dejen de sorprendernos, la campaña mediática montada por el alcalde pregonando a los cuatro vientos que ha descubierto un documento relevante para la causa civil y que han informado a la Fiscalía de este hallazgo, me ha provocado vergüenza ajena y un mar de dudas sobre la capacidad de aquellos que se encuentran al frente de los designios locales.

El asunto más preocupante de todo esto es deducir que en la contestación a la demanda del Ayuntamiento a la reclamación de los más de cien millones de euros formulada por Inversiones Las Teresitas no se hace la más mínima mención al convenio de 1967. Por lo tanto, hemos obviado, de manera inexplicable, el que tenía que ser el argumento principal para oponernos a la disparatada petición de Antonio Plasencia e Ignacio González. Además, si este argumento no se incluyó en la contestación demanda ni se aportó el convenio al momento de la contestación, tenemos ahora serias dificultades para incorporarlo a la causa civil, debido a las limitaciones que nos imponen las leyes procesales, por lo que, probablemente, este error garrafal no tendrá remedio.

A pesar del daño que todo esto puede ocasionar para el municipio, el alcalde monta una rueda de prensa pavoneándose de su desconocimiento sobre el alcance de este previsible descalabro judicial.